El abogado Pedro Nikken considera que Venezuela está en una encrucijada: «Una Asamblea Nacional moribunda está raspando la olla y el Estado quiere ser el único propietario. Quieren apoderarse de las mentes y los espíritus de los venezolanos; quieren silenciar a las universidades, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil y, en general, a todo el que exige los derechos consagrados en la Constitución».
El ex presidente de la CIDH advierte: «Si esta sociedad no se levanta nos van a aplastar a todos: a los más ricos y a los menos ricos, a los más pobres y a los menos pobres. No podemos seguir como si estuviéramos en la isla de la fantasía, cantando aguinaldos y haciendo compras navideñas».
«Es la última oportunidad. Si nos paraliza el miedo o la indiferencia podría pasar hasta una generación para recuperar el país. Pacíficamente, la sociedad se debería levantar y detener a un poder que quiere aplastar a los venezolanos por encima de todos sus derechos».
Nikken fue uno de los voceros de las redes Foro por la Vida y Sinergia que ayer manifestaron su rechazo a la Ley Habilitante porque el presidente Hugo Chávez podría debilitar el ejercicio de derechos humanos mediante una legislación resuelta unilateralmente y sin debate.
En un comunicado público suscrito por 33 ONG se precisa: «Resulta en particular preocupante que de forma global o genérica se entregue al Poder Ejecutivo la regulación de los sistemas de seguridad ciudadana, policial y de protección civil, lo cual incidirá probablemente en el disfrute de derechos humanos».
Ley y no decreto. Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó que la Constitución y los tratados internacionales exigen que la regulación de los derechos humanos se realice mediante una ley formal; es decir, emanada por el Poder Legislativo y en estricto apego a los procedimientos que garantizan la efectiva participación ciudadana.
El ex decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, Jesús María Casal, se hizo eco de los cuestionamientos: se faculta a Chávez para mucho más que atender la emergencia por las lluvias y pretende anular la actuación de 65 diputados de oposición.
Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, afirma que está en riesgo la vigencia del Estado de Derecho: «Es un momento de responsabilidad democrática para la sociedad civil». Aclara que no se trata de llamados insurreccionales ni mucho menos, sino de la promoción de la organización ciudadana y el diálogo.
Los Colegios de Abogados de todos los estados del país también se sumaron a las voces de protesta. «Comunicamos nuestro repudio a la Habilitante para complacer la voluntad del primer mandatario de arrogarse la facultad de legislar a su libre arbitrio despreciando la voluntad de la gente de vivir en un clima democrático de derecho y libertad», dijo Yvett Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, quien insistió que «son nulas las leyes que emanen de un poder que no tiene las competencias establecidas».
La Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA) lamentó las disposiciones que afectarían las libertades públicas y que implicarían un retroceso al proceso democrático.
«Resulta particularmente grave si se considera que los actuales miembros de la AN fueron electos en elecciones no competitivas, mientras los nuevos diputados fueron elegidos con una participación del 66,45% del electorado», advirtió la organización en un comunicado.
La Mesa de la Unidad Democrática se solidarizó con los trabajadores y productores del Sur del Lago de Maracaibo y rechazó que el Gobierno haya propiciado irresponsablemente un grave riesgo de violencia e hizo un llamado al diálogo y la rectificación. «El Presidente debe cesar en su provocación y su abuso de la vocación pacífica del pueblo venezolano», dijo Ramón Guillermo Aveledo. (Edgar López, El Nacional, 21.12.10)
