Derecho de libre expresión
La Reformaa la Leyde Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2010 añadió a los Medios Electrónicos en su campo de regulación, donde prohíbe la difusión de mensajes que “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”. Los proveedores también son responsabilizados y objeto de sanciones por no limitar el acceso de la población a estos mensajes. Sinergia26.
El Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar implican regresión en las garantías del derecho a la libertad de expresión e información, ratifican y profundizan el desacato o vilipendio contra funcionarios, aumentan la discrecionalidad de jueces para decidir si una conducta o expresión encuadra en el tipo penal respectivo y discriminan al diferenciar al funcionario respecto de la persona, limitando el escrutinio de la gestión pública.
Y es que, el Código Orgánico de Justicia Militar establece en su artículo 505 “Incurrirá en pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”. CDH/UCAB23, Espacio Público24 y Transparencia Venezuela25.
Las recomendaciones al Estado venezolano son: Modificar el Código Penal y Código de Justicia Militar, eliminando así las figuras de desacato o vilipendio.
Reformarla Leyde Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conforme a los parámetros establecidos por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
Criminalización de la protesta pacífica
La política de Estado de criminalizar la protesta se refleja en la creación de un marco jurídico que restringe los derechos a la huelga y a la manifestación imponiendo penas de prisión. Entre las leyes aplicadas se encuentran: la Ley Orgánicade Seguridad de la Nación, la Leypara la Defensade las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la Ley Especialde Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos o Productos Sometidos al Control de Precios. Provea28.
Más de 2.400 personas están sometidas a procesos penales por haber participado en protestas públicas. Éstas se encuentran con medidas sustitutivas de libertad y obligadas a no hablar sobre sus casos, a no participar en otras manifestaciones públicas y a presentarse periódicamente ante los tribunales. Provea27.
Las recomendaciones al Estado venezolano son: Abstenerse de utilizar la fuerza pública y procedimientos judiciales para criminalizar a personas que participan en protestas.
Revisar las leyes que prohíben, restringen y tipifican como delito el derecho a la protesta por métodos pacíficos.
Derecho de acceso a información
En 2010, por Decreto Presidencial, se creó el Centro de Estudio Situacional dela Nación(CESNA), cuyo artículo 9 faculta a su Presidente a declarar la reserva, clasificación o divulgación limitada de cualquier información de “instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional para proteger los intereses y objetivos vitales dela Nación”, sin establecer en cuáles circunstancias el funcionario puede hacerlo.
De 157 solicitudes de información presentadas a 50 instituciones públicas en el año 2008, más del 70% se negó a suministrarlas o aplicó silencio administrativo. Sólo el 10% de las respuestas obtenidas fueron adecuadas29. CDH/UCAB30, Espacio Público31 y Transparencia Venezuela32.
La Leyde Contraloría Social, aprobada en 2010, obliga a un “uso correcto” de la información y documentación obtenida por ciudadanos y organizaciones que ejerzan funciones de contraloría social. Estas funciones son vigilar, supervisar, seguir y controlar a órganos públicos, sector privado y organizaciones que presten servicios de carácter público o privado cuyas actividades sean de interés social, para prevenir o corregir conductas y acciones contrarias a los intereses colectivos. Dicha información deberá ser notificada a los órganos competentes para comprobar la presunta infracción, irregularidad o inacción. La ley prohíbe que las organizaciones que desempeñen funciones de contraloría social obtengan beneficio económico por estas labores. Sinergia33.
Las recomendaciones al Estado venezolano son: Implementar leyes y mecanismos administrativos y judiciales para que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y efectiva a la información pública y abstenerse de usar leyes que restrinjan el acceso a la información pública.
Desarrollar una ley y política pública que garantice de manera oportuna y efectiva el acceso a la información pública.
Someter a revisión y a una amplia y plural consulta públicala Leyde Contraloría Social y eliminar cualquier disposición que no garantice el acceso a la información procedente de actividades de contraloría social y el ejercicio de estas actividades en forma independiente.
Violencia política
La polarización y la violencia políticas han generado un número importante de víctimas, y se observa desde el Estado y sectores de la oposición la promoción de dicha violencia para dirimir conflictos sociales y políticos. Paz Activa34.
Desde medios oficiales y en pronunciamientos públicos, altos funcionarios mantienen un discurso polarizador que contribuye a generar situaciones de hostilidad e intolerancia en contra de personas vinculadas a medios críticos de la gestión gubernamental. Conapro35.
Las recomendaciones al Estado venezolano son: Promover la convivencia social y política, establecer relaciones positivas y de cooperación con las facciones y partidos opositores y promover los principios de libre asociación y participación social y política.
Abrir canales de comunicación e interlocución con Organizaciones dela SociedadCivilpara hacer realidad la plena vigencia de los DDHH y libertades democráticas.
Ataques contra periodistas y medios de comunicación social
Entre 2006 y 2010 se registraron 89 oportunidades en las que el discurso de funcionarios de alta investidura rebasó los límites de la crítica legítima a medios y periodistas, interpretados por partidarios del gobierno como una autorización para realizar hechos de violencia y obstaculizar la labor periodística. Ante estos hechos las autoridades nacionales han adoptado conductas de omisión.
En 2010 se registraron 211 ataques y agresiones a periodistas y medios, por terceros particulares, en su mayoría presuntos simpatizantes del Gobierno Nacional. El patrón generalizado de estos hechos es la ausencia de investigaciones y la impunidad.
8 periodistas fueron asesinados entre 2006 y 2010. Sólo en algunos de estos casos se concluyó la investigación y se aplicó justicia a los autores. Conapro36.
Las recomendaciones al Estado venezolano son: Los altos funcionarios deben abstenerse de realizar discursos y pronunciamientos que tengan un efecto intimidatorio sobre el ejercicio profesional de los periodistas y demás trabajadores que laboran en los medios de comunicación.
Establecer mecanismos para una investigación y sanción adecuada para los responsables de las agresiones a periodistas y ataques contra medios de comunicación.
Actos de violencia contra estudiantes y organizaciones estudiantiles y juveniles
Desde 2008 han ocurrido numerosos actos violentos e intimidatorios en contra de organizaciones estudiantiles y juveniles críticas a la gestión gubernamental, generando serios impedimentos para la libertad de expresión del sector universitario. Representantes estatales y principalmente el Presidente han alentado la realización de estos actos de violencia con discursos de odio social. CDH/FCU37.
Las recomendaciones al Estado venezolano son: Investigar y sancionar a quienes atenten contra la vida e integridad física de los integrantes del movimiento estudiantil en todo el país.
Crear un comité gubernamental que investigue los casos de agresión registrados por organismos públicos y reciba denuncias formales en materia de violación de DDHH estudiantiles.
«Contactos de las organizaciones que realizaron estos informes:
Sinergia: +58-212-242.01.01/241.15.59/Fax: 243.91.33 [email protected] @acsinergia http://www.sinergia.org.ve/
Espacio Público: Teléfono +58-212-541.81.22/Fax +58-212-541.70.02 @espaciopublico http://espaciopublico.org/
Transparencia Venezuela: +58-212-576.08.63/573.31.34 [email protected]/[email protected] @transparenciav http://www.transparencia.org.ve/
Provea: +58-212-862.10.11/862.53.33/860.66.69 @_provea https://archivo.provea.org/
Paz Activa: +58-412-379.53.78/265.73.16 [email protected] [email protected] @pazactiva http://pazactiva.org.ve/
Conapro (Comisión nacional de protección de los periodistas): +58-212-793.77.48 [email protected] [email protected] @CNPCaracas http://www.cnpven.org/seccion.php?link=5
CDH UCAB: +58-212-407.44.34/407.45.26 [email protected] @CDH_UCAB http://www.ucab.edu.ve/cddhh.html
CDH FCU: [email protected] @FCU_UCV http://www.fcuucv.org/«
