Caracas, 3 de julio de 2012. La coalición de organizaciones no gubernamentales Foro por la Vida exige que se garantice la vida e integridad de la Dra. Ana María Abreu de San Miguel, cuñada de Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, así como de toda su familia. Además de que se cumpla con el debido proceso en la investigación que se abrió a la Dra. Abreu.
De acuerdo con información brindada por Rocío San Miguel, el viernes 29 de junio, a las 9:30am aproximadamente, se presentaron unos 14 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en la residencia del hermano de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
Los funcionarios del SEBIN se trasladaron hasta esta residencia en 8 vehículos oficiales, portando armas de fuego de alto calibre con una presunta orden de allanamiento emitida por el Tribunal 13 de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Luego de varias horas la comisión policial se llevó detenida, sin presentar una orden de detención, ni permitirle comunicación con sus abogados ni con su esposo, a la cuñada de Rocío San Miguel, la médico Ana María Abreu de San Miguel. Los funcionarios del SEBIN, también, se llevaron de la residencia computadoras y documentos de la familia. Para el momento de este procedimiento, en la residencia se encontraban la mamá de la Dra. Ana María de San Miguel, de 80 años de edad y un menor de edad de 10 años, hijo de la Dra. Ana María Abreu San Miguel. Es importante resaltar que la familia y los abogados de la Dra. Ana María Abreu de San Miguel no tuvieron conocimiento de su paradero por varias horas durante el viernes 29 de junio. Solo al final de la noche pudieron confirmar que la Dra. Ana María Abreu de San Miguel se encontraba detenida en la sede del Servicio de Inteligencia Policial (SEBIN), ubicada en el Helicoide en Caracas.
Según la Dra. Rocío San Miguel desde hacía varios días vehículos sin matrícula y con vidrios oscuros circulaban sospechosamente por el lugar de residencia de su hermano.
La Dra. Ana María Abreu de San Miguel, es médico cirujano y durante 12 años se ha desempeñado como tal en el Palacio de Miraflores y en un Módulo del Sector de Pinto Salinas, en Caracas. La Dra. Ana María Abreu se dedica a la atención de personas que habían perdido sus viviendas durante las fuertes lluvias del 2010 y que están alojadas en la Plaza Bicentenaria, en condición de damnificadas. Como informan sus familiares, la Dra. Abreu de San Miguel en sus labores sólo maneja información relativa al estado de salud de sus pacientes.
El sábado 30 de junio, los familiares de la Dra. Ana María de San Miguel y sus abogados, estuvieron a la espera del traslado a los tribunales de control para la respectiva audiencia de presentación de la detenida. No obstante esta audiencia no se realizó ni el sábado 30, ni el domingo 1 de julio, violándose los lapsos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela (art. 236 y 373 del COPP y 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo, desde el viernes 29 de junio tampoco los familiares ni sus abogados habían podido comunicarse con la Dra. Abreu de San Miguel, desconociéndose las causas de su detención y los motivos de la misma. Sólo se conoció el día 1 de julio que el Juzgado 35 de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, designado inicialmente, había declinado la competencia en el Juzgado 13 de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el mismo juzgado que ordenó el allanamiento en la residencia de la Dra. Ana María Abreu de San Miguel.
El 2 de julio de 2012 el Juzgado 13 de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas realizó la audiencia de presentación, decretando la privación de libertad de la Dra. Ana María Abreu de San Miguel, en virtud de la solicitud realizada por la Fiscalía Auxiliar 50 del Ministerio Público con competencia Nacional en materia de Terrorismo, fundamentándose la decisión en el artículo 134 del Código Penal por Delitos Contra la Independencia y la Seguridad de la Nación por supuesta fuga de información por revelar secretos políticos y militares de la nación. En esa misma ocasión, se ordenó la reclusión de la Dra. Abreu de San Miguel en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Los familiares y los abogados de la Dra. Ana María Abreu de San Miguel mostraron su profunda preocupación por la imputación en este caso del delito de fuga de información, destacando que la Dra. Abreu no maneja ningún tipo de documentos o datos vinculados a la seguridad del Estado Venezolano.
Cabe indicar que Rocío San Miguel, Directora de la ONG Control Ciudadano, desde el 18 de enero de 2012 es beneficiaria, al igual que su hija, de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, dada la grave situación de riesgo que ha venido enfrentando por su trabajo. Estas medidas se acordaron, luego de un largo periodo de amenazas de muerte y de hechos de criminalización sistemáticos que sufriera la Dra. Rocío San Miguel y su hija, menor de edad. Sin embargo, en marzo de 2012, en un nuevo desacato a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, el tribunal 36 de Control de Caracas desconoció las medidas acordadas.
Por todo lo anterior, en nuestro carácter de organizaciones de derechos humanos, exigimos muy respetuosamente a las autoridades competentes que, sin más dilaciones:
1) Se le garantice el debido proceso al que tiene derecho la Dra. Ana María de San Miguel y se proteja su integridad personal y vida.
2) Se dé pleno cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, en fecha 18 de enero de 2012, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Rocío San Miguel y de su hija.
3) Enfrenten la impunidad en los casos de delitos contra defensores de derechos humanos, asegurando que las denuncias de los defensores sean investigadas y que sean tramitadas con prontitud y de manera transparente, independiente y responsable.
4) Tomen las medidas pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para que los defensores(as) de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal, al igual que lo merecen todos y todas las venezolanas.
En Caracas, a los 9 días del mes de julio de 2012, suscrito por las organizaciones:
-Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
-Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDH-UCV)
-Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
-Acción Solidaria (Acsol)
-Espacio Público
-Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
-Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
-Justicia y Paz
-Caritas Los Teques
