En la presentación del Informe de Derechos Humanos 2015 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos se mostraron las caras de quienes padecen la crisis que vive el país.
Inti Rodríguez, representante de Provea, considera que con los Operativos de Liberación del Pueblo se institucionalizó la pena de muerte en Venezuela.
Sobre la ejecución de las razzias policiales-militares en los barrios populares del país, el Ministerio Público registró 245 homicidios, que sumados a las 215 muertes registradas por Provea en contextos distintos a la OLP, arroja la cantidad de 460 casos de violaciones al derecho a la vida, lo que constituye un aumento de 109% respecto al período anterior y se ubicaría como la cifra más alta desde el período octubre 1989 a septiembre 1990.
Mildre Valera tuvo cáncer de mama, pero hoy aunque es un paciente en remisión debe consumir un bloqueador hormonal por cinco años para evitar reincidir en la enfermedad, pero no lo hay en el país. Habló por ella, por las otras mujeres con cáncer de mama y todos los pacientes con condiciones crónicas que no reciben tratamiento oportuno.
“Empiezas el tratamiento con un grupo de personas y ves cómo van quedando en el camino porque hacen metástasis. Tenemos derecho a morir de viejos y no por una enfermedad cuando hemos tenido un país tan rico y se gasta dinero en cosas sin sentido. El día de mañana no quiero que digan que había una mujer llamada Mildre que se murió por falta de medicamento, sino que junto conmigo éramos un grupo haciendo algo por el país. No somos estadísticas, sino vidas”, denunció Valera.
Efraín Vegas, miembro de Médicos por la Salud, reiteró una y otra vez que los profesionales de la salud ejercen una medicina de guerra y testificó que ha presenciado hasta 10 personas con tiros de gracia en el tórax y el cráneo después de los excesos ocurridos en las OLP. Denunció también la falta de insumos para atender a los pacientes.
“El año pasado un joven de 16 años llegó al Hospital Periférico de Coche con dos tiros en la pierna derecha. No había insumos y luego de 4 horas se logró trasladar al adolescente en ambulancia al Hospital Pérez Carreño, pero había otros 16 pacientes en cola para ser intervenidos. Lo tuve que llevar nuevamente al Periférico de Coche, pero ya con 8 horas sin sangre en la pierna la tuvimos que amputar. Ese adolescente luego me buscaba para matarme porque no entendía la razón por la que se le quitó la pierna. Tres semanas después él volvió a recibir un tiro y murió en el Pérez Carreño. Otro joven de 17 años recibió un tiro de escopeta en la rodilla derecha. Falleció por falta de solución 09. No había analgésico y se le tuvo que suministrar morfina para que muriera como se hace en la guerra: sin dolor”, contó Vegas.
Emily León de 22 años de edad, madre de dos niños de 8 y 6 años edad, habló por ella y sus vecinos de la ex comunidad La Ensenada, que estaba ubicada en la Panamericana y que fue demolida en una operación de la OLP en julio del año pasado. “Teníamos casas de bloque, siembras de agricultura y no había delincuencia. En los 22 años que yo viví ahí jamás hubo un muerto. Nos tumbaron las casas con los enseres adentro y a quienes lograron sacar sus pertenencias los robaron. Ahora nuestros hijos sufren. Dormimos en el piso y o vivimos una semana en casa de un familiar y luego debemos buscar otro lugar. El Comité de Víctimas de la OLP quiere justicia”, le dijo a la audiencia.
Rafael Uzcátegui, Coordinador de Provea, expuso que se mantuvo la militarización e impunidad estructura, la exclusión y discriminación por razones políticas. Lo que se agravó fue la crisis económica y la inseguridad.
Uzcátegui destacó que los cambios se vieron en seis dimensiones: existe un autoritarismo sin apoyo popular y la progresiva pérdida de la hegemonía política del oficialismo, se comprobó también luego de los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 que hay un límite de la hegemonía comunicacional. Con los resultados de elecciones se derrumbaron los mitos sobre que el Gobierno era mayoría y nunca perdía elecciones, hubo un aprendizaje del movimiento popular, la oposición asumió una estrategia electoral no insurreccional y se ratificó en un corto plazo que se puede reinstitucionalizar los poderes públicos.
“El calificativo de dictadura en el país quizá no es el apropiado. Sin embargo tampoco es una democracia. Estamos ubicando una calificación precisa, pero seguro la gente en la calle a partir del drama que vive tiene clara la denominación”, concluyó Uzcátegui.
