Diversas organizaciones de DDHH y sindicales protestaron frente a la Fiscalía General de la República para solicitar la liberación del Secretario General del Sindicato de Ferrominera del Orinoco Rubén González y el cacique Yukpa Sabino Romero, dos expresiones de la criminalización de la protesta pacífica que lleva a cabo el Estado. Además, rechazaron los sucesos ocurridos en Maracay el 12.03.10 donde 25 personas fueron arbitrariamente privados de libertad durante una manifestación, entre ellos tres defensores de derechos humanos.
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, explicó “todo pareciera indicar que en Venezuela, las personas que salen a protestar tienen el riesgo de perder la libertad, porque en una combinación entre policías, Ministerio Público y tribunales de control cada día son más los venezolanos y venezolanas sometidos a juicios penales por ejercer un derecho consagrado en la Constitución venezolana”.
Al respecto el líder sindical Orlando Chirinos agregó “La criminalización no solo se expresa en medidas cautelares, también se expresa cuando en una inspectoría te niegan el derecho a meter un pliego con carácter conflictivo (…) Hoy la inspectoría del trabajo no le da curso a eso, hoy no hay posibilidad de montar una huelga legal, cuando se prohíbe repartir volantes en la entrada de la fábrica, eso es parte de la criminalización”.
Según los datos de Provea, durante el período octubre 2008-septiembre 2009, se reprimieron una de cada 15 manifestaciones pacíficas y 2.240 fueron sometidas a procesos penales bajo régimen de presentación periódica en tribunales. Igualmente durante 2009 un total de 23 trabajadores fueron encarcelados por ejercer el derecho a la protesta. Para el coordinador general de Provea el objetivo de estas concentraciones es “mover la conciencia de los venezolanos y venezolanas y de todos los funcionarios de El Estado que el derecho a la manifestación pacífica es un derecho que está contemplado en la constitución y que nadie debería ir preso por ejercer un derecho que está en la Constitución”.
Por su parte, Chirinos dirigió un mensaje a Rubén González y a Sabino Romero “que no tengan la menor duda, que donde quiera que nosotros vayamos, donde participemos, en los actos que hagamos el eje central principal es la libertad de ellos. Que no tengan la menor duda que nosotros somos defensores incondicionales de ellos y tenemos el compromiso de ganar a mucha gente para sacarlos de la cárcel”.
La organizaciones de DDHH y sindicales presentes en la fiscalía entregaron un documento dirigido a la fiscal general Luisa Ortega Díaz solicitando la liberación de González, así como también, de todos las personas que están bajo régimen de presentación o encarcelados por ejercer su legitimo derecho.
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