Hace unos días hablamos en este blog (entradas 2 de Junio y 4 de Junio) de la presentación por parte de Venezuela de su informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y del diálogo sostenido posteriormente entre el Comité y la delegación llegada desde Caracas.
Fue un diálogo intenso y constructivo del que me tocó ser relator.
Ayer se hicieron públicas las Conclusiones y Recomendaciones aprobadas por el Comité en las que hemos estado trabajando durante los últimos 15 días. Oficialmente este documento se denomina «Observaciones finales sobre el tercer informeperiódico de la República Bolivariana de Venezuela» y lleva la referencia onusiana E/C.12/VEN/CO/3. Puedes encotrar el texto completo aquí.
El Comité reconoce en este documento avances importantes en el disfrute de algunos de los derechos reconocidos y protegidos por nuestro Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como el derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda.
- El Comité toma nota con satisfacción de los progresos realizados por el Estado parte en la lucha contra la pobreza y en la disminución de la desigualdad. Asimismo, el Comité celebra los enormes progresos alcanzados por el Estado parte en la lucha contra la desnutrición mediante la expansión del Programa de Alimentación Escolar y el subsidio de alimentos a familias de bajos ingresos.
- (…) avances realizados en materia de vivienda a través de la implementación de Gran Misión Vivienda Venezuela y con la participación de diversos movimientos ciudadanos (…)
Al mismo tiempo el Comité muestra su preocupación por cómo afectan al disfrute de los DESC algunas limitaciones importantes en la independencia institucional, por ejemplo del poder judicial, de la defensoría del pueblo o de las instituciones creadas para la lucha contra la corrupción.
- El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces, así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia.
- El Comité nota con preocupación que la Defensoría del Pueblo no ha desempeñado su mandato de conformidad con los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de París), especialmente en lo relativo a su independencia.
- A pesar de las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la corrupción, el Comité está preocupado por la falta de información concreta sobre los resultados de casos que han sido investigados y enjuiciados, y por la información recibida que sugiere la falta de independencia de los órganos que han sido establecidos para prevenirla y combatirla.
El Comité también se ha interesado por que el tipo de educación que se imparte sea compatible con los objetivos y valores establecidos en el Declaración Universal y en nuestro PIDESC:
Derecho a la educación
- El Comité nota con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte por incrementar la inversión y mejorar el acceso a la educación. Sin embargo, al Comité le preocupa la información relativa a la introducción en los programas educativos de material y actividades de adoctrinamiento que pueden ser incompatibles con el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Art. 13).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la educación promueva el pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la participación activa en una sociedad libre donde prevalezcan la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones.
Sobre otras muchas cuestiones relativas a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se trató en el diálogo y han quedado plasmados en el documento: desde derechos de los pueblos indígenas hasta derechos culturales, pasando por salud, empleo o seguridad social. Hubo otras cuestiones importantes, como la situación de los niños de la calle, sobre la que no pudimos opinar por falta de datos suficientes para hacernos un juicio cabal de la real situación del problema en el país.
Especialmente nos preocupó como Comité, y a mí como relator, algunas declaraciones de altos responsables del gobierno venezolano contra los representantes de las ONGs de defensa y promoción de los Derechos Humanos que asistieron al diálogo colaborando con su información y sus puntos de vista. Quiero aclarar que el trabajo de los comités de la ONU está abierto a las ONGs y que a cada diálogo acuden ONGs de los estados examinados que nos informan sobre sus puntos de vista y nos presentan sus informes sobre diversas cuestiones relativas a los derechos humanos. Las ONGs venezolanas que acudieron lo hicieron exactamente igual que las de otros tantos países. Su colaboración, como la de las ONGs de otros países, fue útil al comité para tener otras perspectivas adicionales y complementarias a las ya recibcidas por parte del estado y por parte de otras organizaciones internacionales. Obviamente las posiciones de las ONGs no suelen resultar del agrado de los gobierno respectivos, pero lo que como Comité no podemos dar por bueno son descalificaciones y acosos contra ellas.
En el diálogo con el gobierno se trató de esta cuestión y la delegación nos aseguró que el gobierno no acosaba a las ONGs de Derechos Humanos sino que ejercicia una legítima crítica política contra ellas. Declaraciones posteriores del máximo responsable del país calificando a quienes habían participado en el diálogo como «bandidos» y «vendidos» me parece que exceden los límites de la «legítima crítica política» cuando proceden de la maxima autoridad estatal: «hay que decirle al país cómo estos bandidos de las ONG ganan miles de dólares por despotricar de nuestra amada Venezuela».
El Comité dijo al respecto:
Cooperación con organizaciones de la sociedad civil
- Preocupa al Comité la información sobre la falta de cooperación entre las autoridades del Estado parte y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos, lo cual ha llegado en algunos casos hasta actos de grave descalificación. Preocupa también al Comité que no se respeten las plenas garantías en el trabajo de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participan con su testimonio en los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas (Art. 2, párr. 1).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para establecer una cooperación constructiva con las organizaciones de la sociedad civil y para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos, inclusive los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales desempeñen sus funciones libres de toda forma de intimidación o amenaza. El Comité insta al Estado a que cesen las declaraciones difamatorias contra algunas de las personas que participan públicamente en los espacios que este Comité, de acuerdo a sus métodos de trabajo, otorga a las organizaciones de la sociedad civil.
Quiero recordar que, solo unos pocos días después, el mismo Alto Comisionado (máxima autoridad mundial en materia de Derechos Humanos) tuvo que decir ante el Consejo de Derechos Humanos que estaba preocupado por el acoso, amenazasy descalificaciones públicas a los que eran sometidos las ONGs de Derechos Humanos que acuden a los mecanismos de la ONU:
«In Venezuela, I am seriously concerned about the legality and conditions of people who have been detained for peacefully exercising freedom of expression and of assembly. Some have been on hunger strike for weeks now, which adds to our concern. They should be promptly and unconditionally released. We are also concerned about harassment, threats and public disqualification of human rights defenders, especially those who have travelled abroad to give testimony to UN and regional human rights mechanisms. I and my Office remain available to engage with the authorities and other stakeholders to ensure that the human rights of all Venezuelans are respected, and to define a positive way forward.»
Para concluir, creo que se trató de un diálogo intenso y útil. Creo que las Conclusiones y Recomendaciones finalmente aprobadas son un buen texto, que refleja equilibradamente los logros del país y al mismo tiempo sus problemas y carencias. Espero que este documento pueda servir tanto al gobierno como a la sociedad civil para seguir trabajando por la mejora de la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Venezuela. (Blog de Mikel Mancisidor, Vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, 23.06.2015).
