De 134 personas detenidas en el megaoperativo de la Cota 905 el pasado 13 de julio, en el marco de la Operación Liberación al Pueblo (OLP), 41 personas del sector La Esperanza quedaron en situación de «resguardo», de las cuales sólo 7 fueron finalmente acusados ante un tribunal. 

El sábado 25 de julio se produjo la liberación de 21 detenidos que se encontraban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Zona 7, Boleíta y en la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

13 de los detenidos fueron deportados, entre los cuales a cinco no se les logró realizar la identificación por parte de NTN24 Venezuela, debido a reiteradas negativas  del Saime, donde se encontraban privados de libertad.

Siete de los «resguardados» (actualmente recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, [Cicpc], de Quinta Crespo) fueron presentados ante el tribunal 6 de control y serán acusados por delitos vinculados a la extorsión y robo de vehículos, de acuerdo con información suministrada por familiares de los imputados.

El 25 de julio, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, anunció que serían 19 los presentados ante los tribunales de control del área metropolitana de Caracas.

En la OLP se movilizaron más de 200 efectivos de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), PNB, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Cicpc en la franja de barriadas de la Cota 905 y originó 15 muertos.

Irregularidades del proceso

Wilson Fonseca, uno de los liberados, denunció en exclusiva a NTN24 Venezuela en el momento de su liberación, que «los guardias me botaron mi cédula de identidad, entonces ahorita solo me dieron un papel para tramitarla de nuevo». Fonseca salió de las oficinas principales del Saime, en la plaza Caracas, como entró: sin antecedentes penales, pero 12 días después de su aprehensión arbitraria en la Cota 905 el pasado 13 de julio, según le informaron los funcionarios de seguridad, para verificar sus datos, verificación que devino en 13 días de privación de libertad sin derecho a un abogado ni a llamadas a sus familiares.

«Yo soy venezolano. El 13 me llevaron al comando de la Guardia Nacional y me trataron horrible, me pegaron en la cabeza, patadas, uno les pedía permiso para ir al baño y lo trataban mal, nos maldecían y muchas otras cosas. Luego nos llevaron a la policía (sede de la PNB en Boleíta) nos acusaron de ‘mata policías’, que uno era de todo y me dijeron paramilitar. Allá nos pegaron con bates, nos patearon, me partieron la cabeza con (la cacha de) una pistola. Pasamos 4 días sin comer y al quinto día nos dejaron bañarnos. Nos tiraron en la celda gas lacrimógeno y de pimienta en las noches».

Fonseca, y otros detenidos, denunciaron que estuvieron los nueve días y sus noches sin salir de una reducida celda donde estaban 25 «resguardados» de la Cota 905. Asimismo, sostuvieron que en ningún momento les leyeron sus derechos, les permitieron acceso a un abogado y que al momento de su detención no hubo presente ningún fiscal del Ministerio Público (MP).

«Sí nos daban comida en Zona 7, nos bañábamos y todo. Pero nos culpaban de paramilitares, y de malandros». Declaró Luis Cadenas, residente colombiano en Venezuela desde hace 20 años y pintor de oficio, otro «resguardado» que también fue liberado este 25 de julio.

Continuó expresando que: «Estábamos aislados, no nos dejaron hacer llamadas, a la espera del Saime (…) La Defensoría del Pueblo habló un par de veces con nosotros, pero más nada. Ahora me soltaron con la constancia de que recibí mi cédula de identidad y más nada».

El pasado jueves 23 de julio, familiares de los 25 detenidos en Zona 7 estuvieron en el Saime abogando por su liberación. Pero ahí les indicaron que no sería posible sin una orden del MP. Tuvieron que trasladarse al final del día a dicha sede, en búsqueda del fiscal 108, José Serrano, pero no les dieron razón.

Al principio de la noche se dirigieron a Miraflores. Ahí, un funcionario del ministerio para el Despacho de la Presidencia, quien se identificó verbalmente como José Bello, pero mantuvo su credencial oculta, no les dio mayor atención y les exigió retirarse a la plaza Fermín Toro, escoltadas, las 15 mujeres con sus hijos que abogaban por la libertad de sus familiares, por 10 guardias nacionales con indumentaria antidisturbios.

Los familiares, el viernes 24 de julio, se presentaron en la sede de la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos, pero tampoco fueron recibidos.

Denunciaban que solo pudieron ver a sus familiares 10 minutos durante esos 13 días y que solo les dejaban llevarles comida.

Fuentes policiales bajo anonimato declararon a NTN24 Venezuela que había un defensor del pueblo permanentemente en el centro de reclusión. Negaron rotundamente toda práctica abusiva con los privados de libertad.

El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), registró 32 casos de atropellos e irregularidades en el megaprocedimiento policial.

Los deportados

A través de una exhaustiva investigación, tras la reiterada negativa de las instituciones venezolanas de proveer información, NTN24 Venezuela dio con los nombres de algunos de los deportados:

– Daniel Carranza.

– Xenir Rojas (mujer).

– Luis Rojas.

– Oliver Rojas.

– Algiro Cervantes.

– Jorge Cassiani.

– Fabián Porras.

El resto de los deportados no pudieron ser identificados. Sin embargo, según información suministrada por funcionarios del Saime en condición de anonimato, ninguno fue acusado de delitos, y su deportación responde a documentos vencidos o la falta de estos para residir y laborar en el país.

En el caso de Xenir, Luis y Oliver, los tres de apellido Rojas, son familiares. Estos últimos dos menores, y su padre, Alberto Rojas Padilla, quedó en Venezuela ya que durante la OLP no fue detenido.

En el caso de Fabián Porras es padre de dos niños con parálisis cerebral, que también se quedarán en Venezuela, junto a tres hermanos y su madre.

Las posiciones gubernamentales

La OLP fue emprendida por el Gobierno Nacional para neutralizar las bandas criminales de las barriadas más calientes del país.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, declaró el 13 de julio que fueron recuperados durante el operativo 20 vehículos robados, 12 armas cortas, 2 armas largas y 2 granadas fragmentarias.

González López aseveró, en rueda de prensa ofrecida el 13 de julio, que 32 de los detenidos tenían vínculos directos con el paramilitarismo colombiano, sicariato, extorsión y secuestro.

Sin embargo, una de las zonas donde el operativo se desplegó con mayor profundidad, la comunidad de Las Quintas, sector La Esperanza (la barriada más apartada de la Cota 905) es una zona donde históricamente han habitado muchos colombianos, o descendientes de colombianos.

«Estas operaciones las diseñamos especialmente para liberar los territorios de actividad criminal y proteger a nuestro pueblo», declaró González López al culminar la OLP ese día.

No obstante, un grupo de familiares de los «resguardados», declaró a NTN24 Venezuela el pasado 20 de julio, en la sede del MP en Caracas, que «Maduro está matando a los nietos de Chávez», en referencia a las presuntas violaciones a los derechos humanos que sufrió la comunidad durante el operativo y fueron registradas por Provea el pasado 18 de julio en el sector.

El martes 21 de julio, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció «unas 20 denuncias aproximadas sobre el exceso policial de efectivos al ingresar en las casa a la hora del operativo».

Los operativos también fueron desplegados en los Valles del Tuy, Ciudad Tiuna y el estado Aragua.

El presidente Nicolás Maduro anunció este 25 de julio que próximamente firmará nuevas leyes vía habilitantes contra el «paramilitarismo que está sembrado en Venezuela».

Los atropellos durante el operativo

El equipo de investigación de NTN24 Venezuela logró acceder a Las Quintas, sector La Esperanza, para recabar testimonios de algunos de los vecinos, el pasado 18 de julio. Estas son algunas de sus denuncias:

Sonia Monterrosa declaró: «Tengo a mis dos hijos presos, Giovanni y Luis (Villadiego), el lunes fueron apresados y les pegaron. Ellos son nacionalizados venezolanos y no tienen ningún antecedente judicial, uno trabaja en el Metro de Caracas y el otro es pintor y latonero. Los acusan de desvalijadores de carros. Ellos encontraron unos cauchos en mi placa (techo de la casa) y las herramientas de trabajar de mis hijos, entonces ellos (los policías) lo sacaron. Los mandaron a bajar eso (a sus hijos, en el momento de la detención), y les tomaron fotos».

 «Yo soy Álvaro Bolívar, venezolano, y mi hijo también, de 16 años y se llama Álvaro Julio. El lunes como a las 8 a.m. llegaron a la casa (los funcionarios policiales), me sacaron a mí y a mi hijo. Al llegar aquí (El Mercal de Las Quintas) nos separaron y llevaron a mi hijo adonde estaban los carros desvalijados y lo pusieron a bajar eso de ahí. Luego dijeron que lo encontraron a él picando. Lo obligaron a subir para allá», relató otro habitante y testimonió que a su hijo «le pegaron y lo escupieron cuando se lo llevaban».

«Ellos mismos le tomaron la foto allá adentro para poderlo sembrar», dijo otra vecina mientras señalaba hacia la parte más alta del barrio.

Tanto Álvaro Bolívar hijo, como Giovanni y Luis Villadiego fueron acusados por delitos vinculados a la extorsión y robo de vehículos, ante el tribunal 6 de control.

Berta Cervantes contó que el lunes «llegaron tocando la puerta de mi casa. Cuando mi esposo abrió se metieron, alzaron las camas, sacaron la ropa de los escaparates (…)». Al inquirirle si los funcionarios tenían alguna orden de allanamiento, o si estaba presente algún fiscal del MP, Cervantes respondió que no. Su esposo fue privado de libertad, y es de nacionalidad colombiana. Hasta la fecha no lo había podido ver.

Frente al Mercal hay una bodega en la que vive Alex Trujillo, quien fue detenido durante la OLP junto con su suegro: «A las 5:30 a.m. nos pararon y nos sacaron de la casa como si uno fuera un militar. Nos enterraron de cabeza, hubo maltratos. Hasta el sol de hoy tienen a mi suegro y no me han dado razón de por qué no lo quieren soltar. Mi suegro es albañil y no es paramilitar aunque sea colombiano. Aquí lo que hay es gente sana, no hay paramilitares como le hacen saber a la gente. A mí me soltaron como a las 11 de la noche de ese día».

Al lado de la bodega donde vive Trujillo hay una afincada bajada de escalones altos y angostos, en la primera casa al lado derecho vive Ramón González de 71 años, a veces toca el arpa y a juzgar por los afiches que decoran la sala y cocina de su hogar, es religioso; en la puerta una efigie de la virgen María da la bienvenida. Vive con su concubina, Erminia Barrozo, que sufre de sordera. Él sufre de diabetes y tiene una trombosis.

«Bueno, a eso de las 6:30 a.m. de la mañana yo aún estaba dormido y me paré. Cuando abro la puerta me encañonan y me dicen ‘no se mueva’, habían tumbado la puerta de afuera y todo eso. No me dijeron nada, no había fiscal ni orden escrita, estaban armados hasta los dientes y tenían una ametralladora. Yo le dije que aquí vivimos la señora, un niñito (su nieto) y yo (…) Luego rompieron las almohadas, tumbaron todo eso buscando a los ‘maleantes’. Al final me pidieron perdón pero ya el mal estaba hecho».

Su hijastra relató que los funcionarios les dijeron que no contaran nada de lo sucedido.

Raúl Ortuño, líder de la comunidad estaba acompañado de otros líderes, es miembro del consejo comunal, y fundador del Comité de Tierras del sector 47, CTU La Esperanza. Tomó la vocería mientras Provea recababa las denuncias. Tenía una lista de nombres y firmas en la mano dirigidas al presidente Nicolás Maduro para que se «respeten los derechos humanos y el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad» en nombre de los habitantes de la parte alta de la C905 (comunicación que concluye con: «Así se construye un país de la mano con el pueblo, pero no golpeándolo mi presidente y robándole lo poco que tiene»)

Declaró a NTN24 Venezuela que: «Se han llevado teléfonos celulares, plata (…) entonces no entendemos si el operativo es para darle seguridad a las comunidades por qué estamos siendo víctimas de atropellos, violaciones de derechos humanos, porque acá han habido mujeres que han sido golpeadas por funcionarios públicos. No entendemos qué quiere decir esto. ¿La ley solo es para nosotros porque somos pobres, discriminados por vivir en un barrio? (…) A nosotros no nos ha tocado un gobierno de responsabilidad, sino simplemente uno que nos está dando golpes, nos están castigando por vivir en la pobreza».

«Acá ciertamente hay una comunidad mixta, venezolanos y colombianos, que son padres de niños venezolanos, (familias) que tienen más de 20 años viviendo aquí. Para nosotros son acusaciones (que son paramilitares) discriminatorias y totalmente falsas, que llevan como objetivo certificar y apoyar un operativo que está fracasando por la cantidad de excesos y abusos que están causando los funcionarios. Porque las personas que están siendo acusadas las conocemos nosotros por más de 15 años y son personas de trabajo. No avalamos este tipo de detenciones», sostuvo.

Concluyó denunciando que fueron «sitiados, nos retuvieron en nuestras casas, sacaron a los menores de edad, los tuvieron arrodillados durante horas frente a Mercal. Es lamentable tener que desmentir a la Fiscal (Luisa Ortega Díaz, señala), que habían 19 fiscales. Aquí en la comunidad no vimos a ninguno. No ha habido institución que certifique lo que está pasando en esta comunidad (…) A la fuerza de armamento, el mismo que está para defender al pueblo, para garantizar seguridad, se utilizó para intimidar a esas personas y  obligarlas a cargar piezas de vehículos robados». concluyó.

Investigación NTN24 Venezuela.