Es jueves en la tarde. Han pasado más de cuatro días desde los allanamientos masivos en el complejo urbanístico de la Misión Vivienda en Montalbán III, conocido como OP-51. Aún así este continúa siendo el tema central de las conversaciones de los residentes del sector.
De la Policía Nacional Bolivariana solo queda un punto de control en la avenida Teherán, que ya estaba antes de la incursión ejecutada conjuntamente con la Guardia Nacional.
En una plazoleta ubicada en la parte posterior de las edificaciones, los «responsables de piso» discutían y se quejaban, preocupados pues algunos vecinos están murmurando que ellos supuestamente actuaron como «patriotas cooperantes», para orientar la acción de los funcionarios.
«¿Qué sapo ni qué nada? Yo mejor me meto mi lengua en el c…, y me perdona la expresión», afirmó uno de los contertulios. Uno de los objetivos de la redada, inscrita en la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), era el desmantelamiento de la banda liderada por alias «Chivo». Pero, tal y como sucedió durante la toma de la Cota 905, el delincuente y sus lugartenientes eludieron la acción de las autoridades. Ahora, los vecinos temen represalias. En otro lado del bulevar, Dulce Blanco también comentaba lo ocurrido: «A los que debían detener no los detuvieron. En cambio, se llevaron a los extranjeros que están legales». A Yacarit Sánchez se la llevaron los militares junto con su esposo José Castillo de un apartamento en la torre 7. Inicialmente, a ambos los señalaron de «invasores». Pernoctaron sobre una colchoneta en instalaciones de la GNB al fondo del callejón Machado de El Paraíso. Sánchez quedó en libertad al día siguiente. Su tía es la persona que figura como usuaria del inmueble en los registros de Vivienda y Hábitat (allí nadie es propietario). Al comprobar el nexo la dejaron ir. A Castillo, de 21 años de edad, lo presentaron ante tribunales.
Por orden de los funcionarios, nadie pudo entrar ni salir de las diez torres del complejo.
Los militares tocaron la puerta de cada apartamento. Empezaron desde el tope de cada edificación. Para hacer este reportaje se conversó con diez usuarios. Algunos de ellos no quisieron dar sus nombres por temor a represalias. En ningún caso las autoridades mostraron órdenes de allanamiento expedidas por jueces de control.
En una oportunidad amenazaron con tumbar la puerta. Pero en general no se reportó violencia física contra los vecinos.
Los uniformados llevaban en una carpeta registros de Min Vivienda sobre la persona a la que le fue asignado cada apartamento (el «usuario registrado»), así como la identidad de sus acompañantes. Si veían alguna discrepancia, entraban. Si percibían alguna actividad extraña, también lo hacían. A veces, con perros detectores de drogas ilícitas. Así retuvieron a 212 individuos. De ellos 16 quedaron definitivamente presos.
Esta ha sido una constante en las 4 ediciones de la OLP en Caracas hasta el jueves. De las 346 personas que supuestamente quedaron en poder de las autoridades solo 47 fueron presentadas ante los juzgados de control. Esto equivale al 13,5%. Los demás solo contribuyeron a inflar una estadística, convenientemente divulgada por los voceros gubernamentales. Este fue el caso de Yacarit Sánchez.
Esta es una de las razones por las que el criminólogo Keymer Ávila sostiene que las OLP forman parte de una «estrategia electoral», adelantada por el gobierno ante la proximidad de los comicios parlamentarios.
«No va dirigida contra el hampa, sino contra las comunidades más pobres, la base del chavismo originario (…) Esto no se trata de una discusión sobre inseguridad ni sobre política criminal, es un problema político e ideológico que apunta a cuestionar cuál es el modelo de Estado y cuál es la institucionalidad que se está construyendo», afirmó.
Cuando las redadas comenzaron a ser conocidas como OLP, no existía una planificación sobre los lugares que serían abarcados. El 24 de julio, un oficio interno de la Policía Nacional explicó cómo se desarrollarían estas operaciones.
Cada incursión comenzará con una fase de preparación. Eso incluye, entre otras cosas, el contacto con fuentes humanas que residen en cada lugar. En el documento lo denominan «inteligencia social».
La segunda fase, llamada ejecución, comienza en la madrugada del día escogido. Los lugares son cercados por funcionarios, que van a abordar los problemas detectados, ya sean bandas, invasiones, tráfico de drogas o armas, etc.
«Todas las coordinaciones y servicios deben dar a la Sala Situacional información sobre bandas delictivas, para ser procesadas para estrategias y posterior consolidación», señala el documento.
La consolidación es precisamente la tercera fase del proceso correspondiente a las OLP. Fuentes policiales explicaron que esto puede incluir una nueva incursión policial, para atacar problemas detectados sobre la marcha.
La última etapa de las OLP es la «explotación comunicacional» o propaganda de los logros, en términos de número de detenidos y material incautado. También se incluye propaganda con formatos periodísticos en medios oficiales, y campañas abiertas como la emprendida para usar las OLP como medio para levantar la imagen presidencial.
Al respecto, la Policía Nacional mantiene un monitoreo permanente de los medios y de las redes sociales.
Está bien, pero… Dos de los diez residentes entrevistados para este trabajo tenían información de que la operación sería ejecutada en Montalbán III. Pero no tenían certeza del día en que eso ocurriría.
«Ya la gente estaba avisada. Eso se sabía. La gente estaba esperando que en cualquier momento vinieran los guardias», afirmó Diógenes García.
En líneas generales, los habitantes del desarrollo habitacional alabaron la intención de erradicar la delincuencia. Pero sostienen que eso no ocurrirá si las autoridades no tienen presencia permanente en el lugar.
«Esto tiene que ser constante, no solo aquí sino también en el resto de la ciudad», afirmó Raiza Pérez, encargada de un comercio de hortalizas e identificada con el oficialismo.
El criminólogo Freddy Crespo sostuvo que a partir de la redada en la Cota 905, «cualquier cosa que venga del Estado está relacionada con inclinar la intención del voto».
Dijo que en Mérida y en los estados centrales como Carabobo hay la expectativa de que se ejecute alguna OLP. «Al ver que entraron a sectores emblemáticos como la Cota 905 la gente en el interior del país empieza a pedirlo», explicó.
Advirtió, sin embargo, que el problema de la criminalidad en Venezuela se ha agudizado de tal forma que a la postre estas redadas podrían revertirse contra las comunidades donde se ejecutan.
«Puede venir un aumento de la violencia criminal. Esta reacción policial, desorganizada en esencia, generará contrarreacciones más violentas. Puede que los índices bajen durante algunos meses en esos sectores, pero luego repuntarán», señaló.
Razzia en Zulia
El 26 de julio comenzaron los preparativos para extender la OLP al estado Zulia. Los jefes de subdelegaciones de la región recibieron la orden de enviar, a más tardar el domingo 27, una relación de «los sitios donde pueda ser ejecutada la OLP, y los delincuentes que allí operan actualmente». Algo similar deberán hacer los jefes policiales en Falcón y Lara. Los que declaren no conocer bandas en sus jurisdicciones deberán rendir cuenta especial ante la jerarquía policial. (El Nacional, 03.08.2015)
