José Ramón Merentes es politólogo y Roberto Di Giácomo es ingeniero. Ambos tienen 47 años de edad y son pareja. Desde hace dos años Di Giácomo espera que la empresa privada donde trabaja acceda a afiliar a su póliza de seguro a Merentes. La demora ha causado que Merentes, que trabaja por su cuenta, haya tenido que pagar de su bolsillo el costo de la asistencia médica que ha requerido en los últimos meses.
Merentes y Di Giácomo constituyen una de las 3 parejas que ayer acudió a los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas para exigir que un juez reconozca la unión de hecho que mantienen desde hace 16 años, para disfrutar de todos los derechos civiles y económicos que les corresponden de acuerdo con la ley. Rafael Lozada y Giovanni Piermattei e Ysmail Castillo y Vanessa Mini son las otras 2 parejas que tomaron esta iniciativa legal, sin precedentes en Venezuela.
La acción formalizada ayer se sustenta en la Ley Orgánica de Registro Civil, vigente desde el 15 de septiembre de 2009, cuyo artículo 117 establece que las uniones estables de hecho se registrarán mediante manifestación de voluntad, documento auténtico o público o decisión judicial.
La ley se refiere específicamente a la manifestación “efectuada entre un hombre y una mujer”. Sin embargo, las tres parejas que acudieron a los tribunales municipales de Caracas invocaron la sentencia 190 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 28 de febrero de 2008: “Un individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual cuando tal condición implique colocarlo en un plano de desigualdad respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano, es igual frente al resto de los individuos de la colectividad. Así, en su condición de trabajador, en su condición de ciudadano, y, en general, respecto del ejercicio de sus derechos individuales (civiles, políticos, sociales, culturales, educativos y económicos) que le otorga la condición de persona, es, ante la ley, igual al resto de la colectividad”.
La sentencia del máximo tribunal fue la respuesta al recurso de interpretación que había interpuesto Merentes en 2003, en nombre de Unión Afirmativa, una asociación civil que promueve y defiende los derechos de la comunidad venezolana de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (GLBTI).
Los derechos que exige Unión Afirmativa no se limitan a que las parejas del mismo sexo puedan abrazarse y besarse en público o al reclamo de una herencia, cuando alguno de los cónyuges fallece. Piermattei explica que las injusticias derivadas de la discriminación por orientación sexual pueden aumentar los duelos: “Pensemos en una pareja de lesbianas que se unieron cuando una de ellas tenía una hija de 2 años de edad. Ambas criaron a la niña durante diez años. La madre biológica muere y la segunda madre queda sin derechos a continuar con la crianza de la niña huérfana”.
Por el matrimonio
En octubre de 2012, Unión Afirmativa inició una campaña en Facebook, “Estoy a favor del matrimonio igualitario en Venezuela”, y en Twitter –a través de la cuenta @vzla_igualdad–, con el propósito de visibilizar la aspiración de muchas parejas venezolanas del mismo sexo.
En ambas redes sociales se divulgan imágenes de parejas homoafectivas, familias y artistas que muestran carteles a favor del matrimonio igualitario. Pero cualquiera que respalde la propuesta puede enviar su propia imagen y mensaje. Han acumulado casi 17.000 seguidores.
“Es una forma más adecuada de referirnos a lo que se conoce como matrimonio gay, pero, en definitiva, queremos los mismos derechos de los heterosexuales, con los mismos nombres”, indica Giovanni Piermattei.
El objetivo final, explica el activista, es obtener el apoyo suficiente para presentar una propuesta de ley sobre el matrimonio igualitario ante la Asamblea Nacional. “Sabemos que queda mucho trabajo por hacer para alcanzar la meta: que todos tengamos derecho al matrimonio”, expresa. (Edgar López, El Nacional, 15.02.13)
