En Venezuela, para todos los fines prácticos, no existe un marco jurídico que promueva la inversión y propicie un clima favorable a los negocios

Cuando se observa a largo plazo la tendencia del crecimiento de la economía venezolana sobresale un elemento: la alta volatilidad, asociada a la falta de continuidad de las políticas económicas y a lo errática que ha sido la conducción de los asuntos económicos.

La prueba de todo ello reside en la incontable cantidad de regímenes cambiarios que se han aplicado en el país desde 1983, una y otra vez replicando la máxima de guiarse por el principio del ensayo y el error.

Venezuela ha sido, de la mano de quienes han ejercido comando en la dirección de la economía, una especie de campo fértil para los experimentos fallidos, con un elevado costo social y económico.

Desde una perspectiva de corto plazo, como la mostrada en el gráfico adjunto, desde finales de 2007 es claramente observable un marcado perfil hacia la caída del ritmo de la actividad económica, mucho antes de que irrumpiera la crisis financiera internacional a mediados de 2008. El colapso de la economía mundial en 2008 lo que hizo fue exacerbar la declinación que ya registraba la economía nacional.

TRABAJO Y CAPITAL

Para explicar el crecimiento económico ahora no son suficientes los modelos tradicionales basados en la dotación de factores productivos tales como trabajo y capital. Hace falta nuevas explicaciones y allí entra a jugar un rol fundamental la Nueva Economía Institucional, desarrollada principalmente por el economista y premio Nobel, Douglass North. Sobre la base de esta explicación, las estudiantes de la Escuela de Economía de la UCV, Greivis Buitriago y Maritza de Castro, guiadas por la especialista en ese campo, la profesora Amalia Lucena, elaboraron su tesis de grado titulada «Relación entre el marco institucional y el crecimiento económico de los países latinoamericanos exportadores de materias primas «.

Después de revisar profusamente la literatura sobre el tema se adentraron a modelar y buscar explicación causal sobre el crecimiento de la economía en un conjunto de países de América Latina, que comparten una característica especial: son productores de materias primas.

De acuerdo con North, las instituciones son el conjunto de reglas escritas y no escritas que definen el comportamiento de los agentes económicos.

Las instituciones son las encargadas de crear los incentivos para que la economía funcione apropiadamente al reducir los costos de transacción y la incertidumbre. Central a este planteamiento subyacen dos principios: el respeto a los derechos de propiedad y a las reglas del juego, es decir, la primacía del imperio de la ley.

Sin derechos de propiedad definidos la inversión se desvanece y se detiene el crecimiento. Este enfoque de la economía institucional es muy pertinente para el caso venezolana en la medida en que el irrespeto a la norma y el cambio de las condiciones para producir y comercializar bienes son factores intrínsicos al modelo económico que se intenta construir, llamado socialismo del siglo XXI.

LA INSTITUCIONALIDAD

Para medir el elemento institucional, Buitriago y De Castro apelan a un indicador que tiene seis componentes. Voz y rendición de cuentas, estabilidad política, calidad regulatoria, efectividad gubernamental, Estado de derecho y control de la corrupción. Los países mejor evaluados son Chile y Uruguay y los peores Ecuador, Guatemala y Venezuela.

Con base en una técnica estadística denominada datos de panel, estimaron el papel de las instituciones y su hallazgo es muy importante: efectivamente, el indicador de la institucionalidad explica significativamente la tasa de crecimiento económico para la muestra de países.

Esto es fundamental por cuanto para que el crecimiento económico sea sostenido no basta exclusivamente que la economía tenga abundancia de recursos naturales, un adecuado acervo de capital o mano de obra calificada.

Todo ello es importante pero debe ser complementado con instituciones de calidad que incentiven y protejan los derechos de propiedad.

En Venezuela, para todos los fines prácticos, no existe un marco jurídico que promueva la inversión y propicie un clima favorable a los negocios. Todo lo contrario, el ambiente es de hostilidad, persecución y ello se expresa en contracciones de la tasa de inversión, como es evidente.

Esto se traduce en elevados costos transaccionales que hacen prohibitivo el aumento de la producción y la consiguiente generación de empleos.

Tribunales parcializados y jueces amenazados con destitución y cárcel son prueba fehaciente de la falta de Estado de derecho.

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