En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Foro por la vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, desea expresar a la opinión pública lo siguiente:
– A pesar de haber asumido diferentes compromisos en materia de derechos humanos, Venezuela celebra en el 2013 esta fecha con una decisión inconstitucional, como la es el haberse retirado de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectando la protección ante situaciones de atropellos a las garantías fundamentales de los sectores más vulnerables. “Esta decisión del actual Ejecutivo nacional sienta un grave precedente regional y demuestra que carece de la voluntad política en cumplir y hacer valer las garantías establecidas en la Constitución” (Comunicado del Foro por la Vida ante la salida de Venezuela de la CIDH).
– El estancamiento y retroceso de las diferentes políticas públicas en materia de derechos humanos mantienen los problemas estructurales que condenan a amplios sectores de la población a condiciones de pobreza y exclusión. El Ejecutivo Nacional no garantiza los diferentes derechos establecidos en la Constitución. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas privadas de libertad, entre otros
– La criminalización de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil que acuden a los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos en la búsqueda de respuesta que haga prevalecer el respeto y garantía a sus derechos humanos, por cuanto ha agotado los recursos internos y no han logrado justicia en la jurisdicción nacional. Al acudir a las instancias internacionales son criminalizados y, en algunos casos, reciben amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de autoridades del Estado.
– Asimismo la criminalización de la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, la utilización de leyes que obstaculizan el ejercicio de la manifestación pacífica y coartan otros derechos, como la denominada “Ley Antoterrorista”; los argumentos basados en la doctrina de la “seguridad nacional” que afirma la necesidad de neutralizar a un “enemigo interno” así como presuntas represalias y uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, así como la impunidad en los casos de asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos y sindicales. Esto incluye la utilización de la Fuerza Armada Nacional con el objetivo de controlar los actos de violencia que puedan ocurrir en el contexto de protestas sociales. En tal sentido recordamos lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos “la protesta social pacífica forma parte del derecho de reunión y es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, por lo cual los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora sea impedido de reunirse, liderar o participar en una manifestación. Adicionalmente, la Comisión reitera que el control de actos de violencia que puedan ocurrir en el marco de manifestaciones de protesta social debe corresponder a la policía, y no a fuerzas militares.” (Comunicado 08 -11-2013)
– Las irregularidades presentes en el Sistema de Administración de Justicia, que incluyen la falta de independencia judicial así como la gran impunidad existente, donde la mayoría de los jueces son suplentes, el proceso de postulación y selección de jueces no es transparente ni apegado a la normativa vigente, lo cual impide la independencia e imparcialidad en los operadores de justicia.
– El no disfrute de los derechos establecidos en el Capítulo VIII de la Carta Magna para las comunidades indígenas del país, las cuales siguen sin ser respetados en su cultura y forma de gobierno, y en algunos casos se ha criminalizado de autoridades indígenas por motivos vinculados a la defensa de sus territorios.
– El impacto que tienen las políticas de ajuste, la crisis económica y los problemas de abastecimiento de alimentos en la población.
– La grave situación de violencia contra la mujer que existe en el país, evidenciado en el alto porcentaje de feminicidios que se registran por los problemas de seguridad ciudadana.
– El preocupante menoscabo que atraviesa la salud en Venezuela evidenciado en el deterioro generalizado de los servicios sanitarios, de la infraestructura hospitalaria y su insuficiencia para atender las necesidades de la población; asimismo los servicios prestados en los centros de salud públicos son deficitarios en cuanto a camas, personal médico y abastecimiento de insumos y equipos. Todas las garantías del derecho a la salud señaladas en la Constitución Nacional están siendo sistemáticamente incumplidas por el Ejecutivo, profundizando las desigualdades sociales y la destrucción del sistema público de salud en Venezuela.
– La situación que viven las personas privadas de libertad , donde persisten los graves problemas de insuficiencia de la infraestructura carcelaria, corrupción, hacinamiento, enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, la existencia de mafias que hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos, las pugnas de poder y el retardo procesal. Todos ellos se convierten en detonantes de actos violentos que generan muertes en los recintos penitenciarios.
– Las diferentes amenazas al derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, evidenciado entre otras situaciones en las dificultades y hostilidades que enfrentan los periodistas para cubrir eventos electorales; y el aumento de procedimientos judiciales contra medios de comunicación y periodistas que difunden temas de interés público.
Ante todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos reiteramos nuestro llamado al Ejecutivo Nacional para establecer mecanismos de diálogo que permitan consensuar un Plan Nacional de Derechos Humanos con metas y compromisos establecidos en el corto, mediano y largo plazo. Creemos que los resultados de las recientes elecciones municipales son una oportunidad para la inclusión de todos los sectores en el diseño de políticas públicas que redunden en un aumento de la calidad de vida para todos y todas las venezolanas, sin distinciones de ningún tipo. Las organizaciones integrantes del Foro por la Vida, algunas de ellas con más de 20 años de trabajo, estamos dispuestas a realizar nuestro aporte para el bienestar de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Por la vocería del Foro por la Vida
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Justicia y Paz Nacional
Programa Venezolano de Educación-Acción por los Derechos Humanos.
