La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy un informe regional sobre la violencia perpetrada contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) o percibidas como tales, o personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas, o cuyos cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado de los cuerpos masculinos y femeninos. En varios países de la región se han registrado avances significativos en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, pero continúan registrándose altos índices de violencia en todos los países de la región. Esta violencia, tal como lo demuestran los múltiples testimonios que recoge el informe, tiene altos niveles de ensañamiento y crueldad. Asimismo, hay una invisibilidad de la violencia cotidiana que afecta a estas personas que no se denuncia ni se reporta en los medios.
El informe se enfoca en la violencia contra las personas LGBTI como un fenómeno social, complejo y multifacético, y no sólo como un hecho aislado o acto individual. Por ejemplo, la violencia contra las personas intersex está basada en prejuicio hacia la diversidad corporal y, específicamente, contra las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino. La violencia que sufren las personas intersex difiere de la que por lo general sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT). Muchos de los actos de violencia contra las personas LGBT, comúnmente conocidos como crímenes de odio, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio motivada por las sexualidades e identidades no normativas. Las orientaciones e identidades sexuales diversas desafían las nociones fundamentales sobre el sexo, sexualidad y género heteronormativas. En este sentido, la violencia y la violencia sexual contra las personas LGBT son utilizadas para sancionar y denigrar a las personas que se ubican fuera de estos conceptos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, esta violencia tiene un impacto simbólico, ya que envía un mensaje de terror a toda la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.
El informe aborda las variadas formas de violencia contra cada uno de estos grupos poblacionales. Según el Registro de Violencia contra personas LGBT que la CIDH llevó adelante por un período de 15 meses entre 2013 y 2014, los hombres gay y las mujeres trans constituyeron la mayoría de las víctimas de asesinatos y de actos de abuso policial. Las mujeres lesbianas y bisexuales son afectadas particularmente por violencia intrafamiliar y violencia sexual. Por su parte, las mujeres trans son el grupo más afectado por la violencia policial, sobretodo en el contexto del trabajo sexual. En su gran mayoría se encuentran insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que suele comenzar desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades, que se refuerza por la falta de reconocimiento legal de su identidad de género en la mayoría de los países de la región.
Mientras tanto, la violencia que enfrentan personas intersex es muy diferente. Niñas y niños intersex son frecuentemente sometidos a operaciones e intervenciones quirúrgicas que, en su mayoría, no son médicamente necesarias, con el único objetivo de modificar sus genitales para que se parezcan más a los de un niño o una niña. Estas cirugías, de naturaleza irreversible, se suelen realizar sin su consentimiento, a bebés recién nacidos o niños y niñas de muy corta edad, y pueden causar un enorme daño a las personas intersex, tales como dolor crónico, falta de sensibilidad genital, esterilización, capacidad reducida o nula para sentir placer sexual, y trauma.
El informe analiza también la situación de violencia que enfrentan las personas dada la intersección con otros factores, tales como etnia, raza, sexo, género, situación migratoria, condición de defensor o defensora de derechos humanos, y pobreza. Estos grupos pueden sufrir un ciclo continuo de violencia y discriminación causado por la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Por ejemplo, existe un fuerte vínculo entre pobreza, exclusión y violencia. Las personas LGBT que viven en pobreza son más vulnerables al perfilamiento y acoso policial, y en consecuencia a tasas más altas de criminalización y encarcelamiento. Asimismo, las personas LGBT jóvenes tienen, en general, un acceso limitado a la vivienda, lo que aumenta su riesgo de ser víctimas de violencia.
La gran mayoría de asesinatos y actos de violencia contra personas LGBTI quedan impunes. Existen varios obstáculos para el acceso a la justicia para personas LGBTI y sus familiares, que incluye miedo a denunciar, subregistro del problema, abordaje inadecuado por parte de agentes estatales, falencias en las investigaciones, entre otros. La inefectividad por parte de los Estados de aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación con los prejuicios y estereotipos que los agentes del Estado tienen sobre las víctimas. Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia.
Existe un vínculo inherente entre discriminación y violencia contra las personas LGBTI en América. En ese contexto, también existe un vínculo entre legislaciones discriminatorias y violencia. Ejemplo de esto son las leyes que criminalizan las relaciones sexuales y/o otras expresiones de intimidad consensuales entre personas del mismo sexo, así como las expresiones de género no normativas. Leyes de sodomía, indecencia seria e indecencia grave, protección de la “moral pública” y “las buenas costumbres”, entre otras, continúan siendo un problema grave en la mayoría de los países anglófonos del Caribe. Aunque estas leyes suelen no aplicarse, su existencia es utilizada para acosar, perseguir, hostigar y amenazar a personas con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género diversas, reales o percibidas. Este tipo de legislaciones contribuyen a crear un contexto que condona la discriminación, la estigmatización y la violencia contra personas LGBT, reforzando los prejuicios sociales existentes.
El informe aborda también la relación entre el derecho a igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Específicamente, la Convención Americana prohíbe la “apología del odio” que constituya una “incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”. En el informe, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirman que la apología del odio que incite a la violencia ilegal contra un grupo por motivo de su orientación sexual, identidad o expresión de género, y diversidad corporal, está incluida en las expresiones prohibidas por la Convención Americana.
La CIDH insta en el informe a los Estados Miembros de la OEA a investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con debida diligencia. Considerando el alto número de actos de violencia y el ensañamiento y crueldad con que son perpetrados, se recomienda que siempre que se abra una investigación, se incluya la hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio. Asimismo, los Estados deben recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBTI y sobre el acceso a la justicia, que permita identificar los motivos de las alarmantes tasas de impunidad. También se recomienda a los Estados adoptar medidas amplias a fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos sociales y culturales contra las personas LGBTI. Los Estados deben adoptar medidas preventivas y educativas para responder y combatir el discurso de odio contra las personas LGBTI y derogar las leyes que criminalizan las relaciones sexuales y otras expresiones de intimidad consensuales entre personas del mismo sexo en privado y las expresiones de género no normativas. El informe contiene más de 100 recomendaciones a los Estados para abordar y resolver este grave problema.
