Ante el agravamiento de la crisis económica y la constante interrupción de servicios públicos como agua y luz eléctrica, en los últimos días se han multiplicado las protestas en diversos puntos del país, especialmente en las ciudades del interior, particularmente castigadas con los cortes de energía, las constantes interrupciones en el servicio de agua potable y el desabastecimiento de alimentos. En tal sentido, Provea exige a las autoridades nacionales y regionales que las manifestaciones sean canalizadas de manera democrática y respetando los derechos humanos de quienes participan en ellas. Igualmente, solicita a los manifestantes ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.
La ausencia de información oficial sobre la real situación de la generación de electricidad y el suministro de agua potable a los hogares aumenta la incertidumbre de la ciudadanía, quienes reciben mensajes contradictorios del alto gobierno que sugieren la improvisación y poca planificación de las medidas anunciadas para revertir la crisis. Por otra parte, la implementación de un plan de racionamiento eléctrico para todo el país, que excluye a la ciudad de Caracas, supone una discriminación inaceptable según los estándares de derechos humanos y un elemento adicional de aumento de la indignación de la población que vive fuera del Distrito Capital, y que representa el 92% de la población del país. Por último, la no adopción de medidas tendientes a garantizar el acceso a centros hospitalarios y medicamentos, lo cual incluye la aceptación de la ayuda humanitaria por parte de los organismos internacionales, incrementa los padecimientos y desasosiego de la población.
Ante esta situación las comunidades afectadas por el deterioro de su calidad de vida tienen el legítimo de derecho de manifestar públicamente su descontento y reclamos ante los diferentes poderes. El Estado debe tomar todas las medidas democráticas necesarias para resguardar tanto la vida e integridad de los manifestantes, así como abrir canales de diálogo para dar respuestas a sus demandas. El estado venezolano está en la obligación de propiciar un entorno seguro para que la ciudadanía ejerza, sin obstáculos ni amenazas, su derecho constitucional a la manifestación pacífica como complemento esencial para la exigibilidad de derechos y la construcción de una democracia participativa y protagónica. Por su parte, los manifestantes deben ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica. Provea insta a la ciudadanía a abstenerse de conductas violentas que pudieran servir a las autoridades para intentar legitimar medidas represivas y vulneradoras de los derechos humanos.
Provea insiste que tanto la represión a las protestas como el cierre de los canales constitucionales para la expresión de la participación ciudadana generan condiciones para el surgimiento de escenarios de violencia en medio de la alta conflictividad social. El empleo de figuras represivas e inconstitucionales para contener el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente y la judicialización y criminalización de las protestas y los dirigentes sociales, constituyen la principal muestra de la respuesta autoritaria del gobierno nacional frente al descontento social y las legítimas demandas ciudadanas. En este sentido saludamos que el Consejo Nacional Electoral haya cumplido con su deber constitucional de iniciar el proceso que conducirá a la eventual realización de un Referendo Revocatorio, derecho establecido en la Carta Magna, y mecanismo legítimo de las y los ciudadanos para expresar su opinión sobre la gestión de gobierno y sobre la continuidad o no del presidente Nicolás Maduro en la primera magistratura. (Prensa Provea, 27.04.2016)
