A pesar de lo contradictorio que para Espacio Público resulta el ingreso de Venezuela a la Comisión de los Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tal decisión puede ser aprovechada por las organizaciones y ciudadanos, quienes pueden, desde ahora, aprovechar los mecanismos que ofrece de amparo y vigilancia en esta materia.
Así lo considera Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos, para quien la sensación de «orfandad» que puede haber ocasionado la separación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, podría resultar contrarrestada por la presencia de Venezuela en esta comisión. De hecho, estima que «el sistema de Naciones Unidas se va a sentir mucho más comprometido en la supervisión sobre la realidad venezolana», luego de que Venezuela decidiera abandonar la Convención IDH.
«Es positivo que Venezuela esté allí, pero es positivo para exigirle a Venezuela que efectivamente cumpla con los compromisos en el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos; esa es la herramienta que hay que utilizar y que hay que promover», opinó.
Para hacer uso efectivo de esta incorporación, Correa especificó que existen mecanismos como el examen periódico y los diferentes comités que se pueden requerir para fijar la atención sobre los problemas y las soluciones que se están construyendo en el país.
«Venezuela ha sido usuario del sistema Interamericano de DDHH, es decir, las organizaciones venezolanas desde el Amparo, han utilizado esta instancia», agregó, al tiempo que insistió en la importancia de estar «atento» ante este ingreso, conocer lo que ofrece y utilizarlo.
Ingreso cuestionado
Más allá del provecho que los defensores de Derechos Humanos puedan sacar de la incorporación, para Correa, quien también es profesor investigador del centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), hay elementos inconsistentes en esta decisión. El primero, comentó, surge ante el deseo de que los países que formen parte de la Comisión «sean aquellos que tengan mayor autoridad por la vía de los hechos y moral para impulsar el tema de los DDHH».
«Ese es uno de los temas de la diplomacia: muchas veces se negocian votos en Naciones Unidas por conveniencia. Hacen que algunos temas sean sujetos a transacciones diplomáticas y eso no es lo más conveniente a la hora de hacer un monitoreo sobre los hechos realmente graves en el campo de Derechos Humanos», explicó Correa, y aunque considera que todas las naciones incurren en violaciones a los derechos fundamentales, establece que la deuda nacional con la violencia carcelaria, el problema de inseguridad ciudadana, y la falta de independencia del poder Judicial, «son problemas mucho más duros y complejos».
En este sentido, afirma que el país «no ha estado a la altura» de pertenecer a la instancia multilateral, pues recuerda que ha rechazado «un bueno número» de recomendaciones que han hecho otros Estados del bloque relacionadas a la libertad de expresión o al tema judicial. Eso, prosiguió, aparte de que «hay una juez (Maria de Lourdes Afiuni) que está detenida por seguir las recomendaciones de un comité de la Naciones Unidas, que es el comité de Detenciones Arbitrarias, o que otra sugerencia o recomendación del comité no se esté cumpliendo en el caso de Econoinvest».
La denuncia de la Convención Interamericana, el impedimento que ha puesto el país para la visita de relatores del propio sistema de DDHH de la ONU, así como el retraso en la presentación regular de informes de cumplimiento de las diferentes convenciones ante esta instancia, son deudas adicionales que Venezuela tiene con la Comisión, según Correa.
Una instancia política
Por otra parte, el director ejecutivo de Espacio Publico resaltó la importancia del número de votos que obtuvo Venezuela (154) respecto a los otros países escogidos en la región, Argentina (176) y Brasil (184). Para él evidencia la abstención de varias naciones, y concluye al respecto que «algunos países están teniendo observaciones, y por lo tanto, no votaron».
No obstante, Correa expuso lo que a su juicio es la crítica más grande a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, atribuida a las contradicciones que en su seno han surgido. «Ha habido declaraciones del secretario general donde se ha manifestado inconformes con su actuación porque han hecho determinado número de resoluciones en relación a unos casos y de otros, no han dicho nada».
Para el especialista la causa de que esto ocurra puede atribuirse al carácter político que tiene la instancia, pues a quienes representan los comisionados son a las instancias políticas y gubernamentales de sus países. En contrapeso, refirió nuevamente a la CIDH, explicando que los representantes de este organismo actúan de manera independiente a sus estados y no pueden revisar los asuntos propios. (María Fernanda Espinoza, El Universal, 13.11.12)
