El 12 de noviembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro hablará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante una sesión extraordinaria en Ginebra convocada a pedido suyo. Venezuela fue reelegida recientemente para integrar el Consejo, a pesar de que, debido a la preocupante situación de derechos humanos y su falta de cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, no debería haber sido elegida para desempeñar este mandato. Lamentablemente, el Consejo no va recibir demasiada información sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela de parte del Presidente Maduro. En los últimos años, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado gravemente. Se ha detenido de manera arbitraria a políticos de oposición, que luego fueron procesados y condenados sobre la base de cargos que respondieron a motivaciones políticas, y a varios se los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas programadas para diciembre. El gobierno ha actuado contra decenas de críticos menos prominentes, incluyendo a periodistas y medios de comunicación independientes, y ha hostigado a defensores de derechos humanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente, golpeado y torturado a manifestantes mayormente pacíficos, y no han rendido cuentas por estos hechos.
No debe sorprender, entonces, que el gobierno se haya negado a permitir una evaluación internacional genuina de la situación de los derechos humanos en el país. Durante más de una década, ha prohibido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores especiales de la ONU visitaran Venezuela. Denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, y privó así a las víctimas de la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, Venezuela ha tenido uno de los peores récords de votación en el Consejo de Derechos Humanos.
A pesar de algunas falencias, el Consejo de Derechos Humanos ha servido para exponer y abordar abusos en todo el mundo. Sin embargo, en esta oportunidad, probablemente ningún país ni organización no gubernamental tenga la posibilidad de tomar la palabra ni ofrecer otra versión para contrarrestar el discurso sesgado que ofrecerá Maduro sobre lo que ocurre en su país.
No debería permitirse que Venezuela utilice el Consejo como un medio para promover sus propios intereses. Se espera que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emita un pronunciamiento que permita contrarrestar en cierta medida el monólogo de Maduro. Dado que con este acto el presidente venezolano abre la puerta para que Venezuela sea un tema de debate, otros países y organizaciones de derechos humanos deberían aprovechar esta oportunidad para plantear consideraciones y alertar a la opinión pública sobre los problemas que Maduro no mencionará. El Consejo de Derechos Humanos no puede seguir desestimando la inocultable y precaria situación de los derechos humanos en Venezuela.
