Un año más sin justicia. Así se vivirá este aniversario de la masacre de El Amparo. Hace 27 años 14 pescadores fueron ejecutados por funcionarios policiales y militares en el Caño La Colorada, estado Apure. Inicialmente, las víctimas fueron presentadas como “guerrilleros colombianos” y desde el Poder se tejió una suerte de velo para encubrir la realidad. Sin embargo, la opinión pública y la solidaridad nacional e internacional hacia las víctimas logró demostrar que se trataba de humildes pescadores venezolanos.
Han pasado los años y el velo de la impunidad sigue intacto. Los presuntos responsables hoy incluso ostentan altos cargos en la estructura del Estado. La historia de El Amparo es utilizada como bandera y discurso para ejemplificar los horrores de la llamada «Cuarta República», sin que en la «Quinta» exista una verdadera voluntad de reparar el daño y establecer responsabilidades penales contra quienes participaron y encubrieron en la masacre.
Wollmer Pinilla y Augusto Arias, los dos sobrevivientes de El Amparo, junto a Provea, mantienen la entereza y convicción en esta lucha porque la verdad y dignidad le asisten.
El 26.11.2015 Wollmer y Augusto sostuvieron, en su nombre y en nombre de los 14 pescadores apureños que esa trágica mañana fueron víctimas de una actuación criminal del Estado, encuentros con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para una vez más exigirles cumplir con la justicia y la sentencia de la CorteIDH que ordenó al Estado venezolano la reactivación del caso en la jurisdicción penal ordinaria y la sentencia definitiva contra los culpables.
Wollmer y Augusto viajaron 14 horas para estar en Caracas puntuales ese lunes, luego de la imposibilidad –pese a las reiteradas invitaciones y el compromiso de palabra hecho por la fiscal- de acordar con el MP una visita a El Amparo para que las autoridades conocieran la realidad no sólo de voz de las víctimas, sino de toda una población que parece no está en la mira de los intereses del Estado venezolano. Lamentamos que el MP no haya materializado aún esa visita a la región fronteriza.
Pese a los obstáculos y el largo camino por alcanzar justicia, desde Provea continuaremos al lado de la víctimas, exigiendo justicia y el fin de la impunidad. Ni el olvido ni la indiferencia son opciones. Continuaremos aportando a la lucha contra la impunidad. Por eso, este jueves 29.10.2015 realizamos junto a los sobrevivientes de El Amparo una manifestación silente a las puertas de la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo.
No olvidemos:
- La sentencia de la Corte IDH condenando al Estado Venezolano por la masacre de El Amparo el 18.01.1995 fue la primera dictada por la Corte a favor de víctimas de derechos humanos en Venezuela y la primera contra un país con un régimen de formalidad democrática. Una misma sentencia sobre el mismo caso fue dictada el 18.09.1996.
- Del contenido de las sentencias el Estado quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se le canceló casi la totalidad de la indemnización. El 5% restante se canceló en diciembre de 2005 durante el gobierno de Hugo Chávez. La investigación y sanción siguen pendientes.
- Durante la gestión del presidente Rafael Caldera se consumó la impunidad al declarar no culpables a los autores materiales en la jurisdicción militar y nunca investigar a los autores intelectuales.
- En la gestión de Hugo Chávez y en la de Nicolás Maduro se ha hecho poco para lograr justicia.
- Existe un estancamiento en la investigación de otros casos históricos de violación a los derechos humanos como El Caracazo, Cantaura y Yumare. Pese a la existencia de una Comisión por la Justicia y la Verdad dedicada a investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos entre 1958-1998
- La impunidad estructural producto de la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que estos casos se mantengan en impunidad y sigan ocurriendo situaciones similares.
