Dentro de dos días, el Programa Venezolano de Educación Acción de los Derechos Humanos (Provea) cumplirá 25 años batallando por la vida y por la dignidad.
Desde sus inicios han sido veedores y acompañantes de cientos de víctimas, producto de un país donde los derechos suelen ser vulnerados con la misma facilidad que son exigidos.
Recién fundados fueron testigos de la denominada «Masacre de El Amparo». Meses más tarde, el 27 de febrero de 1989, vino «El Caracazo», cuyas protestas contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez dejaron un saldo de 300 muertos, según cifras oficiales, aunque otras fuentes aseguran que fueron miles.
Catorce años después, el 11 de abril de 2002, ocurrió el fallido golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, donde fallecieron 19 personas y otras 73 resultaron heridas.
El ímpetu de lucha de Marino Alvarado Betancourt, coordinador general de Provea desde hace seis años, y de su equipo, es indiscutible. Algunos han ido y venido, otros quieren ayudar, pero pocos pueden hacerlo; sin embargo siguen allí con un mensaje vigente: todos los derechos para todas y todos.
«Hace 20 años nos llamaban ‘defensores de delincuentes’ y ahora ‘espías del imperio’. Los gobiernos pasan pero las descalificaciones quedan. Cualquiera que defienda los derechos humanos y sea crítico de las políticas de Estado se vuelve una piedra en el zapato», dice Alvarado, quien inició como coordinador jurídico en Provea hace 18 años.
Pero con los ataques también llegaron espaldarazos. Ser la primera Organización No Gubernamental en hablar de derechos sociales en Venezuela les abrió muchas puertas y les permitió convertirse en, más que defensores, educadores.
«Para su época los tres fundadores fueron unos visionarios, hablaron de derechos sociales cuando todos se focalizaban en aquellos vinculados a las exigencias políticas. Ese paso, que terminó siendo replicado en todo el continente, pareciera haber llegado en el momento más necesario».
Esa triada estuvo compuesta por la socióloga Ligia Bolívar, quien trabajó como integrante del Comité Ejecutivo de Aministía Internacional; Dianora Contramaestre, una ex monja que laboraba con los cristianos de base en los barrios de Caracas; y Raúl Cubas, que llegó de Argentina luego de vivir el horror en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, donde fue torturado y esclavizado junto con otros cinco mil prisioneros durante la dictadura militar que rigió al país suramericano hasta 1983.
Fueron ellos, junto a un grupo de colaboradores, quienes conformaron la primera generación de Provea, esa que a 14 días de haber sido creada debió hacerle frente a la Masacre de El Amparo, ocurrida el 29 de octubre de 1988 en un sector conocido como Caño La Colorada, en el estado Apure.
Allí 14 pescadores fueron asesinados por efectivos policiales, quienes los señalaron de ser guerrilleros colombianos. Más tarde se comprobó que todas las víctimas eran venezolanas y no tenían antecedentes judiciales, convirtiéndose en uno de los casos icónicos de violación de derechos humanos en el país, por lo que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y marcó el inicio de estos 25 años de lucha.
«Desde entonces se han formado cuatro generaciones y sin duda eso es parte de uno de los tres aspectos fundamentales que conforma la organización: instruir a nuevos activistas de derechos humanos y armar generaciones de relevo». De esa premisa se han formado cientos, incluyendo los 13 que integran hoy la organización: «Somos pocos pero hacemos mucho, y si bien cada uno se especializa en un área determinada, hemos sido formados para conocer a fondo las ramificaciones de los derechos humamos».
Provea se divide en tres departamentos: gestión y desarrollo institucional, exigibilidad en derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y monitoreo, investigación y difusión de DDHH, piezas indispensables en el desarrollo del segundo aspecto en el que se fundamenta la organización: priorizar los derechos sociales.
«En una década y un país donde de eso simplemente no se hablaba, decir que los derechos sociales también son derechos humanos fue una verdadera revolución. Hoy nos damos cuenta de que fue arar terreno para que nacieran decenas de organizaciones en pro de que se respetaran esas libertades».
Este pilar, respetado nacional e internacionalmente, ha establecido medidores para determinar cuándo existe violación de los derechos e incluso fomentar la enseñanza de cuáles son, y en eso se basan los informes que anualmente presentan y donde monitorean cerca de 19 derechos, algunos vinculados a la vida, la seguridad social, los pueblos indígenas y personas privadas de libertad.
«Se trata de un informe único en Latinoamérica que busca recopilar y diagnosticar la realidad del país en cuanto a derechos humanos. Esa investigación evoluciona junto a las necesidades de la sociedad, por eso es que desde el primero hasta el 24, publicado en 2012, se han sumado derechos sociales», detalla Alvarado.
A raíz de estos informes otras organizaciones regionales han replicado la iniciativa, poniendo en práctica marcos teóricos y metodologías que, por derecho, Provea ha desarrollado: «Se trata de un esquema para reconocer las injurias contra nueve derechos establecidos, al igual que las acciones a tomar. Por una situación de presupuesto no hemos podido completar los 19, pero seguimos trabajando en ello».
El marco teórico ha sido utilizado en Chile, Ecuador y Argentina, e incluso ha sido base para iniciativas llevadas adelante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que recientemente se retiró Venezuela tras un proceso de discordia que inició el fallecido presidente Chávez el 10 de septiembre de 2012. ¿La causa?, según el gobierno, la CIDH estuvo a favor del golpe de Estado de 2002 por servir a los intereses de Estados Unidos. (José Miguel Aguilar, Revista Estampas)
