El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, en conocimiento de la integración de las Comisiones Parlamentarias decidida en la anterior Asamblea Nacional y que, según la actual Directiva del órgano legislativo habrá de funcionar para el período que recién se inicia, se siente en el deber ciudadano de expresar sus criterios sobre la inaceptable involución que significa la eliminación del tema de los derechos humanos de las mujeres venezolanas, de la estructura político administrativa que guiará el funcionamiento parlamentario. Dicha eliminación tiene implicaciones negativas de diverso orden:
1. Por una parte, confirma el carácter errático y la creciente disminución con el cual se han producido las decisiones parlamentarias sobre el tema de las mujeres en los últimos once años. Durante décadas las mujeres venezolanas de todas las tendencias políticas e ideológicas hemos luchado por elevar el rango político de las decisiones públicas sobre nuestros problemas. Gracias a ese esfuerzo logramos que en el extinto Congreso Nacional se creara con carácter permanente, la Comisión Bicameral de los Derechos de las Mujeres, de fructífera existencia. Esta desapareció el año 2000 cuando fue sustituida por una Comisión de la Familia, la Mujer y la Juventud, que significó un retroceso doctrinario y conceptual en el tratamiento de los asuntos de nuestra condición genérica. Dicha Comisión, fue objeto de modificaciones temporales, con el mismo énfasis retrógrado. Este proceso ha estado acompañado de retrocesos legislativos graves, como la invalidación del Artículo 144 de la Ley del Sufragio; con el incumplimiento en la nueva Ley Electoral de la prometida paridad electoral; por los efectos de la legislación que disminuye la situación de las organizaciones civiles, cuyo caso más reciente es la amenaza que se cierne sobre AVESA. El que actualmente haya desaparecido la Sub Comisión de la Mujer, es la demostración de un proceso que pareciera intentar eliminar definitivamente la consideración que merecen los temas que afectan a la mitad de la ciudadanía venezolana y para los cuales las legislaciones no pueden ser tratadas en una óptica de neutralidad de género, que no existe en la realidad.
2. Si las razones derivadas del legítimo derecho de las mujeres a defender sus logros no fuesen suficientes, si no se admiten los avances que internacionalmente se han venido ganando sobre el tema y si no se entendiese que los problemas que afectan a las venezolanas exigen la existencia de un órgano parlamentario especialmente dedicado a su atención, vale la pena que tienen el poder para corregir la decisión aludida tomen en consideración que Comisiones Parlamentarias sobre los derechos de las Mujeres existen actualmente en los órganos legislativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y si esto no bastará para tener una idea de la dimensión política que implica la eliminación que comentamos, es necesario destacar, entonces, la mora en la que se encuentran los trabajos del Poder Legislativo con los problemas de las mujeres venezolanas: a) No se ha hecho nada para concretar el mandato constitucional que consagra la seguridad social del “Ama de Casa”, en un país donde actualmente el 45% de las Jefas de Hogar son Mujeres y están concentradas en los sectores más desasistidos; b) Esta detenida indefinidamente la reforma del Código Penal, que mantiene normas que atentan abiertamente contra derechos elementales de las mujeres y prácticamente crean impunidad para ciertos agresores de las mujeres; c) Está paralizada la evaluación, actualización y mejora de la Ley del Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía inviable en varios sentidos; d) No se ha avanzado a una nueva Ley de Igualdad y Equidad cuyos dos proyectos discutidos en los 10 años pasados, resultaron inviables; y como estos otros ejemplos puramente legislativos por no decir nada de la parálisis de la actividad de proyección parlamentaria a la diversidad territorial de la población.
3. La eliminación que comentamos incumple abiertamente compromisos contraídos por el Estado venezolano con Pactos, Convenciones y Declaraciones internacionales y regionales de derechos políticos, civiles, económicos, culturales e incumple directamente la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de la cual Venezuela es Estado Parte, así como de su Protocolo Facultativo; además crea una oportunidad para que el Estado venezolano, pueda ser denunciado de acuerdo a la normativa del Protocolo, lo cual sería realmente penoso para todas y todos. Todos estos compromisos fueron suscritos en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Américanos, (OEA). Incluso el tema ha sido objeto de compromisos verbalizados por el Presidente de la República en sus acciones orientadas a crear nuevas formas de integración regional.
4. La eliminación de tema de los derechos de las mujeres es una clara y abierta contradicción con la línea política que ha desarrollado el Gobierno del Presidente Chávez desde el poder Ejecutivo. Hace once años sólo existía un Consejo Nacional de la Mujer y a partir de entonces, el gobierno ha ido elevando progresivamente la jerarquía político administrativa del organismo hasta llevarlo a lo que es actualmente un Ministerio del Poder Popular para los Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género. Esto ocurre en el Poder Ejecutivo, mientras el Poder Legislativo, deteriora y hace desaparecer la consideración parlamentaria de nuestros problemas.
Finalmente queremos expresar que las organizaciones adscritas al Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres y las que apoyan esta declaración, consideramos inaceptable este retroceso y en tal sentido con la mayor firmeza y convicción queremos señalar que no estamos dispuestas a aceptar ninguna decisión que signifique una involución de lo que tanto esfuerzo nos ha costado ganar a las mujeres en nuestra presencia válida en el contexto de las acciones del Estado venezolano. Estamos dispuestas a defender hasta las últimas consecuencias lo que hemos ganado y en tal sentido exigimos la revisión de tal decisión y su corrección positiva que sea concretada en la creación de una COMISIÓN PARLAMENTARIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, pluralista y con todas las capacidades de cualquier Comisión autónoma.
Caracas, 23 de enero de 2011
Firman;
Comité Directivo del Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres
Organizaciones adscritas al Observatorio.
