La violencia en el país que, tradicionalmente, se referían a delitos comunes como el robo y el homicidio ha escalado a situaciones que llevan a afectar otros derechos básicos de los ciudadanos, como son la salud o la educación. Para Marino Alvarado, abogado y director de la organización de defensa de los derechos humanos Provea, la situación actual demuestra que: «El Estado, bien por acción u omisión, ha terminado afectando todos los derechos humanos de los venezolanos».
Según el especialista el venezolano vive en un clima de incertidumbre que afecta todos los espacios de su cotidianidad.
-¿Cómo es la evaluación de la situación de violación de derechos humanos en Venezuela en este momento?
-La situación de Derechos Humanos es preocupante, a pesar de que hay un marco jurídico garantista y genera en la gente dos tipos de actitudes: primero un nivel de desconfianza en las instituciones democráticas porque no ven que actúen según las leyes, eso incluye la institución policial, porque no se hace un esfuerzo serio para que las leyes se cumplan y la confianza se materialice. Segundo hay mucho escepticismo e incertidumbre en el futuro del país que se refleja en el estado de ánimo de la gente que afecta incluso los planes del futuro, en esto tiene mucho que ver la violencia institucional y la común que no logra controlar el Estado. Esto afecta la calidad de vida de la gente, y no se ve como perspectiva una mejora.
-¿Qué consecuencia trae la violencia institucional y la común para el venezolano?
-En Provea hemos detectado tres aspectos de cada informe anual: tanto la violencia institucional como la común contribuyen para crear una crisis en los servicios públicos de emergencias del país, las camas de los hospitales están llenas de heridos de bala, resultados de la violencia, un segundo aspecto sería la violencia escolar: en zonas de Caracas donde hay mucha violencia los profesores se están retirando porque no quieren que su seguridad se vea afectada, en las Universidades cada vez más se están reduciendo los horarios nocturnos, pues no se sienten seguros después de las 8 de la noche en Caracas, incluso hay gente que ha preferido dejar de estudiar que arriesgarse a ser una víctima. A eso se suman los desplazamientos de familias que van migrando de unas zonas a otras o entre ciudades, porque se ven amenazados por bandas, y deben dejar los hogares donde han crecido y los entornos que le son comunes.
-¿Cómo interviene la labor policial en esta realidad?
-Yo fui profesor del primer contingente de la Policía Nacional Bolivariana y una de las principales preocupaciones de los funcionarios es que viven en las zonas donde conviven con los delincuentes, siempre contestaban que su aspiración principal era una buena vivienda y fuera de la zona donde vive. Un funcionario policial que vive en permanente angustia de su seguridad y la de su familia, y que vive en un clima generalizado de violencia, termina afectado y, a veces, también abusa del uso de la fuerza.
-¿Entonces todos los derechos están vulnerados?
-Además de la violación directa del derecho a la vida que cometen funcionarios del Estado haciendo uso abusivo de la fuerza y de su condición de oficiales, la situación de violencia termina afectando el disfrute de derechos humanos, y el Estado por acción y omisión termina afectando todos los derechos humanos de la gente.
-¿Qué ha contribuido al incremento de la violencia?
-La teoría tradicional de los sociólogos es que en un país con altos niveles de violencia lo que ayuda a cambiar esa situación es disminuir la pobreza. Si uno evalúa los 11 últimos años de Gobierno es que se ha logrado bajar los niveles de pobreza, pero se ha incrementado la violencia. Lo que ha incrementado esa violencia es el deterioro de los cuerpos policiales del Estado; otro elemento es una pérdida de valores de la sociedad, la falta de resolución democrática de los problemas, el discurso polarizado ha influido de forma muy negativa a que no se interiorice que los conflictos se pueden resolver por métodos pacíficos. Hay violencia que termina en delito y otra que no. Por ejemplo la violencia que se registra en el Metro, cuando hay un servicio que no funciona, lo que se impone es la ley del más fuerte, uno ve cómo en las conversaciones cotidianas ha crecido la hostilidad.
-¿Qué medidas se requieren para revertir situación actual?
-De manera inmediata una medida que pudiera ayudar es desempolvar una ley que existe hace mucho, y que no ha habido voluntad política para poner en práctica, que es la justicia de paz, porque ellos llevan de fondo un mensaje de que existen formas pacíficas de resolver los conflictos, esta seria una primera medida para ir pacificando sectores populares. Segundo los medios de comunicación del Estado deben tener campañas que reivindiquen la existencia de valores no polarizados, sino de concordia y de encuentro con el otro. Tercero hay que hacer un esfuerzo para luchar contra la impunidad, porque castigar el delito tiene un efecto preventivo porque se evidencia que estar al margen de la ley tiene consecuencias. Las normas deben respetarse hay que garantizar en el país un ambiente de diálogo y los líderes políticos tiene que fomentarlo.
Laura Dávila Truelo.
Fuente: El Universal 30.10.10
