La violación de las garantías fundamentales y el trabajo de defensa del derecho a la Vida, a la Justicia y a la Seguridad Ciudadana, son algunas de las motivaciones que impulsan la labor de diversas organizaciones sociales en los estados Lara y Yaracuy, situación que contrasta con las escasas respuestas colectivas a estas problemáticas en el resto del país.
La vulneración de las garantías fundamentales en la sociedad exige una respuesta ciudadana. Asesinatos, ajusticiamientos, masacres, enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, extorsión, delincuencia e inseguridad son algunas de las dificultades sociales que han motivado a los ciudadanos de distintas comunidades del país a organizarse para exigir sus derechos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificados en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
En los estados Lara y Yaracuy, ubicados en el centro occidente de Venezuela, la sociedad ha ejercido ciudadanía a través del derecho a la participación y a la manifestación pacífica, exigiendo que se respete, entre otros aspectos, el derecho a la vida, a la justicia y a la seguridad ciudadana. Es importante recordar que de acuerdo al Informe Anual 2008 elaborado por Provea, de los 247 casos de violación al derecho a la vida 48 se ubican en el estado Lara, mientras que 5 casos se registraron en el estado Yaracuy.
En este trabajo periodístico, conoceremos según las propias palabras de sus protagonistas el trabajo de organizaciones sociales en estos dos estados, las cuales han emprendido una lucha y alzado su voz de protesta para exigir el pleno desfrute de los derechos humanos.
En Lara, agrupaciones ciudadanas que han respondido de manera organizada a las dificultades, se han hecho sentir a través de Comité de Víctimas contra la Impunidad (CICV), el Frente Clasista Argimiro Gabaldón y la Asociación de Comerciantes del Municipio Jiménez, mientras que en Yaracuy, los movimientos sociales que se han generado están representados por el Comité de Familiares Víctimas de la Masacre de Yumare y el Comité de Víctimas de Bruzual.
Comité de Víctimas Contra la Impunidad (CVCI)
“Guardar silencio ante la impunidad es actuar a su favor” es el lema del Comité de Víctimas Contra la Impunidad, una organización social que se desempeña en el estado Lara desde el 30.11.04 con el objetivo de ser un instrumento de participación ciudadana ante la problemática de impunidad que se presenta en las distintas jurisdicciones de la entidad por la violaciones de derechos humanos. Su trabajo se fundamenta en la exigencia del acceso a la justicia al Estado venezolano, finalidad para la cual mantienen actividades permanentes de orientación y acompañamiento de las víctimas, que integran o no el comité, en los procesos judiciales, basándose en la filosofía de trabajo de las tres (3) D: “Denunciar, Documentar y Difundir”, siempre evitando constituirse en un “ente gestor de casos”, según sus propias palabras.
Su labor se ha fundamentado en la orientación y solidaridad con las víctimas en sucesos ocurridos en distintos municipios del estado Lara y el estado Yaracuy. Además, durante cinco años, se ha focalizado principalmente en la defensa del derecho a la vida, a la justicia y a la seguridad ciudadana. El CVCI se aboca a realizar seguimientos de casos, registro de estadísticas de violencia e impunidad, investigaciones y planteamientos sobre políticas de seguridad y depuración policial.
El Comité se define como una organización de defensa, sin registro jurídico. A nivel estructural, está conformado por una asamblea de miembros que la integran, según estimaciones, sesenta (60) personas víctimas directas o indirectas de casos de impunidad. Se rigen por una organización horizontal en la cual todas y todos miembros “participan abiertamente con derecho a voz y a voto” en las reuniones semanales, que realizan los días martes, para discutir, analizar y evaluar las líneas de trabajo, las actividades de denuncia y de lucha por las reivindicaciones sociales que exige el comité.
El CVCI ha logrado integrarse con el trabajo de de lucha social de otras organizaciones, defensores y defensoras de los derechos humanos. Han mancomunado esfuerzos para integrarse en la defensa del derecho a la vida y a la justicia, con el Frente Clasista Argimiro Gabaldón, en Barquisimeto, con el Comité de Víctimas de Bruzual, en Yaracuy, y otras instituciones regionales como el Observatorio de Derechos Humanos de la Mujer Capítulo Lara, la Asociación Larense de Planificación Familiar (ALAPAF), la Asociación Regional de Ciegos del Estado Lara (ARCEL), el Centro de Formación Ideológico de la Universidad Yacambú (UNY), las escuelas de Psicología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y UNY, el Instituto Universitario Jesús Obrero (IUJO), la Asociación civil Fe y Alegría, la Fototeca de Barquisimeto y la Asociación de madres y padres con hijos en el cielo.
A nivel Nacional, han establecido vínculos con el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Centro de Educación y Capacitación para la Vida (CECAVID), el Comité de Familiares Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Amnistía Internacional, el Comité Prodefensa de los Derechos Humanos del estado Falcón, la Organización Justicia y Paz del estado Aragua y el periódico El Libertario.
La integración y participación ciudadana que se ha impulsado desde el comité de víctimas ha permitido la integración de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de las personas víctimas de impunidad en el estado. Sin embargo, según sostiene Ninoska Pifano, integrante del CVCI, hasta la fecha no han logrado estrechar relaciones de defensa con los Consejos Comunales, como organizaciones ciudadanas. Al respecto Pifano enfatiza: desde el Comité “incluso, nos ha tocado denunciar a algunos Consejos Comunales que han actuado en contra de algunas víctimas, particularmente dos casos en Sanare”.
Desde su fundación, el Comité de Víctimas contra la Impunidad en Lara, ha registrado trescientos (300) casos de violación del derecho a la vida producto de ajusticiamientos, masacres, enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. En 2008, contabilizaron cincuenta y siete (57) ejecuciones extrajudiciales y veintiocho (28) sucesos de abuso policial. Para 2009, han registrado 15 casos de violaciones del derecho a la vida, que según el monitoreo que realizan de la prensa, en su mayoría corresponden a muertes en enfrentamientos.
El comité como organización social ha denunciado los casos ante distintas instancias legales. Han establecido reuniones con el Ministerio Público, a través de las Fiscalías, organismos a los cuales han presentado la plantilla de casos impunes en la región. Hasta la fecha, las instituciones de justicia solamente han resuelto uno (1) de los trescientos (300) casos sistematizados por el Comité de Víctimas contra la Impunidad. Se trata de la muerte de José Felix Arcia Nuñez, asesinado el 22.06.04, al salir de su trabajo en un sitio nocturno en Barquisimeto por Walter José Mendoza Piña, funcionario de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara, quien fue encontrado culpable por “homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego” y condenado, el 30.06.06, “por el Tribunal de Juicio N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a cumplir la pena de diecinueve (19) años de prisión”. Luego de cuatro (4) años de juicio, fue ratificada la sentencia y, el 25.03.2009, se dictó la medida de reclusión”. (Tribunal Supremo de Justicia, 26.03.09, http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2009/marzo/633-26-KP01-P-2003-001101-.html).
Como parte de la lucha social, el comité ejerce su derecho a la participación ciudadana mediante las convocaciones periódicas que realizan para las movilizaciones de calle y concentraciones, las cuales generalmente se efectúan frente a los Tribunales del estado Lara; entre ellas desataca la Cadena Humana por la Vida y contra la Impunidad realizada en mayo de 2009 conjuntamente con otras coaliciones de Derechos Humanos. También se han concentrado en tres oportunidades frente a la Fiscalía General de la República, en Caracas, para denunciar los casos de impunidad en Lara.
El comité, además, se afianzado en actividades culturales para ejercer la protesta. Por esta razón, han realizado jornadas de murales en Barquisimeto, Quibor y Santa Rosa, en esta última localidad también erigieron un Monumento a las Víctimas de Impunidad. Han realizado, además, diversos foros en universidades del región, en comunidades larenses y en otros estados del país.
De igual manera, el Comité de Víctimas hace sentir su trabajo en contra de la Impunidad a través del programa radial “No Hay Derecho”, un espacio masivo que se fundamenta en la denuncia desde el testimonio de las víctimas y sus familiares. Esta producción radiofónica, que les permite ejercer su ciudadanía, es transmitido por Radio Fe y Alegría, 97.5 fm en Barquisimeto, todos los miércoles en horario de 6 a 7pm.
Asimismo, han ejercido la ciudadanía en los medios con la participación en diversos programas radiales y televisivos de la región. También, el comité de víctimas suministra la información para las investigaciones periodísticas sobre los casos de impunidad que ha realizado el diario El Impulso.
La lucha social que fundamenta el trabajo del comité es la exigencia del respeto al Estado de Derecho en el país. Reclaman acceso a la Justicia y Celeridad en los procesos judiciales de los casos denunciados. De igual manera, exigen una revisión total y la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado debido a que en la mayoría de los casos de violación del derecho a la vida, a la justicia y a la seguridad ciudadana investigados desde el Comité de Víctimas, están implicados funcionarios policiales.
Además, solicitan a la ciudadanía “denunciar sistemática, activa y públicamente a los funcionarios que con su silencio administrativo, retardo, tráfico de influencias, error u omisión, parcialidad, corrupción, e intimidación conforman un eslabón más de la cadena delictiva y de impunidad que genera el Estado; solicitando su destitución, inhabilitación y encarcelamiento”.
Frente Clasista Argimiro Gabaldón
Este colectivo surge como una respuesta ciudadana ante los sucesos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura y extorsión en cuales se involucran los cuerpos de seguridad del Estado. Su origen tuvo como impulso la muerte de los Hermanos Pérez Heredia; Engel Alexander (33) y Fabricio Douglas (31), quienes presuntamente fueron extorsionados, secuestrados, torturados y vilmente asesinados por funcionarios de la Policía del Estado Lara, en el sector El Yabalito, vía a Pavia en las adyacencias de Barquisimeto. El hecho ocurrió el 29.04.2008, la misma fecha para la cual se conformó el Frente Clasista Argimiro Gabaldón, organización que se fundó desde el ceno de su familia y vecinos del sector de San José en Barquisimeto, donde residían los dos (2) jóvenes asesinados.
La indignación, el dolor, el sentimiento de lucha y el clamor de Justicia convirtieron el funeral de las víctimas en un acto de protesta social, a la cual se integró la sociedad larense en general y diversas organizaciones que desde ese mismo día unieron esfuerzos para rechazar “la actuación violenta y delictiva de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado”.
Esta organización mantiene encuentros frecuentes. Realizan discusiones, círculos de estudio, foros y asambleas conformada por los miembros. El trabajo de este colectivo, que tiene como bandera la consigna “Sin Justicia no hay Revolución”, se fundamenta en el seguimiento de casos de violaciones del Derecho a la Vida y Seguridad Ciudadana, esencialmente.
Además, se abocan a organizar las actividades para ejercer el derecho a la participación y a la manifestación pacífica. Por el caso de los hermanos Pérez Heredia, actualmente, en el marco de la defensa del derecho a la Justicia, se organizan para ejercer las acciones legales de las audiencias del juicio que se le siguen a los funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara involucrados en el delito.
La labor de este frente abarca también el seguimiento de casos a los cuales se vinculan los cuerpos de seguridad. Además se encargan de ofrecer orientación, acompañamiento y atención a las víctimas con la finalidad de compartir experiencias y unificar la lucha. Desde esta perspectiva, se han solidarizado con alrededor de 20 casos ocurridos en la entidad, entre ellos la masacre de los Pocitos, la Masacre de Chabasquén y otros de sucesos de violación del derecho a la vida.
El Frente clasista se define como comité autogestionario sin registro jurídico. Mantiene una organización horizontal, con una participación igualitaria de sus miembros. Además cuenta con una asamblea de 50 personas que se integran como voceros y se dividen en cinco (5) comisiones: Comisión Permanente, Comisión Legislativa, Comisión de Logística, Comisión de Finanzas y Comisión de Medios.
El Frente Clasista ha tenido gran receptividad y apoyo de la comunidad de San José, la cual se ha logrado integrar a la lucha social que se mantiene desde esta organización. También, su trabajo es apoyado por los Consejos Comunales del sector, algunas misiones sociales, sindicatos y grupos campesinos de estado Lara. Además, han recibido apoyo de defensoras y defensores de los derechos humanos y diversas instituciones sociales de la región, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad, con la finalidad de unificar la lucha contra la violación de las garantías fundamentales por parte de los cuerpos de seguridad, situación que se ha intensificado en el estado Lara, según denuncian los miembros del colectivo.
También, a través de las clínicas jurídicas promovidas por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) han logrado obtener capacitación sobre los procesos legales que se deben seguir para exigir Justicia.
Esta organización ha ejercido diversos mecanismos legales de defensa ante las instancias de justicia, por las violaciones de los derechos humanos en los cuales se involucran a funcionarios. Su actuación legal se ha enfocado principalmente en el caso de los hermanos Pérez Heredia, hecho por el cual el Frente Clasista Argimiro Gabaldón ha establecido relaciones con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, instancia que ha enviado varios fiscales a conocer el caso en la entidad larense.
Asimismo, según afirman los voceros, a través de la lucha social y las acciones legales, esta organización logró que fuesen detenidos cuatro (4) funcionarios involucrados en el suceso: Graciano Granda, sargento segundo; Luis Camacaro, cabo primero; Dixon Canelón, agente y Erick Torcate, distinguido. Sin embargo, denuncian que la Justicia no se ha cumplido a cabalidad, debido a que los uniformados “están detenidos en la Comandancia de la Policía del Estado Lara recibiendo todos los beneficios”.
De la misma forma, exigen celeridad en el proceso judicial y apego a los principios de justicia debido a que en la octava audiencia, celebrada en agosto de 2009, sobre el caso, se esperaba que el Tribunal Segundo de Juicio dictara sentencia firme e imputara a otras dos personas involucradas en el suceso, sin embargo, la sala suspendió de la audiencia y ordenó el cambio del tribunal de escabinos, acción que representa un retardo procesal debido a que con las modificaciones el juicio deberá volver a su etapa inicial.
Sus voceros manifiestan que “su único escenario es la calle a través la denuncia”. En este sentido, el Frente Clasista Argimiro Gabaldón ejerce su derecho a la manifestación pacífica con las concentraciones que frecuentemente realizan en la Plaza la Justicia de Barquisimeto la cual se ubica frente al Edificio Nacional.
Estas acciones de protesta, además, se realizan durante el desarrollo de las audiencias del Juicio por el Caso de los hermanos Pérez Heredia. El frente, con el apoyo de otras organizaciones ciudadanas y colectividad en general se concentran con pancartas y corean consignas exigiendo Justicia.
También han realizado manifestaciones a nivel nacional. En junio de 2008, impulsaron una movilización hasta Caracas donde ejercieron una concentración en la Fiscalía General de la República, acudieron a la Asamblea Nacional y al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, instancias a la que además entregaron un pliego de peticiones con base a la trabajo de defensa de los derechos humanos que sostienen desde esta organización.
Además de ello, el Frente Clasista ha asumido la protesta social como una responsabilidad para denunciar las violaciones y atropellos desde otras perspectivas. Sus miembros se han apoyado en actividades culturales y deportivas para continuar con su lucha, lograr integrar a la comunidad y hacer extensivo el repudio de la violencia.
El trabajo de promoción cultural ha sido otra de sus estrategias de exigibilidad de derechos. Desde la muerte de los hermanos Pérez Heredia, han desarrollado encuentros y torneos de distintas disciplinas deportivas como forma de integrar a los jóvenes de la comunidad. Han organizado exposiciones fotográficas de las personas asesinadas en el estado Lara por funcionarios de seguridad ciudadana. También con la colaboración de la comunidad de San José, han pintado murales que plasman mensajes de reivindicación social en defensa de sus principios: Exigir respeto a la Vida, a la Justicia y a la Seguridad Ciudadana. Han participado, además, en diversas jornadas de discusión y manifestación pacífica con otras organizaciones sociales, como el Primer Encuentro Nacional Revolucionario por el Derecho a la Vida y la Cadena Humana por la Vida y contra la Impunidad, eventos realizados en mayo de 2009.
Esta organización, ante la violación de derechos fundamentales de los cuales han sido víctimas, realiza una serie de peticiones al Estado para que, como representante de la población, garantice óptimas condiciones sociales dentro de las comunidades. En este sentido, el Frente Clasista Argimiro Gabaldón exige el cese de los atropellos, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos policiales en el país, y específicamente en el estado Lara.
Solicitan el diseño de políticas para la construcción de cuerpos de seguridad que verdaderamente se aboquen a brindar protección a la ciudadanía. Para ello, además, sugieren una revisión profunda y la depuración de las Fuerzas Armadas Policiales.
Comité de Familiares Víctimas de la Masacre de Yumare
Reivindicar la memoria de las nueve (9) personas que murieron en la Masacre de Yumare, ciudadanos que fueron secuestrados, torturados y masacrados, representó la razón que inspiró a las organizaciones sociales en Yaracuy a consolidar la lucha en defensa de las garantías fundamentales y lograr que la justicia se cumpla.
Los sucesos de violencia que se dieron lugar el 08.05.86 en el caserío la Vaca, cercano a Yumare, en el municipio Bolívar del estado Yaracuy, dejaron sin vida a Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Giménez García, Simón José Romero Madriz, Alfredo Caicedo Castillo y Dilia Antonia Rojas. Un grupo de revolucionarios de distintas zonas del país que se reunieron aquel día y fueron presuntamente ejecutados por funcionarios de la Disip.
Este suceso, repudiado por violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos, motivó a los familiares, amigos y compañeros de lucha de los caídos ha conformar el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, fundado el 26.07.86 con la finalidad de “hacer eco del clamor popular por el respeto a los derechos fundamentales del hombre” y reivindicar la memoria de los masacrados.
20 años después de un largo camino en defensa de la Vida y la Justicia, los familiares de Dilia Rojas, una de las asesinadas y luchadora social de Yaracuy, consolidaron este movimiento ciudadano con la conformación del Comité de Familiares Víctimas de la Masacre de Yumare, justamente el 26.07.06, cuando conmemoraban un año más del fallecimiento de sus hombres y mujeres de lucha.
La defensa por “los ideales del hombre, de la vida y la justicia” comprometen la labor de esta organización ciudadana que tiene 23 años de lucha social, justamente el mismo tiempo que llevan exigiendo el esclarecimiento de los hechos por el caso de la Masacre de Yumare.
Su experiencia se ha consolidado en la defensa de las garantías fundamentales con las que debe contar los ciudadanos y la reivindicación sobre el carácter protector y de resguardo, mas no represor, que deben tener los organismos de seguridad en cualquier Estado. Su labor, además, se afianza en la lucha contra el olvido y en el trabajo social de concientización sobre las masacres como hechos violentos que se deben repudiar en todos los sentidos.
Este comité está conformado por los familiares de Dilia Rojas, al igual que se han organizado los familiares de las demás víctimas en los otros estados del país de donde cada uno era. La organización está compuesta por los 8 hijos de Rojas, primos, algunos parientes y amigos. Se definen como una organización de lucha social. Su conformación ha sido voluntaria y se mantienen sin registrarse jurídicamente. Actualmente, sus miembros se conforman como voceros, quienes consideran que todos tienen las mismas atribuciones y responsabilidades.
Luego de 20 años de lucha, a partir de 2006 consolidan su clamor de justicia, exigiendo en nombre del Comité que se hagan cumplir los estatutos legales que se establecen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativas jurídicas vinculantes.
A pesar que los miembros de esta organización se han mantenido firme defendiendo los principios humanos y ejerciendo las acciones legales correspondientes, señalan que hasta la fecha la justicia no se ha hecho cumplir a cabalidad. Sin embargo, evalúan como positiva la disposición del gobierno actual por esclarecer los hechos y consideran los adelantos que se han realizado en los últimos tres (3) años desde la Fiscalía General de la República. Prueba de ello, es la medida tomada por el despacho de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General, el 19.08.09, con la cual se ordenó la imputación de nueve (9) de las ciudadanos vinculados con la Masacre.
El Comité de Familiares Víctimas de la Masacre de Yumare, por su experiencia en la labor ciudadana, ha logrado integrarse con otras organizaciones sociales que defienden los mismos principios y mantienen el sentimiento luchador que los ha caracterizado. Así lo demuestra la solidaridad y receptividad de la población yaracuyana que se ha sumado voluntariamente con las causas del Comité. Además, esta organización se ha fortalecido con la unificación de sus reivindicaciones que han mantenido conjuntamente con el Comité Mario Petit y el Comité Yaracuyano por la Dignidad y la Vida
También han establecidos relaciones con los comités de familiares víctimas que se han conformado en distintas zonas del país por la Masacre de Yumare. Igualmente, han mantenido un trabajo en defensa de los derechos humanos con el Comité de Víctimas de Bruzual y el Frente Clasista Argimiro Gabaldón en Barquisimeto, organizaciones a las cuales han apoyado, orientado y acompañado en sus luchas. Desde otros espacios ciudadanos, esta organización trabaja mancomunadamente con distintos consejos comunales del estado Yaracuy, con los cuales han fortificado el trabajo social en diversos sectores de la entidad.
Además de ello, el Comité también logró articular voluntades con el poder ejecutivo a nivel regional. Sus miembros señalan, que recibieron el apoyo del ex gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, quien colaboró con la labor del comité y se sumó a sus reivindicaciones.
Desde la fecha del suceso, son innumerables las manifestaciones y acciones sociales que han emprendido como parte de la defensa de sus principios. Han desarrollado actos de protestas sociales y actividades culturales cada aniversario de la Masacre para reivindicar la esencia del movimiento y la memoria de las personas caídas aquel 08.05.86. Con la conformación del comité han afianzando su trabajo de lucha a través de concentraciones ante los distintos organismos de justicia del país.
“Nuestras víctimas no tenían precio, por eso es necesario incorporar las tejido social, la memoria de los fallecidos como un valor”. Ésta ha sido una de las principales reivindicaciones que se han trazado los integrantes del comité de víctimas, quienes además consideran el cumplimiento de la justicia como otro de los motivos fundamentales que impulsan este movimiento social.
Además, exigen, puntualmente, la privativa de libertad y las penas de justicia correspondientes para los funcionarios de la Disip y otros sujetos vinculados directa o indirectamente con la Masacre de Yumare. Solicitan que la ley se haga cumplir para castigar a Henry López Sisco, quien se desempeñaba como Comisario de la Disip y señalan como responsable del suceso. También responsabilizan del hecho al Presidente de la República para la fecha del suceso, Jaime Lusinchi y a los funcionarios Nolberto Antonio Rabanales, Julio Vicente Renult, Oswaldo Ramos Oviedo, Raúl Fernández León, Aníbal Adan Quero, William Prado Sifontes, Noel Rosales Castro, Manuel Barroso Narváez, Freddy Grangugger Pérez, Eugenio Creazola Armas, Róger Contreras Bayer, Berman Vega, Rafael Rojas, Bergenisciarte y a otros 42 funcionarios de seguridad “cómplices, encubridores e implicados en el delito”.
Comité de Víctimas de Bruzual
Los hechos de violencia que se intensifican en el Chivacoa, municipio Bruzual del estado Yaracuy, han motivado la organización de la ciudadanía para hacer frente a una problemática que afecta a diversas comunidades de esta localidad.
La masacre de Monte Oscuro, suceso ocurrido el 07.12.2008, en la cual murieron 7 jóvenes, fue el motivo que impulsó a los familiares de las víctimas y amigos a organizarse en este comité que se originó en el mismo sector del suceso, en Chivacoa, municipio Bruzual del estado Yaracuy. Este comité se conformó días después del asesinato de Jorman Macarella (16), Hansel González (16), Róger Gómez (18), Maikel López (19), Edinson Mendoza (20), Eduardo León (22) y Ronny López (23), cuando sus integrantes, decidieron reunirse y planificar acciones de protestas pacíficas ante las instituciones de justicia del estado Yaracuy para hacer público el repudio del acontecimiento violento del cual fueron víctimas.
La asamblea del comité ha establecido como finalidad la lucha para exigir el esclarecimiento del caso y el cumplimiento de la justicia ante el hecho delictivo que dejó sin vida a siete (7) jóvenes del sector Monte Oscuro. Sus miembros han explicado que “este comité nace con la intención jurada de no dar descanso a nuestros brazos, nuestros corazones y mentes hasta llegar hasta los últimos rincones de la verdad que nos enluta y defender todas las causas en defensa de los Derechos Humanos”. Asimismo, se han organizado comunitariamente para ejercer las acciones legales correspondientes, hacer sentir su voz de protesta y defender los derechos de Vida, Justicia y Seguridad Ciudadana.
Su trabajo se ha enfatizado en la organización comunitaria entre los miembros del sector para lograr que la colectividad en general se integre a la lucha, se fortalezcan sus exigencias y se consolide el movimiento en defensa de los derechos humanos que han emprendido.
A pesar que la motivación principal de esta congregación social se focaliza en la masacre de Monte Oscuro, el Comité de Víctimas de Bruzual, también se ha fundamentado en la lucha ciudadana para exigir justicia ante las situaciones de violencia que se han sucintado con frecuencia en distintos sectores del municipio, según denuncian sus miembros.
Alrededor de 15 personas, entre familiares, vecinos y amigos conforman este comité, el cual representa una organización ciudadana sin registro jurídico. El comité tiene una organización horizontal con la participación igualitaria de sus miembros. Desde diciembre de 2008, la asamblea mantiene frecuentemente conversatorios y reuniones para discutir y planificar las acciones a tomar en defensa de sus causas.
Este comité ha ejercido las acciones legales correspondientes ante los Tribunales y el Ministerio Público, organismo que designó un fiscal de competencia nacional para desarrollar las investigaciones, pero “hasta la fecha no han recibido respuesta sobre el caso”, según sostienen sus miembros, quienes denuncian, además, que las instituciones correspondientes no han realizado interrogatorios, allanamientos ni han dictado sentencias sobre la masacre. En su lucha por la justicia, el comité también introdujo un pliego de peticiones sobre las investigaciones y la problemática que afecta el derecho a la seguridad ciudadana en la zona ante el Consejo Legislativo del estado Yaracuy y la Asamblea Nacional.
Esta organización ha recibido el apoyo de la comunidad, la cual voluntariamente se ha solidarizado con los familiares de las víctimas y apoyado su lucha. También, alrededor de seis (6) consejos comunales del sector de Monte Oscuro y otros sectores cercanos han apoyado la labor que ejerce el Comité de Víctimas. y los han apoyados desde estas organizaciones locales. Además, han recibido la colaboración de otras organizaciones que trabajan en defensa los derechos humanos. En Yaracuy, el Colectivo Mario Petit que también se vincula con el Comité de Víctimas de Yumare, apoyó a la organización ciudadana en Monte Oscuro a través del Comité. Desde Lara, el Comité de Víctimas contra la Impunidad también se ha solidarizado con esta causa y les han brindado apoyo, asesoría, orientación a los familiares de las víctimas.
El Comité de Víctimas de Bruzual ha hecho sentir su clamor de justicia a través de manifestaciones pacíficas. A una semana de la masacre, el comité acompañado de la colectividad y otras organizaciones se concentró frente al Consejo Legislativo del estado Yaracuy, en San Felipe, para exigir una actuación oportuna de las autoridades locales frente al suceso ocurrido el 07.12.2008. Ante este organismo parlamentario, además entregaron un pliego de peticiones en defensa del Derecho a la Vida y a la Seguridad Ciudadana. También en dos (2) oportunidades han ejercido protestas pacificas frente a la sede de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en el estado Yaracuy, como organismo responsable de las investigaciones sobre el caso de la Masacre.
Las peticiones que fundamentan el trabajo ciudadano que realiza el Comité de Víctimas de Bruzual se basan en que la Justicia reine sobre la Impunidad. Solicitan mayor seguridad y protección para el sector de Monte Oscuro y sus habitantes, exigen que se desarrollen investigaciones sobre los cuerpos policiales de la región, para que de esta manera, además, se promuevan políticas de seguridad ciudadana desde los organismos del Estado venezolano.
Asociación de Comerciantes del Municipio Jiménez, estado Lara
La situación de inseguridad que ha azotado al municipio Jiménez del estado Lara ha sido razón suficiente para que la ciudadanía, desde sus distintas organizaciones, genere respuestas colectivas a los problemas de delincuencia y secuestro que afectan a la jurisdicción.
La violación frecuente de los derechos fundamentales en la zona, aunado a los 20 asesinatos en un año y 17 robos que ocurrieron en una misma semana, motivaron al sector comercio del municipio Jiménez en Lara, en marzo de 2008, a iniciar una lucha contra los problemas sociales que afecta a la población en general. Para ello, se conformaron en la Asociación de Comerciantes del Municipio con la finalidad de generar una respuesta ciudadana para combatir principales problemáticas que azotan a Quibor, capital de la jurisdicción y sus demás poblaciones vecinas.
La misión social que se han establecido los comerciantes a través de esta coalición se fundamenta en la integración para hacer frente a la inseguridad a través de respuestas ciudadanas que se manifiestan mediante las protestas pacíficas y la articulación con las instituciones locales del poder ejecutivo y legislativo responsables de la seguridad ciudadana.
La Asociación de Comerciantes del Municipio Jiménez se conforma como una organización civil sin fines de lucro, registrados jurídicamente. Está compuesta por alrededor de 250 comerciantes de la localidad y representada por una directiva de cinco (6) miembros, los cuales se constituyen de esta manera: presidente, vicepresidente, consultor jurídico, secretario, tesorero y los vocales.
La dinámica de trabajo de los comerciantes, principalmente se basa en la instalación de mesas de trabajo, asambleas y reuniones con los distintos actores del municipio: ciudadanos, gobierno y sectores productivos. Según señalan sus miembros, la Asociación de Comerciantes es la única organización local que han dedicado a plantear y discutir soluciones adecuadas a las problemáticas de seguridad ciudadana que afecta a la colectividad en general.
A pesar que esta asociación agrupa a un solo sector de la población de Jiménez, esta organización ha logrado mancomunar esfuerzos con la colectividad en general para fortalecer lo que han denominado “una lucha social contra la inseguridad”, integrando a los diversos sectores: representantes regionales, locales vecinales, consejos comunales, organizaciones sociales, productores, agricultores y demás trabajadores, artesanos, movimientos religiosos, educadores, estudiantes, representantes y amas de casa.
La inseguridad y la delincuencia, son factores sociales que no discriminan sector alguno en este municipio, según denuncian representantes del sector comercio, quienes en su lucha para hacerle frente a estas dificultades han establecido jornadas de trabajo con los cuerpos de seguridad del estado y con el gobernador de Lara, Henri Falcón para discutir el tema de inseguridad que afecta a la localidad y diseñar conjuntamente programas de seguridad que efectivamente ayuden a combatir las problemáticas delictivas, como los asesinatos, robos y secuestros que constantemente se comenten en la región.
Han elaborado, además, un plan social que podría servir de alternativa para que los organismos correspondientes se aboquen a atender la problemática de inseguridad que afecta a la población y se puedan garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. A través de estas acciones legales, también han logrado que el Plan de Seguridad promovido por el ejecutivo regional tuviese como centro piloto esta jurisdicción.
Representantes de la Asociación de Comerciantes, manifiestan que consideran positivos los esfuerzos realizados por el gobierno regional para atender esta problemática. Sin embargo, consideran que aún se hacen necesarios varios mecanismos de seguridad y de atención social para poder solventar efectivamente la inseguridad que reina en Quibor y sus zonas aledañas.
La labor social de la asociación de comerciantes, en materia de derechos humanos, se fundamenta esencialmente en el ejercicio del derecho a la protesta. Su acción en defensa de las garantías se ha enfocado en manifestaciones pacíficas, a las cuales se han integrado los diversos sectores que hacen vida en la jurisdicción. Concentraciones, marchas y paros cívicos han tenido lugar en el municipio Jiménez.
Además, el trabajo ciudadano que desempeña la asociación y el cual es competencia de la población, se ha fortalecido también con reuniones semanales con los distintos sectores vinculados al tema de la seguridad ciudadano. Todos los lunes, ejercen su derecho a la participación a través de las jornadas que han denominado el “Centro de la Seguridad”, el cual representa una asamblea donde se discuten los aspectos vinculados con la problemática que los afectan y desde la ciudadanía, las distintas organizaciones sociales, los organismos de seguridad y los representantes comunales y locales que participan se realizan propuestas para lograr fortalecer el trabajo de lucha contra la inseguridad.
También el trabajo ciudadano que encabeza la asociación de comerciantes, tiene un destino masivo, a través de un espacio radiofónico, el cual han destinado a informar, opinar y discutir diversos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana en el municipio.
Las exigencias de este movimiento ciudadano, que se ha hecho sentir a través de los comerciantes se fundamentan en la defensa del derecho a la seguridad ciudadana. Sus peticiones han estado enfocadas a solicitar el diseño y la discusión de un programa integral para la seguridad en el municipio. Además solicitan la dotación de los cuerpos policiales y una adecuada capacitación y formación de los funcionarios. Además plantean el fortalecimiento de las relaciones entre la ciudadanía, los cuerpos de seguridad y las autoridades ejecutivas para afrontar la problemática de inseguridad y fomentar la construcción de una sociedad justa.
