Una justicia oportuna que incluya la reparación integral de los daños causados por la acción u omisión estatal es la máxima aspiración de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Todas prefieren que sus demandas sean resueltas en los tribunales ordinarios en vez de agotarse en largos y engorrosos procesos ante los organismos internacionales. «Pero en Venezuela el Poder Judicial está en entredicho y las inequidades son escandalosas», advierte Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y menciona una evidencia: «Una de las víctimas de la brutal discriminación que causó la lista Tascón ejerció acciones legales y hace dos años logró el reenganche y el pago de salarios caídos.
Sin embargo, otras tres víctimas, las primeras que acudieron a los tribunales del país, no obtuvieron tutela; en 2006 denunciaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta el presente no han obtenido una respuesta sobre la admisibilidad de la petición».
Carlos Correa, director de Espacio Público, afirma que, a pesar de ser lento y complejo, el sistema interamericano de derechos humanos adquiere un valor inversamente proporcional al deterioro del sistema de administración de justicia venezolano. «Es un sistema al servicio de las víctimas y no de los Estados, de modo que son las víctimas las más perjudicadas por un eventual retiro de Venezuela como lo ha anunciado el presidente Hugo Chávez», reitera.
Tamara Adrián, jurista y coordinadora de Diverlex (organización no gubernamental que defiende la diversidad sexual y de género), recuerda que la amenaza de colocar al país al margen del sistema interamericano de derechos humanos existe desde 2003, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 1.942, que desconoce la prevalencia en el Derecho interno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, en 2008, al desacatar el fallo de la Corte Interamericana por la destitución de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el TSJ instó al Ejecutivo a apartarse del sistema interamericano. «El objetivo es claro: tratar de burlar el escrutinio internacional», afirma Adrián.
Sobre las críticas a la CIDH, cuyo debate se reanuda en la Asamblea General de la OEA que comienza hoy en Cochabamba en medio de controversiales señalamientos del secretario general José Miguel Insulza; Ligia Bolívar, Carlos Correa y Tamara Adrián conversaron con la jefa de la Mesa de Redacción, Aliana González; la jefa de Nación, Ronna Rísquez, y los reporteros Armando Avellaneda y Edgar López.
–¿El anuncio del presidente Chávez tiene que ver con las reformas del sistema interamericano de derechos humanos que impulsan otros países? CC: –Las relaciones entre el Gobierno y la CIDH se han complicado por la impronta de los que han ejercido el cargo de agentes del Estado, hasta llegar a los enfrentamientos persistentes y directos de Germán Saltrón, actual agente, y a las descalificaciones del presidente Chávez. Además, se ensayó la estrategia de minar a la CIDH desde adentro con la designación de los dos últimos comisionados venezolanos: Freddy Gutiérrez y Luz Patricia Mejías. En todo caso, Venezuela es uno de los países que promueven cambios para debilitar el sistema interamericano.
TA: –Luis Britto García que ha estado presente en las últimas audiencias de la Comisión y de la Corte sostiene absurdamente que el sistema interamericano debe proteger la integridad de los Estados por encima de los derechos de las víctimas.
LB: –Los argumentos son muy frágiles. Se acusa a la CIDH de ser un títere de Estados Unidos, de actuar parcializadamente contra Venezuela y de no haber actuado contra violaciones de derechos humanos en la cuarta república. Cabría preguntarle a Luis Britto García y a los que corean críticas por qué ellos no denunciaron ante la CIDH las masacres de Yumare y Cantaura, por ejemplo.
–¿Cuál es el objetivo de solicitarle al Consejo de Estado que analice y presente un informe sobre el retiro de Venezuela de la CIDH? CC: –Yo creo que el objetivo era desviar la atención de la opinión pública. Se trata de una decisión que puede tomar el Ejecutivo unilateralmente, sin consulta.
LB: –Quizás un pote de humo para minimizar el impacto de las revelaciones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte o la enfermedad del Presidente. Es una apuesta por la desmovilización y el desestímulo a la denuncia.
Esto, más que a la coyuntura electoral, obedece a una intención más que clara desde hace mucho tiempo de ejercer el poder hegemónicamente y encubrir los excesos cometidos o las funciones incumplidas por los funcionarios.
TA: –El Gobierno sabe que para salirse de la CIDH tendría que salirse de la Organización de Estados Americanos. Y que, aun así, no quedaría exceptuada del escrutinio internacional de la Comisión, como es el caso de Trinidad y Tobago, que denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo incongruente es que, en paralelo, el Gobierno pretende que Venezuela forme parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
–¿Se pierde la tutela internacional con el eventual retiro de Venezuela de la CIDH?LB: –No. Se podrá seguir acudiendo a la CIDH y al resto de los sistemas de protección de derechos humanos, como el de la ONU.
TA: –No es más costoso interponer una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que ante la CIDH.
CC: –Por el contrario, el anuncio presidencial puede generar un efecto contraproducente. La comunidad internacional puede volcar la mirada hacia Venezuela y preguntarse por qué el Gobierno quiere apartarse del sistema interamericano.
–¿Cómo evalúan el papel del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el debate sobre las reformas del sistema interamericano? LB: –No es la primera vez que un país o un grupo de países quieren ponerle la mano a la CIDH. Durante muchos años México fue la piedra en el zapato. Lo particular de la situación actual es que nunca antes la mano del secretario general figuraba como una mano peluda.
CC: –Insulza acaba de presentar un informe mediante el cual avala los esfuerzos de algunos países, entre ellos Ecuador, con el fin de debilitar las facultades de la CIDH para dictar medidas de protección a las víctimas. No sabemos qué negoció Insulza en su reunión a puerta cerrada con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El año pasado el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, dijo en una sesión del Consejo Permanente que Insulza negoció el voto de Venezuela a favor de su reelección en la Secretaría General de la OEA a cambio de la remoción de Santiago Cantón del cargo de secretario ejecutivo de la CIDH. Insulza no ha explicado suficientemente lo que ha venido haciendo. Y ahora debe rendir cuentas sobre las negociaciones que ha hecho para debilitar a la CIDH.
–¿Cómo imaginan una CIDH con un secretario ejecutivo que obedezca a los gobiernos por encima de los intereses de las víctimas? LB: –Ese es el escenario más preocupante, que, independientemente de lo que se resuelva en la Asamblea General de Cochabamba, se imponga un secretario ejecutivo que coloque trabas.
TA: –El secretario ejecutivo no puede ser una persona identificada con un país o un grupo de países, porque condena el sistema al fracaso.
CC: –Si las autoridades de la CIDH van a hacer cálculos políticos al tomar medidas, los que más pierden son las víctimas. (Edagar López, El Nacional, 03.06.12)
