(Caracas, 15.09.10) Ante la inminencia de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, ha dado a conocer un decálogo de gestión legislativa para incidir en el trabajo a desarrollar por los diferentes representantes electos para el próximo período en la Asamblea Nacional.
Dentro de las 10 propuestas, las cuales se pueden consultar íntegramente en el enlace http://issuu.com/foroporlavida/docs/agenda_ddhh, resalta en primer lugar la relacionada con el derecho a la vida, invitando el aprobar legislación especial sobre la tortura, como esta expresado en la Carta Magna, mediante ley especial o reforma del código penal. En materia de Seguridad Ciudadana, el Foro por la Vida exige un debate y diálogo nacional inclusivo sobre las normas y políticas para enfrentar el crimen; el resarcimiento de las víctimas secundarias de la violencia criminal y de género; la modificación de las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en labores de resguardo de la seguridad; la eliminación de las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes para la defensa integral de la nación; el diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme así como la promoción de garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de criminalidad y violencia de género, así como la asistencia para superar traumas producto de hechos violentos.
Sobre el derecho a la libertad de expresión e información se pide el garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. Asimismo, reformar la ley de telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL. Para garantizar el derecho a la manifestación los grupos de derechos humanos proponen la Eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot, los cuales han venido siendo utilizados para procesar judicialmente a líderes sindicales, comunitarios y estudiantiles por protestar.
Para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad sugieren aprobar normas y asignar presupuesto para impulsar un sistema penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación y el respeto a sus derechos humanos. Sobre el derecho a la justicia insinúan el modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.
En cuanto al derecho a la libertad de asociación y libertad sindical el Foro por la Vida realizó dos propuestas: 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y reformar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales o gremiales y sus formas de autogobierno.
Las organizaciones signatarias de este decálogo parlamentario son el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Espacio Público, Caritas Venezuela, Caritas los Teques, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Investigación, Formación y estudios de la Mujer (CISFEM), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (SJR), Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Acción Solidaria (ACSOL), Comité de Familiares de las Victimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Comité de Victimas contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira, Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui.
Para mayor información sobre el decálogo de derechos humanos, comunicarse con Marino Alvarado (Provea) al 0416-8188485
