El 22 de marzo, Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia, fue detenido y acusado de “instigación pública a delinquir” y de “difundir información falsa”. Su detención se produjo después de que, el 8 de marzo, dijera en Globovisión TV que Venezuela se había convertido en un refugio para el narcotráfico y citara acusaciones de un tribunal español que decía que el gobierno apoya a grupos armados de oposición. La detención de Oswaldo Álvarez Paz forma parte de una oleada de detenciones y cargos contra quienes critican al gobierno.
La juez María Lourdes Afiuni y Richard Blanco se encuentran también detenidos. La juez Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 y acusada de ayudar a un banquero a huir del país. Su detención se produjo inmediatamente después de que el presidente la acusara públicamente de corrupción. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, así como los relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y sobre la independencia de jueces y abogados, han pedido la liberación inmediata de la juez. Richard Blanco, miembro de un partido de oposición, fue acusado de incitar a la violencia y herir a un agente de policía durante una manifestación en agosto de 2009 (véase AU 346/09, AMR 53/009/2009).
El 25 de marzo, Guillermo Zuloaga fue detenido. Es el propietario de Globovisión, emisora de televisión conocida por su línea crítica con el gobierno, y la única emisora de televisión cuya licencia no se ha revocado en los últimos años a causa de su línea editorial. Guillermo Zuloaga fue acusado de difundir información falsa e insultar al presidente. Ese mismo día, Wilmer Azuaje fue detenido también. Wilmer Azuaje es un parlamentario de la oposición que pretende presentarse a gobernador del estado de Barinas. Wilmer Azuaje fue acusado de insultar a un cargo público y de golpear presuntamente a una agente de policía. Los dos hombres fueron liberados más tarde, pero se enfrentan al procesamiento.
Amnistía Internacional cree que los cargos contra los cinco son de motivación política, y son un intento por silenciar a quienes critican al gobierno venezolano.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
* instando a las autoridades a procesar a la juez Maria Lourdes Afiuni, Richard Blanco y Oswaldo Álvarez Paz en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, o a ponerlos en libertad de inmediato;
* instando a las autoridades a retirar los cargos que no constituyan delitos penales reconocibles o los cargos falsos presentados por motivos políticos contra quienes critican al gobierno.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 13 DE MAYO DE 2010 A:
Sr. Tarek El Aissami
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
Av. Urdaneta, Edif. Sede MIJ, Piso 1, Carmelitas, Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 506 1557
Tratamiento: Señor Ministro
Dra. Luisa Ortega Díaz
Fiscalía General de la República
Avda. México, Manduca a Pelelojo, Edif. Sede Fiscalía General de la República, La Candelaria, Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 509 8504
Correo-e.: [email protected]
Tratamiento: Señora Fiscal General
Y copia a:
Amnistía Internacional Venezuela
CCS182576 Av. Venezuela,
Edif. Venezuela PB Local 5, Casillero 936
El Rosal, Caracas 1060
Venezuela
Correo-e.: [email protected]
Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Acción Urgente
Detención de críticos al gobierno venezolano
Información adicional
En los últimos años, el gobierno venezolano parece haber establecido un patrón de represión de la disidencia mediante el uso de métodos legislativos y administrativos para silenciar y acosar a quienes lo critican. Se están utilizando las leyes para justificar lo que esencialmente parecen ser cargos de motivación política, lo que indicaría que el gobierno venezolano está atacando deliberadamente a quienes se le oponen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la detención de Guillermo Zuloaga pone de manifiesto la falta de independencia del poder judicial y la utilización del sistema de justicia penal para castigar las críticas, produciendo un efecto intimidatorio que se extiende a toda la sociedad. Tras la detención de la juez Maria Lourdes Afiuni, los expertos de la ONU dijeron que las represalias por ejercer sus funciones constitucionalmente garantizadas y crear un clima de temor entre el poder judicial y la profesión legal no sirve a ningún propósito más que el de minar el Estado de derecho y obstruir la justicia. En enero, después de que se suspendiera la emisión de RCTV y otros canales de televisión, el Parlamento Europeo manifestó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debe demostrar que es independiente de las autoridades políticas y económicas y debe garantizar una pluralidad equitativa.
AU: 346/09 Índice: AMR 53/004/2010 Fecha de emisión: 01 de abril de 2010
