Amnistía Internacional lamenta la decisión de Venezuela de denunciar formalmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), iniciando así su retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con esta decisión, víctimas de violaciones de derechos humanos no podrán acceder a la Corte Interamericana de Derechos después de que la decisión del Estado de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos entre en vigor dentro de un año.
“Esta acción es una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a generaciones futuras de venezolanos y venezolanas que carecerán de la posibilidad de acceder a este órgano regional cuando no puedan hacer valer sus derechos en Venezuela. La posibilidad de recurrir a un organismo internacional como la Corte Interamericana es un derecho que todos y todas los venezolanos han adquirido y que esta decisión volvería imposible de ejercer”, dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta para el Programa para América.
La promoción y protección de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho y constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los estados para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición.
Los sistemas de protección de los derechos humanos a niveles regional e internacional fueron creados para garantizar a toda la población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no se ha obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia internos.
En este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos, a través de los órganos que lo componen – la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – es un necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los años, miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del sistema interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno.
El derecho de acceder a la Corte Interamericana es un derecho garantizado por la Constitución Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que todos tienen el derecho a dirigir peticiones ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Aunque todos y todas en Venezuela podrán seguir presentando peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quitar la posibilidad de que las víctimas de violaciones de derechos humanos accedan a la Corte Interamericana – la instancia más alta de justicia en el continente americano – sienta un grave y lamentable precedente.
Amnistía Internacional se une al llamado al estado venezolano realizado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de reconsiderar esta decisión. Además, la organización recuerda al Estado venezolano que el retirarse de la Convención Americana no la sustrae de la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud de ser parte de la OEA.
Es imprescindible que Venezuela cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, reafirmando el apoyo del Estado venezolano a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como al Sistema de Naciones Unidas, incluido total cooperación con los Relatores Especiales de dicho sistema.
“El Gobierno venezolano debe retirar su denuncia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos inmediatamente, y así demostrar verdaderamente que está comprometido con los derechos humanos”, concluyó Guadalupe Marengo.
