Este lunes fueron publicadas en la web del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas las observaciones finales y recomendaciones dadas al Estado venezolano a propósito del tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, que se presentó el 2 y 3 de junio en Ginebra, Suiza.
Se trata de más de 30 puntos de preocupación, y sus recomendaciones, sobre el desempeño del Estado venezolano en el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Venezuela no ratificó durante su comparecencia en las Naciones Unidas a inicio de junio.
El comité llama la atención sobre los obstáculos para que sean justiciables los derechos consagrados en el Pidesc. “Preocupa al Comité la falta de coherencia en su aplicación y que según información recibida el Tribunal Supremo de Justicia en algunos casos ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran fuera de la esfera de protección judicial”. Se insta al Estado a divulgar y promover la defensa de los derechos contenidos en el pacto; así como a ratificar el Protocolo Facultativo y considerar la reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre derechos humanos.
Tendencias regresivas en la lucha contra Pobreza
El Comité nota con preocupación que en los últimos años se ha visto una tendencia regresiva en los resultados de lucha contra la pobreza. Ante este panorama, se recomienda al Estado una evaluación exhaustiva e independiente de las misiones a fin de identificar los obstáculos que impiden seguir avanzando en la lucha contra la pobreza; y consecuentemente, adopte las medidas correctivas necesarias, asegurando que tales programas y otros con objetivos similares, integren un enfoque de derechos humanos y cuenten con los recursos suficientes para su implementación, prestando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre las zonas urbanas y rurales, así como a las necesidades de los grupos más desfavorecidos y marginados.
Sobre el salario mínimo, recomienda al Estado velar por que el salario mínimo nacional se revise mediante un sistema efectivo y transparente de indexación y ajuste que fije en una cuantía que permita a todos los trabajadores y sus familias disfrutar de un nivel de vida digno. Se destaca la importancia de una negociación tripartita para establecer el salario.
Derecho de los pueblos indígenas
Se exhorta al Estado venezolano garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y que las decisiones tomadas sean respetadas por los agentes privados y públicos en condiciones de completa seguridad.
El Comité llama además al Estado a que “adopte las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.
Independencia de Poderes
El Comité observa con preocupación como la Defensoría del Pueblo y quienes en los últimos periodos han ejercido y ejercen el cargo de Defensor no actúan apegados a los Principios de París, viéndose comprometida la actuación independiente de esta instancia; así como la independencia de jueces y magistrados.
El comité llama al Estado a adoptar medidas para acabar con la provisionalidad de los jueces y aplicar en la selección de los magistrados principios de idoneidad e integridad que garanticen el acceso de los venezolanos a una justicia independiente.
Corrupción y acceso a la información pública
En materia de corrupción el Comité recomienda al Estado garantizar la independencia de las instancias creadas para prevenir y combatir la corrupción y sensibilizar en relación a que la existencia de este flagelo atenta contra el desarrollo y disfrute de los derechos humanos.
La falta de acceso a la información pública fue constante en los informes alternativos al Estado presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, la opacidad en las cifras de indicadores sociales y económicos que vulneran el derecho a niveles adecuado de bienestar. Por tanto, el comité solicita publicar y facilitar el acceso a la información pública.
“Preocupa al Comité la información recibida sobre el limitado acceso a la información de interés público y la inexistencia de una ley que lo regule. Asimismo, le preocupa la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas lo cual limita una evaluación objetiva de las medidas adoptadas por Estado parte para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales”, resume las Naciones Unidas en sus recomendaciones.
Cooperación y respeto al trabajo de defensores de DDHH
Preocupados por los crecientes ataques contra la labor de los defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales el Comité exhortó al Estado a cooperar con estas organizaciones. “Preocupa al Comité la información sobre la falta de cooperación entre las autoridades del Estado parte y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos, lo cual ha llegado en algunos casos hasta actos de grave descalificación. Preocupa también al Comité que no se respeten las plenas garantías en el trabajo de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participan con su testimonio en los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas”.
El documento refleja también preocupaciones en materia de salud, vivienda, igualdad de género y alimentación. Este último derecho, se indica, ha sido afectado por la creciente dependencia en la importación de alimentos.
Sin embargo, no todo es negativo y el Comité reconoce la adhesión y ratificación del estado a diferentes pactos y convenios internacionales para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables (niños, mujeres, personas con discapacidad). Así como los progresos realizados por el Estado en la lucha contra la pobreza y el compromiso de realizar esfuerzos para evitar que “a pesar de las dificultades económicas” no se vea afectada la inversión social y la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
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