La corrupción deja a los venezolanos en la calle. En la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Nacional, el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, señaló ayer que la edificación de viviendas resultó afectada por los malos manejos de la administración pública según informó el diario El Universal.

«En el tema de las viviendas, la Contraloría ha comprobado bajo porcentaje de ejecución física de las obras, ostensibles fallas de calidad y construcciones paralizadas», declaró Russián frente a los diputados.

Acto seguido, el funcionario llamó la atención sobre «la paralización indefinida de obras, bien porque no se previeron recursos o porque un nuevo gerente o directivo público tenga una opinión distinta al anterior, frustrándose de esa manera las expectativas populares». En ese limbo se hallan hospitales, instalaciones educativas y sistemas viales, reconoció.

Guiso descompuesto

Russián se refirió a las más de 150 mil toneladas de alimentos importados por el Gobierno de Hugo Chávez y que terminaron perdiéndose. «Aunque le correspondía a la empresa Mercados de Alimentos (Mercal) y a la Corporación para el Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), realizar las proyectadas adquisiciones de alimentos, fueron finalmente la empresa Bariven y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), sin atender a criterios estrictamente legales y técnicos, las entidades que ejecutaron esas operaciones», resaltó el contralor.

En el marco de esta averiguación, informó a los legisladores que su despacho «ha notificado a 25 personas» por su presunta responsabilidad en la descomposición de la comida.

Por este mismo hecho la Fiscalía General de la República acusó a tres personas y solicitó dos órdenes de captura. Hasta el momento, la fiscal Luisa Ortega Díaz no ha notificado sobre nuevas actuaciones.

Durante 2010 Russián sancionó a 269 ciudadanos: 199 fueron inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, 64 suspendidos del desempeño del cargo sin goce de sueldo y seis resultaron destituidos.

Igualmente, en los pasados 365 días el contralor realizó 745 actuaciones (entre auditorías, exámenes de cuentas, evaluaciones de gestión, etc.) y solo remitió a Fiscalía 11 expedientes.

Lupa a las universidades

Russián se acordó de las universidades autónomas. «Las universidades no llevan ni rinden las cuentas. En particular en las universidades Central de Venezuela, del Zulia, Pedagógica Libertador y Simón Bolívar, nuestros auditores han constatado, entre otras situaciones: órdenes de pago sin soportes documentales; tramitación extemporánea de modificaciones presupuestarias; y en el caso concreto de la UCV y la UPEL, el mantenimiento de recursos financieros inmovilizados en cuentas bancarias», enumeró el contralor, que también acusó a las casas de estudio de incurrir en prácticas irregulares en el pago de su nómina. (Pedro Pablo Peñaloza, El Universal, 30.03.11)

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