Las personas que conforman la comunidad trans en el mundo, representan un sector de la población trágicamente discriminado, a tal punto que se continúa maltratando, cosificando, invisibilizando de los aspectos más importantes de la sociedad, y hasta asesinando de las formas más terribles que puedan existir.
Según un trabajo realizado por la organización Transgender Europe (TGEU), Venezuela se encuentra en el tercer grupo de países donde las personas trans son asesinadas con más frecuencia.
Entre las formas de violencia contra las personas trans destacan: ráfaga de disparos desde automóviles, palizas con objetos contundentes, apuñalamientos, escarnio público, secuestros, torturas, amenazas, violación, extorsión y muerte, como consecuencia.
El último informe publicado por la organización venezolana Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCIS), sobre violencia contra la sexodiversidad, revela que las personas trans con edades comprendidas entre 20 y 35 años siguen siendo el grupo más afectado por asesinatos dentro de la comunidad LGBTI.
Explica ACCIS, que de los casos denunciados un bajísimo porcentaje ha sido resuelto por las autoridades competentes, situación que generaliza este tipo de crímenes ya que se encuentran sumidos dentro de un clima de impunidad. “La mayoría de los responsables de los asesinatos y agresiones a personas LGBTI no recibe sanciones ni castigos por las instituciones públicas competentes”, explica la organización.
En cuanto a los casos que se abren para determinar la responsabilidad del agresor de personas trans, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex en América, publicado en noviembre de 2015, advierte que estas investigaciones “con frecuencia están prejuiciadas y sesgadas desde el inicio, catalogando desde el principio a los asesinatos como si estuvieran relacionados con una actividad criminal” y no por causa de odio.
“Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada”, explica el informe internacional.
Representantes del distintas organizaciones venezolanas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI denuncian que el grado de discriminación más importante hacia las personas trans no viene de los ciudadanos, más bien, deriva con mayor fuerza de funcionarios de seguridad del Estado (policías y militares) que hacen uso de la fuerza y de su autoridad para atropellar sus derechos humanos.
Igualmente, manifiestan que las instituciones del Estado, al no brindarle protección oportuna y adecuada a esta comunidad, se convierten en un organismo discriminador y mutilante de sus derechos como seres humanos.
Según el presidente de la asociación civil Venezuela Diversa, Yonatan Matheus, la mayoría de los funcionarios del este país piensan que todas las personas trans trabajan sexualmente, son delincuentes, o sufren de alguna enfermedad peligrosa que pudiera atentar contra el resto de la población.
Por su parte, la diputada ante la Asamblea Nacional venezolana y activista por los derechos de las personas LGBTI, Tamara Adrián, expresó que existe una tendencia al aumento de la violencia policial y de la Guardia Nacional, en contra de las personas LGBTI. Más del 50% de las lesbianas y gays declaran haber sufrido violencia o maltrato policial. En el caso de las personas trans, el porcentaje aumenta a más del 80% de acuerdo a la parlamentaria.
Preocupación internacional
En América el aumento de la violencia contra las personas LGBTI ya se ha convertido en una cuestión de preocupación para organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los expertos afirman que la violencia contra las personas trans es el resultado de una negativa mezcla multifactorial, compuesta por situaciones de “exclusión, violencia en el ámbito de la familia, de la educación y de la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de género e involucramiento en ocupaciones que las ponen en un riesgo más alto de violencia”.
En el contexto venezolano, la identidad de las personas trans, en lo que se refiere a cambio de nombre y género, es uno de los principales problemas que aqueja a esta comunidad. A pesar de que Ley Orgánica de Registro Civil publicada en gaceta oficial publicada en 2010 establece en su artículo 146 que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez (…) cuando este sea infamante, la someta al escarnio público”, en esta no se menciona ninguna posibilidad de cambio de género sexual en la documentación personal.
Para Adrián, “desde 1998 hasta la actualidad, no se ha dado ningún reconocimiento de identidad legal, ni siquiera para personas que se sometieron a una operación de reasignación sexual”. Esta actitud hacer ver que Venezuela está regida por un “Estado Homofobico-Transfóbico”, que no consideran dentro de sus políticas públicas leyes que garanticen sus derechos civiles y políticos.
Estas posturas para la CIDH se fundamentan en prejuicio sociales contra las orientaciones sexuales y las identidades de género “diferentes” que buscan “enviar mensajes de terror y desapruebo” contra esta comunidad para su exterminio.
La última recomendación que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo al gobierno venezolano, el pasado mes de julio de 2015, manifiesta: “El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz”.[2]
Hoy, Día de la Cero Discriminación, es imperante que el Estado considere la adopción de un marco legal amplio e integral que bride protección contra la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la diversidad corporal; además que aplique políticas públicas reales y enfocadas al contexto social a fin de garantizar el respeto a la vida digna de las personas LGBTI, en especial a las o los trans.
