Human Rights Watch expresa su profunda preocupación por la continua campaña de hostigamiento y descrédito del gobierno venezolano contra defensores de derechos humanos en Venezuela, quienes son habitualmente acusados sin fundamentos de participar en actividades para desestabilizar al gobierno.
En el último tiempo, casos de preocupación incluyen a defensores hostigados por participar en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por acudir a organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como otros que incansablemente ejercen día a día el trabajo de defender y proteger los derechos de los venezolanos.
Por ejemplo, la reciente publicación de información por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa de televisión sobre la actividad de Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, o de Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, expone innecesariamente a estos destacados defensores a sufrir represalias por su legítima labor.
Según el derecho internacional, y como parte de su deber de promover y garantizar los derechos humanos, los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios.
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación ha dicho específicamente que debe garantizarse que nadie sea objeto de “acoso, persecución, intimidación o represalias” por ejercer tales derechos.
