El Estado debe cesar el terror y garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los funcionarios . Así lo indicó Esperanza Hermida, coordinadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos mejor conocido como Provea. Dijo que aunque han conocido de dos trabajadores que fueron destituidos por razones políticas del Ministerio de Educación y de Corpoelec, se le debe recordar al Estado que tiene la obligación legal y constitucional de no violar derechos humanos fundamentales. No hacerlo significaría caer en discriminación por razones políticas.
Sostuvo que la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley del Estatuto de la Función Pública, entre otros instrumentos, así como la inamovilidad laboral, protegen a los funcionarios. «Debe existir una causal real para destituir a un funcionario, luego se abre un procedimiento para que el trabajador ejerza el derecho a la defensa, viene un lapso probatorio para promover y evacuar pruebas, después se emite el acto administrativo», señaló Hermida.
Condenó la grabación en la que el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, acosó laboralmente a funcionarios por sus preferencias políticas. Informó que el Sindicato Unitario de Empleados y funcionarios públicos de la CVG denunciará al Estado ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación del convenio 111 que resguarda el derecho al empleo. Esta denuncia también será formulada por la Alianza Sindical Independiente, informó su presidente, Carlos Navarro, quien condenó la persecución y denunció una «limpieza partidista” .
Tortura
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo que trabajan en una metodología estricta de verificación de los casos, que implica el análisis in situ. Señaló que sólo se conoce la información publicada en los medios de comunicación luego de la detención de ciudadanos que protestaban en las adyacencias de la sede del CNE en Lara y Carabobo. “Se han denunciado hechos que podrían representar un uso desproporcionado de la fuerza pública, que pondría en riesgo la integridad personal. Se ha señalado que personas detenidas fueron obligados a gritar consignas a favor del Gobierno, lo cual configuraría el delito de tortura psicológica”, sostuvo. Conminó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a verificar los hechos y subrayó que la tortura es un delito de lesa humanidad. (Sofía Nederr, El Nacional, 23.04.14)
