H a pisado tanto el terreno fratricida de la guerra en El Salvador y
Burundi como los salones académicos de América Latina y los pasillos
diplomáticos de las Naciones Unidas. Por eso conoce la distancia que
hay entre una fosa común y un informe internacional sobre la vigencia
del Estado de Derecho en un país.
«El concepto de derechos humanos fue la fórmula que encontró el hombre
para luchar contra la opresión. Eso es lo que tenemos los venezolanos
por delante, la opresión del odio y de este campo de batalla en que
nos hemos convertido. Debemos pasar la página de este largo episodio
de división, y aprovechar lo bueno».
–¿De qué se trata esta Comisión Internacional de Juristas de la que
fue designado presidente esta semana? ¿Qué resultados tiene su
trabajo? –El resultado del trabajo es altamente apreciado. Un ejemplo
fue un informe sobre terrorismo y abusos que se cometen en nombre de
esa lucha, que fue escuchado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Incluso George W. Bush se ha manifestado en contra de los abusos del
gobierno. La comisión tiene acceso a los órganos más prestigiosos de
la comunidad internacional, de la ONU, y asiste a procesos judiciales
como observadora. Tiene presencia en África y Asia.
–¿En América Latina han metido la lupa? Sobre Venezuela la comisión
presentó un pliego en el caso de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo y también ha acudido ante la Corte Interamericana para
presentar informes sobre otros países. En estos momentos tenemos un
bache en América Latina porque la persona encargada ya no está.
América Latina no ha sido prioritaria para la comisión.
–¿Por qué? Porque con la caída de las dictaduras en la región se
veía un progreso sistemático en el tema del Estado de Derecho y la
independencia de los jueces.
–¿Cómo es que para estos grandes organismos la posibilidad de
intervención se reduce a situaciones de grandes genocidios, mientras
la vulneración de los derechos humanos en América Latina queda sin
asistencia? –La comisión ha tenido varias intervenciones sobre
Venezuela. El caso de la jueza Afiuni ha llamado la atención.
Así como de la comunidad de derechos humanos de la ONU, el grupo de
trabajo sobre detenciones arbitrarias dio una declaración muy firme,
cuando dijo que la actuación contra la jueza Afiuni era quizás el más
grande ultraje que habían recibido los órganos de derechos humanos de
la ONU en su historia. La situación de derechos humanos en América
Latina va a ser objeto de observación en algún momento, pero ni yo
quiero ni es posible venezolanizar la presidencia de la comisión. Debo
actuar sobre la base de un mandato universal.
–Estamos oyendo a un Pedro Nikken que no parece tan preocupado como
el que declaró, previamente a las elecciones del 26-S: «Si la
ciudadanía no se levanta, el régimen nos aplastará a todos».
Esa fue una apreciación del Nikken preocupado por los derechos
humanos en Venezuela, no un juicio político.
De Venezuela me preocupan dos temas. Uno es de fondo: el régimen de
gobierno que sale del paquete de leyes que en diciembre se aprobó en
torno a la Ley Orgánica del Poder Popular contiene un modelo
completamente inaceptable para quien quiera vivir en democracia. Las
organizaciones que pueden tener vida legal son sólo las que se
inscriban en el ministerio del ramo y estén comprometidas con el
proyecto socialista. Eso es politizar y estatizar la sociedad civil.
Asimismo, las votaciones se plantean no en secreto sino en asamblea,
en un modelo colectivista destinado a que nadie pueda disentir porque
lo están vigilando. El otro problema es la contraloría comunal, que en
el fondo es la ley sapo que pondrá a la gente a espiarse entre sí en
su comunidad.
–¿Cómo denomina este tipo de gobierno? El socialismo del siglo XXI
es el estalinismo del siglo XX.
Ya no es como las dictaduras militares en las cuales quienes no se
metían en política no les sucedía nada. Aquí todo el mundo tiene que
meterse en política para contribuir con el proyecto socialista. El
presidente Hugo Chávez tuvo en mente eso en 2007, sabía que no podía
implementarse con la Constitución de 1999.
Entonces llevó el socialismo a referéndum, la nueva geografía del
poder y la propiedad social. Y el pueblo dijo que no. El Gobierno
nacional se ha puesto al margen de la Constitución.
–Pero por otra vía se están imponiendo esas leyes…
Eso es un fraude y una burla.
Eso es un robo a la voluntad popular legítimamente manifestada y
lamentablemente la sociedad no ha reaccionado contra esto.
–¿Por qué? ¿No se entiende el alcance de estas leyes o no importa?
Encuestas flash de este mes revelan que 70% de la gente no sabe qué
ocurrió en diciembre. Un grupo de gente se reunió en un cuarto
cerrado, conspiró y se confabuló.
Sacó un paquete de leyes y se lo presentó a la Asamblea para que la
aprobara sin discusión. Si eso no es un golpe de Estado, ¿qué lo es? —
¿Para qué quedan entonces los instrumentos de vigilancia que tienen
los organismos internacionales como la Carta Democrática? No creo que
porque la Carta Democrática se viole y no se aplique es mala. Por lo
menos sabemos que se está violando.
Y eso lo sabe mucha gente.
En materia de protección colectiva de la democracia y de los derechos
humanos hay un problema: los gobiernos no se quieren controlar. Hay
una relación de complicidades que se protegen recíprocamente en todos
los organismos internacionales. Los únicos mecanismos de protección a
los abusos de poder que funcionan internacionalmente son aquellos
dirigidos por gente que actúa a título personal y de manera
independiente, como las instituciones de la ONU.
–Si esa fuera la opción, estamos fregados porque se ha desconocido el
sistema interamericano y el TSJ ha sugerido al Ejecutivo que denuncie
la convención.
Eso es verdad. La historia de la Convención de los Derechos Humanos
está llena de casos de gobiernos abusadores que no cumplieron.
El general Pinochet se burló al decir que no le hablaran de derechos
humanos sino de humanos derechos. Fujimori también trató de salirse
del sistema. Pero los derechos humanos salen como los muertos. Hay que
aguantar leña durante mucho tiempo, pero la defensa de los derechos
humanos y de la democracia es la causa justa que termina imponiéndose.
–¿Qué más falta para que se desmadre el país? –Faltan muchas cosas.
No hay nada que no pueda empeorar Cuando se empiecen a aplicar las
leyes que se aprobaron en diciembre van a ocurrir cosas. Esta es una
sociedad que claramente se ha expresado en contra de un modelo
totalitario.
–El modelo carismático de Chávez parece difícil de romper en una
sociedad con estructuras familiares débiles, fácilmente encantadas por
quien le pase la mano.
–La sociedad tendrá que aprender y abandonar el discurso polarizante,
y en eso los medios tienen una gran responsabilidad. Tenemos que
aprender a comunicarnos entre estas dos Venezuela que existen hoy. Ese
es el más grande desafío a futuro.
Es fundamental no negar el derecho de los más débiles a disfrutar los
bienes sociales plenamente.
Fuente: El Nacional 30.01.2011
