Hubo 134 detenidos en la primera Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) practicada el 13 de julio en la Cota 905, en Caracas. Todos estaban esposados, arreados por agentes de seguridad hacia las patrullas. Según Inti Rodríguez, investigador de Provea, solo siete de este grupo de personas capturadas fueron imputadas. “Estas operaciones destacan por las detenciones arbitrarias. Durante el primer mes de las OLP se determinó que 90,8% fueron injustas”, explicó.
Las detenciones arbitrarias son denunciadas en las comunidades intervenidas, pese a que Tarek William Saab, defensor del Pueblo, aseguró el 29 de julio que había propuesto que las aprehensiones no fueran masivas. A juicio de Luis Izquiel, abogado y criminólogo, estas prácticas son discriminatorias. “La OLP criminaliza la pobreza, pues se detiene a todo el que tenga aspecto de pobre, sin importar si es culpable. Esto es contradictorio con el discurso del gobierno, que se jacta de beneficiar a sectores de bajos recursos, pero aplica los planes más represivos contra este sector de la población”, agregó.
Las detenciones no son las únicas irregularidades denunciadas. La confiscación y destrucción de viviendas, los asesinatos en supuestos enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes, los allanamientos sin orden judicial, son algunas de las acusaciones hechas por vecinos de las localidades donde se ejecutan las OLP. “Somos pobres, pero no delincuentes. Todos somos tratados como hampones cuando llega la policía. Pareciera que quisieran acabar con el barrio”, indica LC, vecina de la Cota 905.
Para la arquitecta Teolinda Bolívar, especialista en rehabilitación y reconocimiento de barrios, estas acciones solo empobrecen a los afectados: “Se suele asociar el barrio con pobreza y delincuencia. No todo el que vive en un barrio es delincuente, la mayoría son personas trabajadoras y han construido sus viviendas con mucho esfuerzo. Acabar con sus casas no desaparecerá la pobreza, solo agrava la situación. Estas prácticas son contradictorias de políticas como Misión Barrio Tricolor. Hay que aceptar al barrio, no tumbar ranchos para dejar a familias en las calles o refugios”, dijo.
“Operación limpieza”. El 23 de julio el presidente Nicolás Maduro calificó a la OLP de operación de “limpieza”. Aunque enseguida corrigió el comentario y sustituyó el término por “liberación”, algunos vecinos de la Cota 905 utilizan este calificativo para referirse a la razzia policial en la que murieron 25 presuntos delincuentes de esa comunidad. Para RO, habitante del sector El Plan, se trata de un operativo que intenta “acabar con el hampa a través de la muerte, de una limpieza”.
Los asesinatos de presuntos delincuentes en supuestos enfrentamientos durante las OLP son asunto de debate para las ONG’s dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “Llama la atención que 121 civiles resulten ‘abatidos’ en el marco de estas operaciones y solo haya muerto un policía. Es indiscutiblemente la letalidad de las acciones policiales. Contamos con denuncias de ejecuciones extrajudiciales”, indicó Rodríguez.
Pero el Estado niega cualquier violación de los derechos humanos. Gustavo López González, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, las OLP afirmó a finales de julio, durante la Consulta Pública del Plan Nacional de DDHH, que se respetan las leyes en estos procedimientos. “Allí nunca de los nunca jamases se va a violar ningún derecho humano, porque todo lo que se construye en revolución lleva el sello del respeto de lo humano: primero el hombre”, reseñó el Correo del Orinoco.
Izquiel considera que el alcance de este operativo es limitado: “El principal problema no está precisamente en el barrio, sino en las fallas en los sistemas de justicia, penitenciario y la falta de políticas de prevención del delito”.
El estado de excepción de la OLP
Los pobladores de Brisas del Hipódromo, en Valencia (Carabobo), se han convertido en devotos de la Constitución Nacional. Repiten algunos de sus artículos sin leer el texto y los escriben en cualquier muro. Confían en que se hagan respetar en la comunidad que resultó afectada por una OLP. Luis Izquiel aseguró que estos operativos han sido parecidos a un estado de excepción. “De acuerdo con las denuncias de las víctimas de esta operación, las OLP se ejecutan sin respetar algunos derechos”, afirmó.
Cuando se declara estado de excepción se pueden hacer requisas para apropiarse de bienes muebles e inmuebles sin orden de un tribunal como ha ocurrido en los últimos meses. Se pueden movilizar componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por decisión del Ejecutivo, racionar alimentos de primera necesidad, restringir garantías constitucionales sin limitar los derechos humanos intangibles, entre otras medidas. “En el caso de las OLP se han empleado para capturar a supuestos delincuentes, luchar contra la llamada ‘guerra económica’, desmantelar presuntas células paramilitares, hacer allanamientos sin ordenes judiciales y apropiarse de viviendas por decisión del Ejecutivo. Son operativos con funciones multiusos, no un plan de seguridad ciudadana convencional. Eso lo diferencia de políticas contra la inseguridad, y lo hace más parecido a los escenarios que se pueden presenciar durante un estado de excepción”, agrega Izquiel.(El Nacional, Maolis Castro 19.10.2015)
