Tal como lo documenta nuestro informe anual, por lo menos 156 defensores/as de derechos humanos fueron asesinados o murieron estando detenidos/as durante el año 2015.
Durante el lanzamiento de «Stop de Killings – Front Line Defenders Annual Report 2016» [Basta de asesinatos, Informe Anual 2016 de Front Line Defenders], la Sra. Mary Lawlor, directora de la organización describió cómo «Defensores/as de derechos humanos (DDH) deben enfrentarse a ambientes cada vez más restrictivos y brutales en cada región del planeta. Cada vez se utiliza más frecuentemente la violencia extrema -y en mayor cantidad de países- mientras que las acusaciones fabricadas y los juicios parciales se han vuelto la norma en muchos lugares del mundo. Quienes tienen en la mira a los/as DDH han redoblado sus esfuerzos para silenciarles, tanto dentro de sus fronteras como en el ámbito internacional.»
Descargue aquí el informe completo: «Stop the Killings – Front Line Defenders Annual Report 2016»
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Front Line Defenders informa que 156 DDH fueron asesinados/as o murieron detenidos/as en 15 países durante los primeros once meses del 2015. Más de la mitad de esos asesinatos, 87 de ellos, tuvieron lugar en Latinoamérica, de los que 54 ocurrieron en Colombia. Fuera de América, una de las cifras más tremendas fue un total de 31 asesinatos dirigidos específicamente hacia los/as DDH en Filipinas.
Esta situación da cuenta de un incremento general sobre las cifras del año anterior, tanto en el número de asesinatos como en el cantidad de países donde ocurrieron. Se denunciaron asesinatos en Afganistán, Azerbaiyán, Bangladés, Birmania/Myanmar, Brasil, Colombia, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Libia, México, Nicaragua, Pakistán, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Tailandia, Turquía y Yemen.
En líneas generales, el 45% de los asesinatos se relacionan con la defensa de losderechos ambientales, de la tierra y de los pueblos indígenas. Entre los otros grupos tomados como blanco se hallan los/as DDH que combaten la corrupción y la impunidad y los periodistas y otros/as DDH que utilizan los medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación en línea y las redes sociales, para denunciar abusos. También preocupa cómo se hace blanco a las mujeres defensoras, quienes están expuestas no solamente a los riesgos que implica su tarea sino también a la violencia de género, el hostigamiento y la estigmatización.
La detención arbitraria y el hostigamiento judicial fueron, por mucho, las tácticas más comúnmente utilizadas por los estados africanos contra los/as DDH. Front Line Defenders ha documentado estos casos en Angola, Burundi, Camerún, El Chad, Etiopía, Mauritania, Níger, República Democrática de Congo, Ruanda, Somalilandia, Uganda y Zimbabue. Durante el 2015 también disminuyó el espacio para los DDH en Angola, Burundi, Ruanda y Uganda, consecuencia de las nuevas leyes y de la mayor interferencia gubernamental en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos independientes o las nuevas normas.
Defender los derechos humanos en Latinoamérica siguió siendo una tarea muy peligrosa: persistió la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de los movimientos pacíficos de protesta. La cuestión más preocupante sigue siendo la violencia extrema. Los/as defensores/as del ambiente, de los pueblos indígenas y de la tierra son quienes corren los mayores riesgos: fueron víctimas del 41% de los asesinatos de la región. Casi todos los casos tuvieron relación con los denominados «mega proyectos», especialmente aquellos conducidos por compañías mineras. Los/as DDH que trabajan sobre temas de orientación sexual e identidad de género también fueron particularmente tomados como blanco. Los/as DDH de los derechos de personas LGBTI conformaron el 15% de los asesinatos denunciados en la región, ubicándose así como el segundo grupo más agredido.
Muchos/as DDH de gran parte de los países de Asia continuaron trabajando en un ambiente hostil, y estuvieron en la mira a través de vigilancia, intimidación, amenazas y hostigamiento, detención arbitraria y actos de tortura. El hostigamiento judicial se intensificó en Birmania/Myanmar, Malasia y Tailandia, y fue denunciado en Camboya, China, India, Filipinas, Singapur y Vietnam. En India, la defensora Teesta Setalvad y el defensor Javed Anand fueron procesados por acusaciones fabricadas de estafa y malversación de fondos y «propaganda contra la nación». Los ataques físicos de parte de la policía, agentes vestidos de civil o matones no identificados también aumentaron, y tuvieron lugar en Afganistán, Bangladés, China, India, Maldivas, Nepal y Vietnam. En este último país, de acuerdo con los monitores locales, por lo menos 60 activistas y blogueros/as, entre ellos seis mujeres, fueron atacados/as violentamente en los primeros once meses del 2015.
En Europa Oriental y Asia Central, las ONG fueron excluidas de la vida pública, privadas de visibilidad debido al incremento del control sobre los principales medios de comunicación, y descriptas como agentes foráneos o como motivadas conseguir beneficios económicos. Las legislaciones restrictivas se vieron asociadas con campañas de difamación en Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.
En mayo de 2015, tres años después de su infame «Ley de Agentes Foráneos», la Federación de Rusia promulgó una ley sobre «organizaciones no deseadas». De acuerdo con esta legislación de formulaciones muy vagas, el Procurador General puede declarar no deseadas a organizaciones foráneas si considera que podrían representar una amenaza al orden constitucional, defensa o seguridad rusos, lo que ofrece un amplio margen para su aplicación arbitraria. De manera particular, la ley convierte cualquier acto de cooperación de un ciudadano/a ruso/a con aquellas «organizaciones no deseadas» en un delito penado con hasta seis años de cárcel. Cuatro agrupaciones internacionales fueron incluidas en el listado a fin de año, entre ellas la Open Society Foundation. Consecuencia de esta legislación, otras organizaciones donantes han puesto fin a sus programas en Rusia, restando así a los grupos de la sociedad civil de un respaldo fundamental.
El uso de legislación de seguridad del estado y contraterrorismo contra los/as DDHcontinuó siendo una táctica de represión común a todas las regiones. Desde el 9/11, la excusa de «la lucha contra el terrorismo» ha sido reconocida como uno de los principales factores del cierre del espacio de la sociedad civil en todo el mundo. Con el incremento de la preocupación por la seguridad después de los ataques terroristas en Ankara, Beirut, Bamako, París y Túnez y otros lugares en el 2015, existe un riesgo cierto de que los/as DDH resulten más afectados/as, tanto en relación con su situación en sus propios países como respecto al respaldo que reciben desde el exterior. Esto constituye una preocupación especial, por ejemplo, en el caso de las visas de reubicación temporaria en situaciones de peligro extremo. «Es de vital importancia que el trabajo legítimo en materia policial y de seguridad dirigido hacia quienes utilizan el terrorismo y los ataques en masa contra civiles no mine la protección disponible para los/as DDH y que ellos/as necesitan», afirmó la Sra. Lawlor.
Asimismo, la Sra. Lawlor destacó cómo «en todo el mundo, el ambiente en que se hallan los/as DDH es cada vez más restrictivo y punitivo y cómo la ofensiva contra ellos ha alcanzado niveles más altos. Sin embargo, la reacción internacional ante el deterioro de sus circunstancias sigue siendo débil. El gobierno de Irlanda, otros estados miembro de la UE y aquellos países que creen en la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos deben adoptar una política automática de condena pública del asesinato de DDH.»
«Pese a los continuados reveses contra defensores y defensoras de derechos humanos, en los que estos/as han recibido sentencias de entre 6 y 8 años de cárcel por presuntos delitos económicos tras juicios parciales, da la impresión de que para el Consejo de Europa nada ha sucedido, ya que respondió de modo demasiado comedido ante esta represión dirigida», agregó.
Al concluir, la Sra. Lawlor dijo: «La UE se contenta con presentar la situación tiene lugar en Burundi o Belarús, pero cuando se trata de Etiopía, China, México o Azerbaiyán otra es la historia. Irlanda y la UE deben manifestarse con firmeza por los defensores y defensoras de derechos humanos en los países en los que tienen intereses políticos, económicos y estratégicos tal como lo hacen cuando se trata de los sospechosos habituales».
Si desea más información o entrevistar a la Sra. Mary Lawlor, comuníquese con:
Jim Loughran, Jefe de Comunicaciones y Medios, Front Line Defenders
Correo electrónico: [email protected]
Tel : +353 1 2123750 Móvil: +353 (0)87 231 60 49
