La organización International Crisis Group presentó este 21.12.2015 un informe sobre la gobernabilidad y la estabilidad democrática en Venezuela, a la luz de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre, en las que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se alzó con la mayoría de los escaños en disputa. A continuación publicamos un resumen del Informe e invitamos a nuestros lectores a descargar la versión completa en formato PDF en este enlace.
La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Este resultado representa el punto final al predominio de 15 años sobre el poder legislativo por parte de los partidos asociados con el Presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro y abre la posibilidad de una solución pacífica y dialogada a la crisis que azota al país. La MUD desafió condiciones electorales altamente desventajosas y superó los pronósticos más optimistas, asegurando 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional (AN). Esto le otorga la mayoría calificada de dos tercios del parlamento, y con ello la posibilidad de ejercer un amplio control sobre la agenda legislativa y también, hasta cierto punto, sobre el Gobierno. A pesar de este giro, las partes necesitarán de toda su creatividad e imaginación, además de voluntad política, para acordar soluciones a los urgentes problemas del país. La comunidad internacional debe apoyar esos esfuerzos.
El Presidente Nicolás Maduro – que había amenazado con ganar “como sea” las elecciones y lanzarse a la calle con sus seguidores si perdía – reconoció el triunfo de la oposición. Lo atribuyó, en un discurso televisivo momentos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera los primeros resultados, a una “guerra económica” dirigida por el sector privado y sus aliados nacionales e internacionales que, según el Gobierno, explicaría los altísimos niveles de inflación y escasez que padece Venezuela. La violencia post-electoral que muchos temían no se produjo. Sin embargo, en los días posteriores tanto Maduro como el presidente saliente de la AN, Diosdado Cabello, hicieron patente la dificultad que tienen para aceptar la nueva realidad política.
Maduro ha asegurado que no firmará una ley de amnistía para los cerca de 80 presos políticos que la MUD ha prometido como su primer acto legislativo. También ha amenazado con vengarse de los que votaron contra el Gobierno asegurando, por ejemplo, que no está dispuesto a construir más casas para votantes desagradecidos. El Gobierno le ha quitado al parlamento el control de su medio televisivo y su estación de radio, transfiriendo la propiedad a sus trabajadores. Diosdado Cabello ha insistido en el nombramiento de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para no dejarlo en manos de la mayoría opositora de la AN que se instalará el 5 de enero. Además, el 15 de diciembre dirigió la instalación de un “Parlamento Comunal” de dudosa legalidad que buscaría hacer contrapeso a la nueva Asamblea.
A pesar de esta renuencia, hay razones para pensar que la nueva realidad política, tarde o temprano, se hará sentir. Cuando esto suceda tendrá que haber negociaciones sobre los temas más urgentes, tanto en lo económico y social como en lo político. Venezuela está sumida en una crisis económica de grandes dimensiones que amenaza con provocar un desastre humanitario. Si las dos partes caen en una estrategia de confrontación olvidando la voluntad popular expresada en las urnas, esta crisis empeorará rápidamente llevándose por delante tanto a los líderes del Gobierno como a los de la oposición.
Entre las razones para ser optimistas está la postura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuyo comportamiento institucional durante, y sobre todo después de las elecciones indica que no van a acompañar una aventura golpista. Por ende, la opción que Maduro había planteado explícitamente antes de las elecciones de apoyarse en los militares para desconocer los resultados y mantener el poder parece descartada.
Sin embargo, la negociación será difícil de lograr y a las dos partes les tomará algo de tiempo acostumbrarse a una realidad política que demanda más acuerdos que confrontaciones. El oficialismo no está acostumbrado a ser minoría y, a juzgar por sus declaraciones recientes, apelará a sus partidarios para que confronten a la nueva AN en las calles. Algunos de sus integrantes presionarán por resistirse y desgastar el poder de la AN. La MUD también tiene sus dilemas internos. Es un conglomerado de partidos que individualmente tienen escaso apoyo popular y algunos temas tensionarán esa unidad y someterán a prueba una confianza interna que ha sido tradicionalmente frágil.
En todo caso, el nuevo mapa político ofrece la oportunidad de pactar entre dos poderes del estado igualmente legítimos y, en consecuencia, de estar en mejores condiciones para evitar un mayor deterioro social y económico durante los tres años restantes del mandato de Maduro. De lo contrario, el entrampamiento entre una Asamblea cuyas leyes son vetadas y un Gobierno sometido a censuras y que se siente amenazado podría empujar a Venezuela a una crisis de gobernabilidad profunda de la que será difícil salir sin ayuda de terceros capaces de facilitar un diálogo.
Con la finalidad de garantizar un proceso político estable y exento de violencia y salidas inconstitucionales:
El Gobierno, la MUD, y los futuros miembros de la nueva Asamblea Nacional deberían:
– facilitar un tránsito pacífico hacia la instalación de la nueva AN el 5 de enero de 2016, respetando el marco previsto por la Constitución de 1999;
– establecer una agenda legislativa compartida, con la finalidad de resolver los problemas urgentes que enfrenta la economía y la sociedad, incluyendo la adopción de mecanismos concertados para la restauración de las libertades civiles; y,
– acordar un mecanismo expedito para la liberación de las personas privadas de libertad en ocasión de los hechos ocurridos entre febrero y mayo de 2014 u otros similares. Considerar la posibilidad de otorgarles la libertad inmediata a través de una amnistía que respete los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En su defecto, adoptar un mecanismo extraordinario de revisión judicial de sentencias, previa opinión de una comisión especial de estudio de casos.
El Gobierno debería:
– cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Abstenerse de incitar a sus partidarios a confrontar al Legislativo en las calles o por vías distintas a las previstas en la Constitución;
– restablecer la publicación y difusión de cifras objetivas y confiables sobre información macro-económica, sobre enfermedades transmisibles y sobre indicadores de seguridad ciudadana; y,
– restaurar el estado de derecho en todo el territorio, incluyendo el levantamiento de los estados de emergencia en los municipios fronterizos con Colombia.
La comunidad internacional, en especial la ONU, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), deberían:
– reiterar su llamado al Gobierno y los actores políticos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales, así como de abstenerse de incitación a la violencia;
– respaldar y apoyar los esfuerzos nacionales por establecer mecanismos políticos de diálogo y concertación, incluyendo la posibilidad de ampliar la presencia de organismos internacionales, servir de veedores y mediadores y financiar proyectos destinados a mejorar la calidad de la democracia; y,
– apoyar decididamente actividades humanitarias, particularmente en la contención y lucha contra enfermedades transmisibles y en la mejora de los sistemas de distribución de medicinas y alimentos, empezando por las zonas rurales y periféricas a las ciudades.
