Cuando se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, los resultados del Informe Anual realizado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), refleja que la situación de las mujeres en el país no es de pleno reconocimiento y garantía de sus derechos humanos. Esta situación es particularmente preocupante para derechos sociales como educación, trabajo, salud y vivienda. Las iniciativas legislativas en la materia y el desarrollo de lagunas políticas públicas no logra todavía generar un impacto significativo para revertir desigualdades estructurales.
Sobre el derecho a la educación los datos recopilados expresan que entre las edades de 6 y 14 años hubo una disminución del porcentaje de mujeres con tasa de escolaridad con respecto al año pasado -95.1 para el 2008 y 96.8 para el 2007-. La proporción para el período entre mujeres y hombres, el llamado “índice de masculinidad”, se ubicó en 102,8. El Informe alerta que esta tendencia debe observarse con atención en los años venideros, a fin de que no se convierta en una propensión de exclusión permanente de las niñas.
En octubre del año 2008 la tasa de personas ocupadas en el país era de 7.240.153 personas, de las cuales 60.7% eran hombres y 39,2% mujeres. Como en años anteriores, continúa observándose la tendencia de la discriminación desfavorable a las mujeres, siendo para octubre del 2009 la tasa de desempleo femenino 9.0%, una cifra mayor a la registrada en el mismo mes del año 2008, cuando se ubicó en 7.7%. De esta manera, para septiembre del año 2009 de cada 11 personas empleadas 7 eran hombres y 4 mujeres, en una relación similar a la del año anterior. Diferentes estudios, por su parte, continúan afirmando que hombres y mujeres no tienen la misma remuneración al desempeñar similares cargos.
Las mujeres han sido las principales afectadas del colapso presentado en el sistema de hospitales públicos en el país. Como consecuencia, entre otras razones, del déficit de galenos, enfermeras y camas, durante el año 2009 se agudizó la situación conocida como “ruleteo obstétrico”, en el cual las embarazadas debían visitar varios centros asistenciales antes de poder dar a luz. El gobierno habilitó maternidades dentro de los centros de Diagnóstico Integral de la Misión Barrio Adentro, sin embargo esta medida no soluciona estructuralmente el problema. Por otra parte según un Boletín Epidemiológico correspondiente al año 2008 se evidenció para este período un incremento del 51% en el número de muertes maternas, siendo las tres entidades con mayor incidencia Carabobo, Anzoátegui y Aragua. En contraposición los embarazos adolescentes han descendido en algunas entidades federales, aunque Venezuela sigue ubicándose como uno de los países con mayor número de embarazos adolescentes en la región, con una tasa de fecundidad adolescente de 91 por cada 1.000 mujeres. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), una de cada 5 venezolanas menores de 20 años es madre, siendo las adolescentes entre 15 y 19 años con menor grado de instrucción las que presentan la mayor tasa de fecundidad. Por último las interrupciones de embarazo en condiciones inapropiadas continúan siendo un problema prioritario de salud pública. Según cifras de organizaciones de mujeres el 16% de las muertes maternas en el país son consecuencias de abortos clandestinos, afectando especialmente a las mujeres de los estratos más desfavorecidos. Por esta situación diferentes organizaciones sociales han venido exigiendo la despenalización del aborto, demanda que ha tenido escasa repercusión en los órganos legislativos.
Con relación al derecho a una vivienda las mujeres continúan siendo las protagonistas de los diferentes mecanismos de protesta y exigibilidad, frente a los escasos resultados de las políticas públicas en el sector. Entre los meses de octubre 2008 y septiembre 2009 se realizaron por lo menos 588 manifestaciones para reclamar un techo digno y propio, siendo la segunda causa de movilizaciones del total de protestas a nivel nacional. Durante este mismo período se registraron por lo menos 96 ocupaciones de terrenos en toda Venezuela, una medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades, las cuales involucraron a por lo menos 8.662 familias. Provea ha constatado que muchas de estas ocupaciones son liderizadas por mujeres con hijos las cuales, ante la ausencia de la figura masculina, deben afrontar por si mismas las penurias de sobrevivir en espacios a la intemperie y sin servicios básicos, así como el proceso de diálogo, negociación y resistencia frente a las autoridades.
Las situaciones de vulnerabilidad no excluyen a las mujeres de los grupos indígenas del país. Desde el año 2005 se han entregado títulos de propiedad que benefician a 1,6% del total de comunidades indígenas existentes. La ausencia de respuestas en una obligación estatal establecida en la Constitución ha originado diferentes conflictos como el protagonizado por la comunidad Yukpa Chaktapa en la Sierra del Perijá, estado Zulia, los cuales tras la realizar la ocupación de tierras como mecanismo de exigibilidad y presión por sus derechos, en un incidente confuso ocasionaron 2 personas muertes y 3 heridas. Una de las asesinadas era un joven Yukpa embarazada, mientras que una niña de 11 años resultó herida de disparos en su cuerpo. El Ejecutivo nacional ha responsabilizado de esta situación al cacique Sabino Romero Izarra, el cual está bajo la jurisdicción militar. Sin embargo, diferentes organizaciones indígenas y sociales señalan a la inexistencia de soluciones estatales como la principal responsable de los hechos.
Es fundamental para avanzar en la equidad de género definir y desarrollar políticas públicas que impidan la discriminación de la mujer en el trabajo, garanticen su acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos y a fuentes de trabajo dignas y productivas, asì como garantizar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres para que incidan en la toma de decisiones de los asuntos económicos, políticos y sociales del país.
