Sospechas. Eso es lo que genera en el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, la decisión del Gobierno de formalizar el proceso para retirar a Venezuela del tribunal continental esta semana, a menos de un mes para que se celebren las elecciones del 7 de octubre.
«Llama la atención que tras meses amenazando el Ejecutivo formalice la denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos en este momento, en plena campaña electoral, pareciera que se están preparando para desconocer los resultados de las elecciones», afirmó el también Presidente de la Comisión Internacional de Juristas, quien agregó: «El Gobierno está buscando nichos de impunidad para violar los Derechos Humanos y al tener un Ministerio Público y un Poder Judicial dóciles las víctimas están en un situación de mayor riesgo».
Nikken no descartó que las autoridades crean que con esta decisión consigan que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) se inhiban de interesarse por lo que pueda ocurrir en el país en el futuro cercano.
«Venezuela quiere deshacerse de la supervisión y protección internacional de los Derechos Humanos», dijo, aunque aclaró que esto no ocurrirá porque la Corte, aún cuando Venezuela se retire de ella en septiembre de 2013, podrá seguir conociendo denuncias contra el Estado cometidas durante la vigencia de llamado Pacto de San José; y además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá recibiendo denuncias.
El jurista lamentó que el mandatario haya seguido los pasos del expresidente peruano Alberto Fujimori e incluso lo haya superado. «Chávez fue más allá que Fujimori, quien quiso desconocer la competencia de la Corte, pero no denunció la Convención, por lo que seguramente será juzgado internacionalmente con más dureza», agregó.
Preocupación y alarma
En el seno del movimiento de Derechos Humanos la decisión ha sentado muy mal.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, instó al Jefe del Estado a dar marcha atrás no sin antes alertar que de continuar terminará afectando a los más débiles. «Los más pobres, quienes no encuentran justicia en el país, son quienes usan el sistema interamericano, el cual es un espacio que salva vidas».
En similares términos se pronunció Liliana Ortega, directora de Cofavic, quien recordó que gracias a la Comisión y la Corte «los casos de los humildes pescadores de El Amparo (1988), las víctimas de las desapariciones forzadas de Vargas (1999), de los obreros y trabajadores informales del Caracazo (1989) o de los presos del Retén de Catia (1992) no cayeron en el olvido».
Por último, el coordinador del Provea, Marino Alvarado, alertó que esta decisión podría reabrir el debate entorno al polémico ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), pues «la Convención es parte del ordenamiento jurídico del bloque y ahora queremos desconocerlo». (Juan Francisco Alonso, El Universal, 13.09.12)
