Los candidatos a la presidencia en Venezuela deben priorizar la protección y promoción de los derechos humanos en sus planes de gobierno, dijo Amnistía Internacional en una carta abierta publicada hoy.
La carta incluye una serie de recomendaciones en relación a las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.
Las elecciones presidenciales venezolanas tendrán lugar el 07 de octubre de 2012.
“Hemos visto avances de derechos humanos en Venezuela, en particular en materia de derechos económicos y sociales para los sectores más vulnerables. Sin embargo, todavía existen grandes desafíos en el país ,” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
“La reciente renuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el consecuente retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lamentable y una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes se les ha retirado la posibilidad de esta importante instancia de protección jurídica internacional.”
En particular, la organización ha instando a los candidatos y las candidatas a comprometerse a:
- Enfrentar la crisis de la seguridad ciudadana, concretando una política de control de armas, municiones, investigando las numerosas denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, y estableciendo un programa de atención a familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia.
- Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, retirando la denuncia a la Convención Americana para continuar garantizando a las víctimas de violaciones de derechos humanos la posibilidad de acceder a la instancia más alta de justicia del continente americano; extendiendo una invitación abierta a todos los Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, y ratificando instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
- Garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y asegurando el acceso a la justicia para todos y todas, sin discriminación.
- Declarar públicamente su respeto por el derecho a la libertad de expresión, asociación y de reunión, garantizando que se pueda difundir información e ideas sin el temor de represalias.
- Afirmar su compromiso en garantizar que todos los defensores y todas las defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su labor sin obstáculos.
- Garantizar los derechos humanos de la población recluida en centros de detención – incluyendo mediante la celeridad judicial, el mejoramiento de las condiciones de detención y la prevención de enfrentamientos.
- Proponer medidas concretas para implementar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, garantizando el acceso de las víctimas a la justicia.
