La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fortalecer la independencia judicial en sus respectivos ámbitos internos a través de procesos de designación ajustados a los estándares internacionales.
La CIDH ha dado seguimiento cercano a la situación de la región y, en particular, en varios países como Argentina, Guatemala, y Honduras donde fueron electos, o están en procesos de designación, juezas y jueces de las más altas cortes. Información recibida por la CIDH advierte de riesgos en los procesos de selección que podrían afectar la independencia de quienes fueron electos o podrían llegar a ser electos, tales como: nombramientos directos por parte del poder ejecutivo sin contar con la participación de otro órgano del Estado o recibir observaciones de actores de la sociedad civil u otras partes interesadas respecto a las candidaturas; la falta de publicidad de las convocatorias y procedimientos por parte de los órganos encargados de designar magistradas y magistrados; y la falta de acceso del público a información acerca de las y los candidatos a fin de permitir la efectiva participación de la sociedad, en cumplimiento del principio de participación de la sociedad civil.
Ante los riesgos señalados, la CIDH considera esencial que los Estados revisen sus procedimientos de selección para asegurar que sean claros y que respeten los principios de transparencia y publicidad; que garanticen una participación de actores y grupos diversos de la sociedad, especialmente asegurando la igual participación de las mujeres; que tengan una revisión objetiva de las y los candidatos con base a sus méritos profesionales, aplicándose criterios previamente establecidos, a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección; que establezcan salvaguardas para que los procesos de selección no sean realizados con base en intereses particulares y/o partidarios que pudieran socavar la independencia judicial; y que provean los recursos humanos y financieros suficientes a las entidades nominadoras para que puedan desempeñar sus funciones de una manera adecuada. En adición, la CIDH enfatiza que los procesos de selección deben estar abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento, y facilita la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos.
Estos elementos, detallados en el informe de la CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia(2013), deben tenerse en cuenta para avalar la independencia del poder judicial, lo que a su vez permite a las y los operadores de justicia cumplir con su rol fundamental en el acceso a la justicia y la garantía del debido proceso para víctimas de violaciones de derechos humanos. Asimismo, recuerda la CIDH que las afectaciones a la independencia judicial podrían resultar en consecuencias negativas para la vigencia del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
