La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 156º período de sesiones de audiencias, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de expresión en el país. El comisionado Felipe González, quien es además relator para Venezuela y Estados Unidos, indicó que el Estado no se ha hecho cargo de las observaciones sobre el derecho a la información pública y agregó que «es importante que Venezuela cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Radio Caracas Televisión”.
Tras las críticas de los representantes del Estado acerca de la actuación de la CIDH, el comisionado Paulo Vannuchi indicó que las acusaciones contra la instancia “no tienen fundamento” e invitó a revisar el informe sobre Guantánamo para que se verifique el trabajo que hacen. “El Estado venezolano tiene una visión mal informada y falsa de nuestro trabajo”, aclaró.
El Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Transparencia Venezuela llevaron informes con documentación sobre las violaciones a la libertad de expresión, las cuales persisten y configuran una situación de hostilidad sistemática para las voces críticas e independientes. “Desde enero y hasta septiembre de 2015 registramos un total de 205 denuncias de violaciones a este derecho. El hostigamiento verbal (52), la intimidación (50), la censura (36) y las agresiones (27) constituyeron los principales patrones de violaciones”, señalaron desde Washington.
Los representantes de la sociedad civil recordaron que el Estado niega información de interés público y no publica las estadísticas macroeconómicas del país, memorias y cuentas de instituciones públicas, presupuestos, información sobre la escasez de medicinas y alimentos, balances del El Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (FONDEN), información sobre el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, e información sobre bloqueos a Internet.
Con respecto a las restricciones indirectas indicaron que persiste una serie de prácticas institucionales-burocráticas que limitan el funcionamiento regular de los medios de comunicación, afectando así el derecho de la sociedad a estar informada. “Persisten los obstáculos para la compra de papel e insumos para prensa. La venta de papel es monopolizada por la Corporación Maneiro, la cual vende a libre discreción con serias restricciones para medios críticos al Gobierno. Tampoco entregan divisas para compra de insumos como planchas y tinta, los cuales deben ser comprados a un precio 66 veces superior al establecido oficialmente. Esto ha causado la reducción del formato de al menos 10 impresos regionales en los últimos dos años. Además, más de 300 emisoras de radio esperan respuesta por parte de Conatel respecto a la concesión del espectro radioeléctrico”, expusieron en la audiencia.
Las organizaciones recordaron que hay falta de pluralidad y diversidad, pues cada vez existen menos espacios para la crítica y la divulgación de informaciones contrarias al gobierno nacional. Los medios públicos mantienen una perspectiva completamente politizada al servicio del partido de Gobierno, se abstienen de transmitir informaciones críticas, opiniones de miembros de partidos opositores, cubren de forma parcial los hechos y promueven únicamente la ideología partidista del Gobierno. Los medios privados cada vez son más censurados e intimidados por el Gobierno, y como consecuencia de esto se inhiben con regularidad de dar espacio a la crítica.
Mostraron los casos de las agresiones a los reporteros en ejercicio de sus labores como el caso de Beatriz Lara y Alejandro Parada, periodista y fotógrafo del diario El Aragueño, quienes fueron detenidos arbitrariamente y agredidos física y sexualmente por miembros del CICPC y el de Alejandro Ledo, Elena Santinés y Pedro Torres, fotógrafo y periodistas de la Alcaldía de Mario Briceño Iragorri, quienes fueron agredidos y lanzados desde un edificio los dos primeros al cubrir una protesta en la Alcaldía.
Por último recordaron que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mantiene hostigamiento en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación en su programa televisivo, que es transmitido por el Venezolana de Televisión, el canal del Estado. “Estas acciones intimidan la labor realizada por estas personas y mantiene persistentes amenazas contra su vida e integridad”, comentaron durante la intervención.
Habla el Estado
Por el Estado asistió el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, quien aseguró que “ningún periodista ha sido encarcelado por sus opiniones”, dejando a un lado los casos de los trabajadores de la prensa detenidos durante las protestas, entre ellos la fotoreportera Francesca Comissari.
Indicó que “el 75% de los periódicos reciben papel”, sin aclarar en qué estatus está el 25% restante, y acusó a Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, de “revender” el insumo.
Sobre el caso de RCTV, el presidente de Conatel dijo que “ya existe una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las concesiones, podemos conversar”, pero no dio más detalles. También, por Estado intervino Luis Britto García quien desestimó las documentaciones de las violaciones de DD.HH. llevada por las organizaciones venezolanas.
Informe Enero-Septiembre Situación de Libertad de Expresión en Venezuela https://goo.gl/qR8gat
Informe sobre restricciones indirectas a la libertad de expresión en Venezuela CIDH https://goo.gl/DsS0Pa
