La coordinadora jurídica del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero (Cofavic), Dorialbys De la Rosa, aseguró que solo 3% de denuncias se violaciones de derechos humanos se concretan con acusaciones, el 97% restante, «no termina en nada».

De acuerdo a las cifras que maneja la ONG, que trabaja para la protección y promoción de los Derechos Humanos en Venezuela, entre 2006 y 2010 el Ministerio Público recibió 30 mil denuncias de violaciones de derechos fundamentales, lo que desglosado, significa un promedio de 7 a 8 mil casos anuales de irregularidades.

entre 2006 y 2010 el Ministerio Público recibió 30 mil denuncias de violaciones de derechos fundamentales, lo que desglosado, significa un promedio de 7 a 8 mil casos anuales de irregularidades.


Para la representante de Cofavic, esta situación «es un tema urgente que el Estado tiene que resolver», pues asegura, el que un testigo o una víctima de un delito o violación no vea que los responsables son condenados, reduce la confianza sobre las instituciones, «y por lo tanto, va a omitir denunciar».

Otro punto que destaca Cofavic es el alto número de ejecuciones extrajudiciales que se viene registrando en Venezuela en los últimos años.

De la Rosa explica que para junio de este año son 187 las que se han registrado en Venezuela, lo que coloca a las policías, tanto regionales como nacionales, como las principales responsables de las violaciones a los derechos fundamentales.

«Nosotros hemos referido desde hace varios años que existe un contexto de ejecuciones extrajudiciales bastante grave», sentencia De la Rosa, quien puntualizó que dependiendo del organismo, estos hechos son mencionados con diferentes nombres: enfrentamientos, ajusticiamientos o resistencia a la autoridad.

Resaltó que esta es la forma de aplicar la pena capital en el país y que no están incluidas dentro de las cifras de homicidios. En este sentido, explicó que existen «lagunas» de información, ya que hasta el año 2008 el Poder Ciudadano publicó números de ajusticiamientos. Luego, en 2010 lo hizo el Ministerio del Interior, pero lo mismo no se hizo en 2011.(Noticias Yaracuy;21.11.2012)

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