En reiteradas oportunidades el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó información sobre el desarrollo del proyecto de viviendas Petrocasas, sin que el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MPPENPET) cumpla con su obligación Constitucional de dar respuesta adecuada y oportuna.
En efecto, la organización solicitó al referido ministerio un “estudio oficial sobre las especificaciones técnicas: Química (composición química que incluya aditivos y sus porcentajes y proporciones) y Mecánica (propiedades mecánicas y físicas)” en vista de las dudas que surgieron sobre los posibles efectos negativos en el ambiente y a la salud de las personas que habiten las Petrocasas.
En en virtud de la desatención del ministerio, Provea interpuso el 10.02.09, recurso de abstención o carencia ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El 17.11.09 la dependencia del TSJ ordenó al MPPENPET “que deben comparecer (…) dentro del lapso de diez (10) días de despacho, siguientes a la fecha de publicación de este cartel, a fin que se den por citados en el referido juicio”. Además de conminar al principal representante del Ministerio para que de contestación a la demanda de Provea, la Sala Político Administrativo, llama a todas las personas, naturales o jurídicas, interesadas o que puedan resultar afectadas ante la posible toxicidad de la descomposición de los materiales de construcción.
Otro tema de preocupación para Provea es la adecuación cultural y el lugar (como componentes fundamentales del derecho) de estas viviendas por lo cual, se pide información sobre aquellos planes y proyectos y su ubicación geográfica, además, sí formarían parte del “sistema oficial de construcción en la nueva misión Villanueva u otro plan de Estado para solventar el déficit habitacional”.
El mandamiento de la Sala Político Administrativa del TSJ para que el ministerio despeje las peticiones de Provea constituye una muestra de un mecanismo para la exigibilidad de los derechos en el monitoreo de políticas públicas. Desde la organización, se hace un llamado a todas y todos los/as ciudadanos/as que desarrollen trabajos en el área del derecho a la salud, vivienda y ambiente sano para que se adhieran a la demanda y acompañen este proceso de exigibilidad para que el MPPENPET someta al escrutinio público los informes oficiales, evaluaciones y cualquier estudio realizado sobre la toxicidad de los componentes y su posible afectación a la salud y medio ambiente.
Todas aquellas personas o instituciones que estén interesados en sumarse a la acción judicial pueden contactar a Provea por los teléfonos (212) 8606669 y 8625333 o por los correos electrónicos [email protected] o [email protected]
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