Marino Alvarado, coordinador general del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos, aseguró que altos directivos de Pdvsa deben establecer un plan integral de rehabilitación para las personas que resultaron afectadas por la explosión del Centro de Refinación de Paraguaná el 25 de agosto.
Reiteró que las personas residentes en las zonas afectadas por la pérdida de su vivienda deben ser indemnizadas, no sólo con la reparación sino también con el apoyo moral del personal especializado en este tipo de tragedias.
“Las personas tienen el derecho no sólo a una atención de emergencia, sino a un tratamiento completo, inclusive el psicológico. Esa atención debe abarcar los gastos de medicinas y cualquier proceso de rehabilitación que requieran”, expresó.
Afirmó que los comerciantes también tienen el derecho a que se les indemnice y no sólo a los que perdieron sus negocios, sino a los clientes que dejaron de beneficiarse de estos establecimientos por un tiempo considerable.
“Los trabajadores de empresas privadas y pequeños negocios que perdieron sus empleos también deben ser atendidos. El Gobierno debería otorgarles oportunidades inmediatas de empleo y pagar las prestaciones sociales del personal a los comerciantes que no pueden asumirlos”, aseguró.
La FAN también precisa asistencia
Aunque ya se había hecho un tipo de indemnización cuando los integrantes de la Fuerza Armada que fallecieron el 25 de agosto fueron ascendidos post mórtem, Alvarado afirmó que no resulta suficiente pues el Estado, como único ente dueño de las acciones, debe indemnizar a los familiares e hijos de los funcionarios.
“Pdvsa debe asumir su responsabilidad con los hijos de los fallecidos y planificar con el Ministerio de Educación la reubicación de estos niños en planteles cercanos a sus nuevas viviendas”, manifestó.
Recordó que el Tribunal Supremo de Justicia había establecido que independientemente de que la actividad de la Administración fuera lícita o ilícita, si ésta causó un daño a un administrado, la administración debe responder y que por ende el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas, así como de adoptar las medidas necesarias para prevenir un hecho similar en cualquiera de las sedes de la industria petrolera. (David Matos, El Nacional, 19.09.12)
