Una gestión ambiental eficaz, transparente, participativa, integradora y solidaria con sus trabajadores, son requisitos fundamentales para avanzar hacia una sociedad sustentable
El 7 de septiembre del 2014 la Red Ara manifestó su rechazo ante la desaparición del Ministerio del Ambiente y objetó la subordinación de las políticas ambientales del país a intereses desarrollistas y político-partidistas. Posteriormente, en el pasado mes de abril, saludamos, con reservas, la decisión de re-institucionalizar la gestión ambiental en Venezuela, e instamos a las autoridades del nuevo ministerio de Ecosocialismo y Aguas a asumir sus tareas con profesionalismo y compromiso de país. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por el uso de la doctrina del Ecosocialismo como orientadora de las políticas ambientales, siendo la misma ajena a nuestra Constitución.
Luego de más de cien días de haber sido creado este ministerio las señales que el país ha venido recibiendo desde el nuevo ministerio son alarmantes, y las mismas deben llamar a la reflexión sobre el rumbo que parece estar tomando esta institución.
Al respecto, queremos llamar la atención sobre una serie de situaciones que consideramos son contrarias a las necesidades, expectativas y exigencias nacionales en materia de la protección de los derechos ambientales, el derecho a la participación, así como los derechos laborales de los venezolanos.
1. Existe un vacío de información pública y opacidad sobre las políticas, programas y proyectos que este ministerio pueda estar realizando. No existe información oficial sobre temas tan importantes como las actuales políticas de gestión de aguas, conservación de la biodiversidad, control de la contaminación, ordenamiento territorial, gestión de áreas naturales protegidas o lucha contra el cambio climático (CC)
Tal situación quedó patente en la reciente comparecencia del Ministro Guillermo Barreto a la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En la misma, el ministro habló de avances en planes de lucha contra este fenómeno. Planes que ignoramos existiesen. Igualmente, más allá de estas declaraciones, desconocemos si existe alguna acción dirigida a cumplir con las obligaciones asumidas por el país en materia de CC, incluyendo la realización de informes periódicos y la presentación del documento de “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (INDC, por sus siglas en inglés) que deberá ser presentado antes de la próxima Conferencia de las Partes, el próximo mes de diciembre.
2. Parece existir una ausencia de respuestas en temas ambientales prioritarios para Venezuela. Ello es palpable por la falta de información pública sobre la posición y acción del ministerio frente a situaciones recientes, tales como: La denuncia sobre la presencia de actividad minera dentro del Parque Nacional Canaima, la anunciada ampliación de la zona afectada por minería de carbón en el río Guasare, Estado Zulia, la contaminación por mercurio, el aumento de las tasas de deforestación en Guayana, así como los anuncios de megaproyectos de desarrollo en áreas de alto valor ambiental e incluso áreas protegidas por Ley. Sin que en ninguno de estos procesos pareciese haberse cumplido los requisitos exigidos por la Constitución y la Normativa Ambiental venezolana, ni haber consultado con las comunidades que serán afectadas por los mismos.
3. Continúa la conculcación de competencias ambientales por instituciones sin jurisdicción directa en esta materia. Continuamente diversos organismos del Ejecutivo Nacional, tal como los ministerios de la Defensa, Vivienda y Hábitat, Turismo, Comunas, así como Gobernaciones, Alcaldías entre otros, realizan actividades y dan declaraciones que entran en conflicto con las competencias legales del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. A veces con claro desconocimiento por parte de esas instituciones, no solo de los aspectos ambientales más básicos, sino de las normas legales venezolanas relacionadas con la conservación del ambiente.
Es claro que estas instituciones deben actuar como apoyo de las políticas ambientales del país y en tal sentido deben coordinar su trabajo con el Ministerio sectorial en materia ambiental. Asimismo, este ministerio debe velar por el estricto cumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Nacional y las Normas Ambientales Venezolanas por parte de todos los órganos de la administración pública nacional.
4. Existe una situación de desconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios del extinto MINAMB. Los trabajadores que hasta el 2014 estaban adscritos al Ministerio del Ambiente aún permanecen en un limbo legal que no garantiza su continuidad laboral, ni reconoce sus derechos y beneficios en materia de trabajo. Esta situación está impactando a muchas familias venezolanas que ven con enorme angustia su situación actual y su futuro en un momento de muchas dificultades económicas para todos. Adicionalmente, se les somete a presiones para obligarlos a una liquidación forzosa sin ninguna garantía de respeto por su trabajo y derechos laborales.
Esta circunstancia representa, por una parte, una aberración dentro de un gobierno que se define como defensor de los trabajadores, y por otra, es un menosprecio a la experiencia, conocimientos y compromiso del personal que por años tuvo sobre sus hombros la gestión ambiental del país.
5. No existen canales que permitan la participación efectiva de la sociedad en la gestión ambiental. Diversas organizaciones, instituciones y personas han solicitado a las autoridades del nuevo ministerio que sean oídas sus peticiones y opiniones. A la vez se ha exhortado a las mismas a informar a la sociedad sobre los planes y proyectos que están siendo diseñados o implementados de tal manera de participar y si fuese el caso acompañar y hacer contraloría social de estas acciones.
Pero hasta el momento, no parece existir ninguna intención de abrir canales de participación y diálogo, a la vez que persiste el desconocimiento hacia las organizaciones de la sociedad civil venezolanas en materia ambiental. Si un ministerio pretende actuar supuestamente según valores socialistas, no debería desconocer el principio de participación protagónica consagrado en nuestra Constitución.
Frente a este panorama, la Red Ara reitera su exhorto a las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a actuar de manera eficaz, transparente, participativa e inclusiva ante los retos ambientales del país y de protección a los derechos laborales de los trabajadores ambientales. A la vez que llama a la sociedad venezolana a mantenerse alerta y activos en defensa de nuestros derechos ambientales y sociales.
Comité Coordinador de la Red Ara, 06 de agosto de 2015
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