(Caracas, 15.07.10) El Foro por la Vida[1], coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, rechaza la política y campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones venezolanas de derechos humanos; y exige el cese de la investigación penal solicitada el 14 de julio de 2010 por el Presidente de la República.
Durante las últimas semanas, en diversos espacios de las televisoras y radios gubernamentales de Venezuela se han llevado a cabo de manera continua y reiterada una serie de programas en los que se descalifica a las organizaciones de la sociedad civil que reciben cooperación internacional, con expresa mención a diversas organizaciones en el campo de los derechos humanos. En el día de hoy, el Presidente de la República pidió investigar:
“a fondo” los «millones y millones de dólares» que destina el Departamento de Estado estadounidense para financiar a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) venezolanas.
«Esto hay que investigarlo a fondo: los millones y millones de dólares del Departamento de Estado para grupos de periodistas, grupos de ONG’s, eventos, premios y no sé cuántas cosas más», dijo Chávez.
Leyendo «documentos desclasificados del Departamento de Estado», Chávez explicó que la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) es un «organismo del Departamento de Estado» creado para «disfrazar» el financiamiento que da Estados Unidos a estas ONG’s venezolanas.
El mandatario venezolano también criticó que varias universidades locales incorporaran a sus currículos «talleres de formación sobre los conceptos del periodismo investigativo» conducidos por la FUPAD, pues considera que corresponde una «violación» a la autonomía y soberanía universitaria. “ [2]
Este ataque se produce un día después que el denominado “Movimiento por el Periodismo Necesario” solicitó ante la Fiscalía General de la República una investigación en contra de las organizaciones que trabajan en Venezuela los temas de libertad de expresión como son el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y Espacio Público, a los fines de determinar una presunta “relación con el financiamiento y la relación estratégica entre el Departamento de Estado de los EEUU y periodistas y medios de comunicación privados en Venezuela”.
Este hecho se inscribe en un patrón de hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales y voceros oficialistas contra las organizaciones de derechos humanos (citar CIDH, informe) en general [3], y en especial, contra las organizaciones promotoras de la libertad de expresión y medios de comunicación. Este patrón se caracteriza por la descalificación moral y pública ejercida desde los medios gubernamentales, que luego es continuada por la apertura de procesos judiciales[4] o la intimidación mediante amenazas públicas.
En el caso concreto de Espacio Público, sus actividades son públicas y conocidas, se realizan sin ningún tipo de propósito electoral, se ajustan a los diseños y requerimientos que son elaborados de modo autónomo y sin presión alguna por agentes externos o internos. Estas acciones responden a su visión de la realidad venezolana y se ajustan a lo establecido en el artículo 13 de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144 que establece el derecho a recibir cooperación internacional. “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.”[5]
Las organizaciones de derechos humanos tienen más de 20 años recibiendo cooperación internacional y dicha cooperación sirve para atender a innumerables víctimas de violaciones a los derechos humanos, capacitar a colectivos sociales y funcionarios y funcionarias del Estado, elaborar publicaciones educativas, proponer políticas para el fortalecimiento de la democracia entre ellas el capítulo de derechos humanos de la actual Constitución y dar aportes en muchas leyes vigentes. La cooperación recibida tiene como destino a los más excluidos apoyándolos en la exigibilidad de sus derechos y acompañándolos en sus procesos organizativos en el marco de las normas vigentes y con fines pacíficos y democráticos.
Las organizaciones integrantes del Foro por la Vida rechazamos esta política de acoso a las organizaciones venezolanas de derechos humanos porque restringe seriamente su trabajo, destinado a la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela.
Por ello exigimos
1.- Al Gobierno Nacional y a su sistema de medios públicos el cese de esta campaña de amedrentamiento en contra de organizaciones venezolanas en procura de su desprestigio en la sociedad venezolana.
2.- Al Gobierno Nacional que respete el trabajo de las organizaciones venezolanas como una expresión legítima de una sociedad democrática y el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el derecho de asociación.
3.- A la Fiscalía General de la República que desestime toda investigación que pretenda asociar a la cooperación internacional con la desestabilización por impulsar acciones e iniciativas de capacitación y formación en Derechos Humanos o estrategias de investigación periodística.
4.- A la Defensoría del Pueblo, que se avoque a defender la posibilidad de todas las personas y organizaciones de defender y promover los derechos humanos, además de solicitar el apoyo y cooperación para este propósito.
Vocería Foro por la Vida
PROVEA- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
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[1] El Foro por la Vida lo integran las siguiente organizaciones: Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), Acción Solidaria (ACSOL), Caritas Los Teques, Caritas Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la universidad Central de Venezuela, Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)., Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Comité Pro Derechos Humanos del Estado Falcón. (COPRODEH), Comité Victimas Lara, Espacio Público, Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui, Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira, Observatorio venezolano derechos de las Mujeres, Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR), y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
2 http://www.eluniversal.com/2010/07/14/pol_ava_chavez-pide-a-cancil_14A4183171.shtml Consultado el 14.07.10
3 Así lo señala la CIDH, en el párrafo 588 de su informe sobre Venezuela; Democracia y Derechos Humanos: “La Comisión ha tomado conocimiento de que continúa un clima de hostilidad y amenazas en contra de la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Venezuela. La información recibida por la CIDH hace referencia a actos estatales dirigidos a deslegitimar y criminalizar la acción de los defensores y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas e internacionales que trabajan en Venezuela. La información recibida por la Comisión también señala que altos funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, han acusado públicamente a varias organizaciones de derechos humanos, así como a sus integrantes, de formar parte de una estrategia golpista o de tener vínculos indebidos con países extranjeros que supuestamente planean desestabilizar al gobierno. Más aún, se han llevado a cabo manifestaciones de descrédito profesional a personas que han comparecido ante los órganos de protección del sistema interamericano.”
4 Los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de los derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos tales como «sedición», «incitación a la rebelión», «tentativa de menoscabar las instituciones» y delitos contra la seguridad del Estado. También es frecuente enjuiciar a defensores de los derechos humanos en base a acusaciones falsas como forma de hostilidad. (Informe de la Relatora, Señora Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, presentado a la Asamblea General las Naciones Unidas en el 57 Período de Sesiones el 2 de julio de 2002).
5 Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144
