«¿Que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos? En todo el mundo hay una violación de los derechos humanos. Yo soy el primero en este país que lucho hasta donde mis atribuciones me lo permiten para restituirles a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales», dijo Hugo Chávez en 2010.
Al llegar al poder, el líder bolivariano convirtió los derechos humanos en una seña de identidad revolucionaria. Se quería diferenciar de la denostada IV República y conformó una constelación de poderes, desde el defensor del pueblo hasta las leyes garantistas, pasando por la Fiscalía de la República, para proteger a los ciudadanos de abusos de poder. Doce años después, Chávez se defendía a duras penas, en una entrevista con la BBC, con la frase que encabeza esta crónica.
Transcurridos casi 14 años de su llegada a la presidencia, el rompecabezas saltó hecho añicos. La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permitirá al gobierno bolivariano abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el plazo de un año, unió en un frente común a los defensores de derechos del país y del continente.
Quejas a las que se sumaron José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la alta comisionada de las Naciones Unidas Navy Pillay, y Amnistía Internacional. Una avalancha unánime pocas veces vista.
El fallo de la Corte que le dio la razón a Raúl Díaz, condenado en Venezuela por poner bombas en 2003 contra la embajada de España y el consulado de Colombia, facilitó la reacción del gobierno chavista. Fue la gota que colmó un vaso que ya hacía aguas.
«Venezuela se retira de la Corte por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo», bramó Chávez. Realmente la Corte no defendió en su sentencia la inocencia del reo, sino que castigó los «tratos crueles y degradantes durante su detención».
Se trataba de una decisión perseguida durante mucho tiempo. Chávez acusa a la Corte y a la Comisión de Derechos Humanos de estar al servicio del imperialismo. Poco importaban su largo historial de defensa a hombres y mujeres del continente, asesinados, torturados y perseguidos por dictaduras y falsos gobiernos democráticos. La revolución desconocía así la propia historia: la masacre de los campesinos de Apure, el «Caracazo» de 1989, la tragedia del Retén de Catia y los desaparecidos en el deslave de Vargas. En todos estos casos intervinieron de forma garantista la Corte o la Comisión.
Varias sentencias en contra del gobierno lo habían avergonzado frente al mundo. «La primera fue el Caso Apitz Barberá. La sentencia de la CIDH ordenó, sin éxito, la restitución de los tres magistrados», explicó a LA NACION Ricardo Antela, especialista en derecho internacional.
«Luego vinieron el Caso Perozo, que produjo el castigo al gobierno por sus ataques contra Globovisión. Y el fallo favorable al general Usón, ex ministro de Chávez condenado a prisión por emitir opiniones en la televisión», recordó Antela, que también destaca el caso de Leopoldo López, mano derecha del candidato opositor Henrique Capriles, inhabilitado por el gobierno y restituido en sus derechos por la Corte. Todos los casos, de gran impacto político.
El piso no se ha dejado de mover para los defensores de los derechos humanos desde la decisión oficial. «Sigo indignado», reconoció Marino Alvarado. «La historia no los absolverá», añadió. Los altavoces de la revolución tienen muy complicado atacar al coordinador general de la organización de derechos humanos Provea. Su hoja de vida a favor de los débiles es intachable. También su currículum progresista. Nadie creería las habituales descalificaciones gubernamentales, de vendepatrias a «jalabolas» del imperio.
Las palabras de Alvarado son como martillazos que resquebrajan las excusas oficiales: «En Venezuela se siguen violando los derechos humanos. Es incongruente que un gobierno que se dice defensor de los pobres tome esta decisión, que afecta a los más humildes porque elimina una instancia útil para obtener la justicia que no ha conseguido en su país».
La enumeración de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela da miedo: cientos de ejecuciones extrasumariales «cometidas por policías» (Alvarado); más de 500 presos «asesinados en nuestras cárceles» (Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones); 65 sindicalistas asesinados en 2012, y «el encarcelamiento de luchadores sindicales» (Observatorio de Conflictos Sociales); y la lista sigue.
¿Por qué ahora? «Es una forma de consolidar el voto de los radicales. Ya venían amagando desde hace un año», estimó Alvarado. «El gobierno se sale de la CIDH porque allí se ve el caso de los comisarios», vaticinó Liliana Ortega, dirigente de Cofavic.
Este caso, relacionado con el golpe de Estado de abril, es otro de los emblemáticos para el gobierno. El ex magistrado Eladio Aponte, juez estrella del chavismo ahora en Estados Unidos, confesó que Chávez lo llamó para que sentenciara a 30 años de prisión a los comisarios de Caracas.
La experta en seguridad Rocío San Miguel describió a un gobierno que se parece al típico estudiante que se escapa del colegio antes de que le entreguen las malas notas. «Con esta salida, Chávez pretende evitar 60 casos, 28 medidas cautelares y 12 sentencias», explicó la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad.
Líderes opositores temieron que esta decisión supusiera un intento de liberarse de las ataduras ante cualquier decisión fuera de la Constitución en caso de derrota electoral. Un miedo que no comparte el comando de campaña de Henrique Capriles.
Pero Ricardo Antela sí vislumbra horizontes borrascosos: «El propósito último del gobierno sería prepararse para un eventual «Estado de represión»».
Analistas más optimistas constatan que mientras Venezuela no abandone la OEA, su gobierno seguirá sujeto a las denuncias, informes y exhortos de la Comisión de Derechos Humanos. Insulza mostró su «esperanza» de que el país retorne a la Corte y la candidatura opositora anunció su inmediato regreso en caso de ganar el 7 de octubre.
La reflexión de Humberto Prado cierra esta historia: «Sólo a los gobiernos que violan los derechos humanos les molesta la vigilancia internacional». (Daniel Lozano, La Nación de Argentina, 28.09.12)
