Dedicarse en estos momentos a la vigilancia, defensa y promoción de derechos fundamentales como la vida, la educación, la salud, el trabajo o la libertad de expresión en Venezuela supone todo un riesgo.
Al menos esto es lo que se desprende del II Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en las Américas, que este año publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el cual ubicó al país, junto a Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, entre aquellos donde la situación es «preocupante».
En el documento, de 252 páginas, el organismo se mostró alarmado por las cifras de defensores, sindicalistas, dirigentes campesinos y periodistas asesinados que ha recibido. La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo el informó que entre 2007 y 2010 97 personas que se dedicaron a promover las garantías fundamentales perdieron su vida de manera violenta y por su labor.
Y aunque saludó el compromiso asumido por distintos funcionarios para castigar estos hechos y evitar que se repitan, expresó su preocupación porque estas palabras no se hayan materializado en hechos.
«El hecho de que en algunos Estados las fuentes de las agresiones no sean agentes del Estado, no obsta para que el Estado incumpla con sus obligaciones de protección a la vida e integridad personal de los líderes sindicales», afirmó, al tiempo que agregó en referencia a Venezuela: «Las muertes de muchos sindicalistas tienen como patrón común que serían cometidas por sicarios y existen retardos en las investigaciones adelantadas por parte de las autoridades».
Las muertes del miembro de la Vicaría de Machiques, Joe Castillo; y de Mijaíl Martínez, del Comité de Víctimas de Lara, ocurridos en 2003 y 2009, siguen sin castigo.
Asimismo la CIDH, en su informe, condenó que representantes gubernamentales insistan en atacar a activistas, tal y como le ocurrió en 2011 al director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, a quien el ministro del Interior, Tareck El Aissami, acusó de organizar huelgas en las cárceles para beneficiarse económicamente. A las horas de estos señalamientos Prado fue amenazado de muerte.
A cumplir lo firmado
En su reporte la Comisión también reiteró su preocupación por la actitud de rebeldía que las autoridades nacionales han asumido frente a ella y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por ello le recordó que «es su deber cumplir con las obligaciones internacionales de Derechos Humanos que libremente asumió».
Venezuela se ha negado a cumplir las medidas cautelares de la CIDH, órdenes que el organismo le gira a los distintos países para asegurarse que actúen para evitar que una potencial víctima termine siéndola una; así como las sentencias de la Corte, en las cuales figuran recomendaciones para evitar que nuevas violaciones a los Derechos Humanos se repitan. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 05.09.12)
