Durante el minuto de silencio en memoria del defensor de los derechos humanos Joe Castillo, su viuda, Yelitza Moreno, cerró los ojos y abrazó al hijo de ambos, Luis César, de 10 años de edad. La mujer y el niño sobrevivieron al atentado que sufrió la familia el 27 de marzo de 2003, pero mantienen el duelo intacto por la impunidad en la cual permanece el crimen.
La necesidad de persistir en la exigencia de justicia, incluso en instancias internacionales si no se logra en los tribunales venezolanos, fue el sentimiento y el compromiso compartido por los asistentes al foro Venezuela: una Agenda Pendiente por los Derechos Humanos, que se realizó en la sede de El Nacional para conmemorar el 64° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, instaló el encuentro convocado por Control Ciudadano, Una Ventana a la Libertad, el Instituto Prensa y Sociedad y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Otero reafirmó el apoyo que ha brindado y seguirá brindando el diario al movimiento de derechos humanos de Venezuela.
Roció San Miguel, de Control Ciudadano, afirmó que 13 años después de la aprobación de la Constitución, la carta magna “sólo se menciona cuando es requerida por el poder a conveniencia y casi nunca reconocida para los ciudadanos o peor aún para las víctimas”.
“La concreción de los derechos humanos sólo puede ser posible si adelantamos sin más demora la tarea de construir, aprobar y ejecutar una agenda de derechos humanos en el país”, agregó.
Violaciones a granel. Carlos Nieto, de Una Ventana a la Libertad, respaldó a San Miguel al mencionar ejemplos de extrema vulnerabilidad de los presos, al tiempo que las autoridades penitenciarias insisten en negar la gravedad de la crisis en las prisiones.
Más evidencias del deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela ofreció Marianela Balbi, de Ipys. Entre el 7 de octubre de 2011 y el 7 de octubre de 2012 se registraron 159 violaciones de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ello, apuntó, constituye un incremento de 57% respecto al año anterior.
Balbi se sumó a la preocupación por la intolerancia gubernamental ante la crítica: “El Estado venezolano se niega a aceptar las 13 recomendaciones que se le formularon en materia de libertad de expresión y derecho a la información, durante el Examen Periódico Universal que se llevó a cabo en la ONU entre 2011 y 2012”.
Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aseguró que, a pesar de la criminalización de la protesta, la exigencia ciudadana de derechos es cada vez mayor. Lo grave, en su opinión, es que el Estado no da respuestas oportunas y eficaces, lo cual aumenta las tensiones.
Acompañamiento. El foro permitió confirmar que, a pesar de las dificultades, los defensores de derechos humanos, los diplomáticos acreditados en el país, los académicos, así como los medios y periodistas independientes se mantienen firmes en el acompañamiento a las víctimas.
Por tal firmeza, el Reconocimiento Joe Castillo se confirió a las embajadas de Canadá, Estados Unidos y Finlandia; a los abogados Pedro Nikken, Héctor Faúndez, Carlos Ayala Corao y Juan Carlos Gutiérrez; a los defensores Ligia Bolívar, Liliana Ortega y José Gregorio Guarenas; a las ONG Comité de Familiares de Víctimas de Lara y Cátedra de la Paz Arnulfo Romero; a los programas televisivos Noticiero Globovisión y 100% Venezuela; y a los periodistas Argenis Martínez, Alicia De La Rosa, Laura Weffer, María Alejandra Monagas, Kellyn Itriago, Juan Pablo Arocha y Edgar López. (Edgar López, El Nacional, 11.12.12)
