La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 31 que toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en la Constitución, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas por los órganos internacionales.
Este mes, se cumplió un año de la desvinculación de Venezuela de la Convención Americana (CADH). La salida de la CADH se produjo tras la denuncia del tratado por parte del Gobierno venezolano.
Pese a ello, las víctimas por violaciones a sus derechos humanos tienen otras alternativas.
Al respecto, consultamos a Jesús Ollarves, doctor en Derecho, experto en Derechos Humanos, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y miembro del Comité Académico de la especialidad de DDHH-UCV.
-Luego de un año de desvincularnos de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo ha repercutido esa decisión por parte del Gobierno venezolano ¿Quiénes son los más afectados?
-En democracias sólidas los Tratados de Derechos Humanos no son denunciables. Desvincularnos de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha repercutido negativamente en el Gobierno, frente a la Comunidad Internacional el Gobierno demostró su talante autoritario. La denuncia de la CADH es una evidencia del fracaso político y económico, de un Gobierno débil e ineficaz, que no respeta los estándares en materia de derechos humanos. Los más afectados son los ciudadanos venezolanos, a quienes se nos arrebató de un plumazo la posibilidad de utilizar el procedimiento de quejas individuales ante el Sistema Interamericano.
-¿Es posible formular denuncias ante la CIDH mas no apelar ante la Corte? ¿Cómo se comprende?
-La denuncia afecta fundamentalmente las competencias de la CIDH. La CIDH podrá seguir conociendo casos individuales de violación a los derechos humanos en Venezuela, bajo las premisas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Desde 1965 la OEA autorizó a la CIDH para examinar denuncias o peticiones relacionadas con casos específicos de violaciones de derechos humanos. Los informes finales publicados por la CIDH, en relación con estos casos individuales, son públicos. Estos informes tienen mucha utilidad. A través de su contenido la Comunidad Internacional puede apreciar el comportamiento democrático o autoritario de los gobiernos y la vigencia de los estándares en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. A partir de la denuncia, la CIDH seguirá conociendo las denuncias y emitirá sus correspondientes informes y recomendaciones, pero si Venezuela no las cumple no podrá ser demandada ante la Corte Interamericana.
-Ante el cierre parcial de esa ventana para denunciar violaciones a los DDHH, ¿qué les queda a las víctimas? Entiendo que está la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hacer ante la evidente violación a los DDHH por parte del Estado venezolano?
-En estos casos se dispone del procedimiento de queja de los mecanismos convencionales previstos en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Lo primero es ejercer los recursos jurisdiccionales internos y si no se logra el objetivo, presentar la queja ante el Comité de Derechos Humanos.
-El Estado será interpelado en noviembre ante la ONU y una coalición de ONGs, presentará un informe relacionado con la violación a los DDHH, agresiones a la libertad de expresión, entre otros, ¿cuál cree será el papel del Estado y qué no deben pasar por alto las citadas instituciones, ¿podría darse un show mediático? ¿Hará algo realmente la ONU?
-Frente a esta coyuntura autoritaria que estamos viviendo los venezolanos, las ONGs han tenido un rol importantísimo. Han documentado las violaciones de los derechos y libertades en Venezuela. El Estado no tiene cómo responder en buen derecho y en justicia el contenido de los informes de las ONGs, por eso siempre el Gobierno recurre a las descalificaciones y a las expresiones estigmatizantes. Ya el tradicional show mediático que suele hacer el Gobierno nadie lo ve. La Comunidad Internacional ya no es miope frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela; está alerta, en particular a los actos de tortura ocurridos en el contexto de la protesta social desde febrero de este año.
-¿El concepto de DDHH ha sido tergiversado por parte de los entes jurisdiccionales del Estado?
-Totalmente, más que tergiversado, la falta de independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial ha propiciado que los derechos humanos sean ignorados e invisibilizados, por ejemplo, el debido proceso.
-¿Por qué ante la evidente violación a los DDHH ningún organismo internacional ha actuado formalmente?
-Los organismos internacionales tienen sus propias reglas, bases y mandatos. Muchos organismos internacionales con la ayuda de las ONGs, emiten informes y recomendaciones en materia de Derechos Humanos. (El Impulso, 29.09.2014).
