El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (International Bar Association’s Human Rights Institute, Ibahri por sus siglas en inglés) expresa su grave preocupación ante la situación de deterioro del estado de derecho en Venezuela, donde se ha registrado recientemente un creciente número de arrestos de profesionales de la justicia, incluidos los del juez Alí Fabricio Paredes y el abogado Tadeo Arriechi Franco.
El juez Paredes fue arrestado por agentes del servicio nacional de inteligencia de Venezuela el 10 de febrero de 2015, menos de 24 horas después de haber condenado a Walid Makled a 14 años de cárcel por tráfico de drogas y blanqueo de dinero en un caso de alto perfil. La Fiscalía General anunció que el juez Paredes había sido arrestado debido a que la sentencia se consideraba demasiado indulgente, favoreciendo presuntamente al acusado.
“Los ataques al poder judicial que tienen lugar en Venezuela constituyen una grave preocupación para el Ibahri. Arrestar a cualquier juez por dictar una sentencia que el gobierno considera demasiado indulgente, como en el caso del juez Paredes, perjudica fundamentalmente las nociones básicas del estado de derecho, la democracia y la separación de poderes. Condenamos enérgicamente el arresto del juez Paredes, y recordamos a las autoridades de Venezuela que el magistrado tiene derecho al debido proceso y que toda condena está sujeta a apelación y a control judicial” declaró Hans Corell, copresidente de Ibahri.
El Ibahri también pide la liberación del abogado defensor Franco, que fue arrestado el 8 de febrero de 2015 por su participación en el caso de la cadena de supermercados Día Día Practimercados, acusada por el gobierno venezolano de desestabilizar la economía. El Ibhari apoya plenamente al Colegio de Abogados de Caracas, que firmó una carta abierta fechada el 12 de febrero de 2015, en la que se exige su liberación inmediata.
La copresidenta de Ibahri, baronesa Helena Kennedy QC comentó que “las implicaciones de los continuos ataques contra el estado de derecho en Venezuela son motivo de gran preocupación. A fin de que haya confianza pública en la administración imparcial de la justicia, el Ejecutivo debe respetar la separación de poderes».
