El 3 de marzo de 2013, el cacique Yukpa y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y a la tierra Sabino Romero Izarra fue asesinado mientras viajaba en una carretera de la Sierra de Perijá, estado de Zulia. Su esposa fue herida como consecuencia del ataque. Sabino Romero Izarra era un destacado defensor de los derechos de la comunidad indígena Yukpa, quien participaba en campañas y movilizaciones pacíficas en contra de la expansión de la explotación minera a gran escala en tierras indígenas. Antes de su asesinato, el defensor de los derechos humanos fue continuamente objeto de actos de hostigamiento, amenazas y criminalización, como resultado de su trabajo para promover y proteger el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela.
El 3 de marzo de 2013, aproximadamente a las 7 de la noche, Sabino Romero Izarra y su esposa viajaban en la carretera Tokuko en la Sierra de Perijá, con rumbo a votar en una elección indígena, cuando fueron atacados por un grupo de supuestos sicarios. Mataban a tiros a Sabino Romero Izarra, mientras que su esposa sufrió heridas.
La Sierra de Perijá es una cordillera ubicada en el estado de Zulia, en la frontera con Colombia. Dentro de la zona están ubicados varias fincas ganaderas y una importante mina de carbón, conocida como Carbon de Guasare, un proyecto conjunto entre el Gobierno Venezolano y varias empresas extranjeras. Grupos indígenas, entre ellos los Yukpa, reclaman la Sierra de Perijá como territorio ancestral y han luchado por el reconocimiento de sus derechos ancestrales durante los últimos 50 años. Sabino Romero Izarra cumplía un papel importante en esta lucha, incluso por haber llevado a cabo acciones directas y pacíficas, como la ocupación de tierras indígenas controladas por propietarios de las fincas ganaderas. Participaba también en movilizaciones pacíficas para protestar contra la minería a gran escala en la zona, que en gran parte está cubierta por bosque nuboso.
Como resultado de su trabajo, Sabino Romero Izarra fue continuamente amenazado y acosado, y el objeto de hostigamiento judicial. En el 2012, el padre de Sabino Romero Izarra, José Manuel Romero, quien tenía 109 años de edad, murió después de haber sido severamente golpeado. Hasta la fecha, nadie ha sido llevado ante la justicia por este asesinato, supuestamente cometido por el propietario de una finca ganadera local. En el 2009, después de la ocupación de una finca en Chaktapa, estado de Zulia, por dos comunidades, entre ellas la de Sabino Romero Izarra, el defensor de derechos humanos fue detenido durante 18 meses, acusado de ser responsable del asesinato de tres personas indígenas durante la ocupación. El 14 de octubre de 2009, en el marco de la difusión de un programa de radio nacional, el Viceministro del Medio Ambiente Sergio Rodríguez habría acusado a Sabino Romero Izarra de robar ganados, de quemar las casas de familias Yukpa y de explotar la lucha de título de propiedad «para su propio beneficio». Además, el defensor de los derechos humanos recibió una serie de amenazas de muerte, mientras que su hogar fue allanado en varias ocasiones por oficiales del ejército.
Front Line Defenders desea manifestar su firme condena ante el asesinato de Sabino Romero Izarra, y su convicción de que es consecuencia de su labor legítima y pacífica como defensor y líder de los derechos indígenas y a la tierra. Front Line Defenders también expresa su grave preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de la esposa de Sabino Romero Izarra, así como de otros defensores de los derechos de los pueblos indígenas en la Sierra de Perijá.
Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanos a que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del defensor de los derechos humanos Sabino Romero Izarra;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la seguridad y integridad física y psicológica de la esposa de Sabino Romero Izarra y de otros defensores de los derechos indígenas el la zona de la Sierra de Perijá;
3. Aseguren que todos los defensores de derechos humanos en Venezuela, en particular los defensores de los derechos indígenas y a la tierra, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones, incluyendo violencia, amenazas y hostigamiento judicial.
