En medio de los debates que se desarrollaron en el país como consecuencia del cierre de la frontera y de las razzias represivas de la llamada operación para la liberación del pueblo, un hecho pasó desapercibido: la declaratoria de emergencia en Puerto Cabello y en Coro por escasez de agua. Mediante el Decreto 1.861 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.69, se autorizó al Ministerio para Ecosocialismo y Aguas dictar por vía de excepción las “medidas especialísimas” que estimara pertinentes, a fin de garantizar a la población falconiana el suministro de agua. Un mes antes el Alcalde de Puerto Cabello le había solicitado al Ejecutivo Nacional declara también estado de emergencia. Para esa misma época lo había solicitado el alcalde de Lechería en Anzoátegui. La falta de agua también la sufre la población de Maracaibo, de Carúpano y Cumaná y buena parte de Caracas. Bien puede verse que no se trata de caseríos de algún apartado lugar del país. Se trata de ciudades importantes con población mayor a las 200.000 personas.
Es decir, a la ya difícil situación que vive el pueblo venezolano por los altos niveles de inseguridad, la escasez y la carestía se le suma el no contar con el servicio de agua. Las noticias indican que en algunos barrios de esas ciudades las familias han pasado más de 30 días sin el servicio.
Las razones son varias: desde falta de mantenimiento a equipos de bombeo, inadecuados mecanismos de distribución del agua y la situación crítica de algunos embalses. El asunto no es nuevo.
El presidente de la República Nicolás Maduro el 29 de octubre de 2013 anunció la creación de una Comisión Nacional para Optimizar el Suministro de Agua. Indicó en aquella oportunidad: “La Revolución ha hecho un gran esfuerzo por llevar al agua a casi todos los hogares, pero por diversos motivos no se ha podido. Este tema es muy sentido por la población y no podemos aceptar que eso se vuelva un problema peor para el pueblo”.
Casi dos años después el presidente anuncia la creación del Consejo Nacional Presidencial del Agua. Se crea sin presentarle al país los resultados de la Comisión Presidencial anterior. Se induce que los resultados no son los mejores pero además improvisación por parte del Ejecutivo pues se supone ya existía una instancia creada por él mismo para cumplir lo mismo que ahora se propone.
En Venezuela desde el año 2007 existe una Ley de Aguas. Su artículo 1 establece que el agua es un elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, y es de carácter estratégico e interés de Estado. El artículo 5 establece que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. Es por lo tanto una obligación del Estado garantizar dicho acceso tal como lo indica claramente la mencionada ley de aguas y puede ser exigible por los ciudadanos en el marco de la Constitución y la ley.
La crisis del servicio público de agua significa por lo tanto una violación de un derecho fundamental y sería conveniente que la Defensoría del Pueblo exigiera al Ejecutivo Nacional explicaciones de las causas de la crisis existente y coordinar las medidas inmediatas que puedan establecerse.
Quienes vivimos en el país debemos asumir conscientemente la crisis colaborando con un uso racional. El gobierno debería, en lugar de usar los medios públicos para desprestigiar y amenazar a los y las activistas de derechos humanos, educar a la comunidad sobre el mejor uso del agua y dar información confiable de las medidas que se tomarán y los resultados para facilitar el ejercicio de la contraloría social de personas y organizaciones sociales. El presidente de la República debería hablarle claro al país de cuál es la dimensión de la crisis y no estar inventando que habrá saboteo a los servicios públicos. En lugar de estar amenazando debería garantizar eficiencia. O será que con las amenazas pretende que la población no exija su derecho tal y como lo establece la propia Ley de Aguas.
